Familiares de lideresa indígena Berta Cáceres, las organizaciones Oxfam, Land Rights Now y la campaña Defensoras de la Madre Tierra presentaron una solicitud al Ministerio Público para que investigue una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
La solicitud fue acompañada de un estudio denominado “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores, en la Búsqueda de los Autores Intelectuales”.
La Familia de Cáceres también solicitó al Ministerio Público la clausura definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que impulsa la empresa extractivista Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde el año 2009.
“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, dijo doña Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, al presentar la denuncia e informe ante la Fiscalía.
Doña Austra recordó que “Berta denunció que el proyecto Agua Zarca se construía sobre una base de ilegalidades, y que su ejecución traía repercusiones negativas en la sociedad lenca y el medioambiente. Este documento coloca sobre la mesa hechos y circunstancias que rodean el asesinato de Berta”.
El estudio y la denuncia remarcan que a ocho meses de su constitución, la empresa DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
El contrato entre la SERNA y DESA, cuya resolución administrativa es la No. 1661-20091 emitida el 14 de diciembre de 2009, fue suscrito el 22 de enero de 2010, bajo la administración de facto de Roberto Micheletti.
De acuerdo al estudio, la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del Río Gualcarque, “así como una ampliación de 20 años sobre el contrato de operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional”. En ese año fungía como titular de la SERNA Rigoberto Cuellar, actual fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Oxfam y las organizaciones que integran la campaña Defensoras de la Madre Tierra revelan que la licencia ambiental de la empresa DESA fue otorgada en fecha posterior a la suscripción de los Contratos de Operación (SERNA-DESA), de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica (ENEE-DESA).
“También se otorgó en fecha posterior a la aprobación por el Congreso Nacional y a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, del Contrato de Suministro de Potencia y Energía y del Acuerdo de Apoyo”, indica el estudio.
La licencia ambiental se le otorgó mediando la Resolución Administrativa No. 0919-2011 de fecha 24 de marzo de 2011, un año después de firmados los contratos.
Piden a la MACCIH abrir proceso de investigación
Olivia Zúniga Cáceres y su abuela Austra Bertha, basándose en los actos irregulares denunciados en el estudio, presentaron una petición ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para que investigue la supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.
“Nos reunimos con Juan Jiménez –vocero de la MACCIH-, y se mostraron anuentes dispuestos a seguir los próximos pasos de investigación para la denuncia que hemos presentado”, dijo Zúniga.
Zúniga apunta que la denuncia y el estudio incluye los nombres de funcionarios de la empresa DESA, quienes podrían ser parte de la red de corrupción en la entrega de concesiones.
Consejo de Administración de DESA (2010)
Presidente: Jorge Fabián Corea Lobo
Secretario: Roberto Pacheco Reyes
Representante Legal: Carolina Castillo Argueta
Desarrollador/Gerente: Roberto David Castillo Mejía
Financiamiento Estructurador: Fernando Alvarado
Ingeniero Electricista: Francisco Rivas
Por su parte, Gustavo Irías, director del Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), indica que el estudio “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres”, podría dar paso a nuevas hipótesis que lleguen hasta los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH.
“Creo que el Ministerio Público, como ha expresado doña Austra Berta, puede encontrar puntos de partida o complementarios en su proceso de investigación que podrían permitirle llegar a los autores intelectuales. Y el punto de fondo es que detrás de todo este concesionamiento de los recursos naturales se puede establecer como hipótesis que han existido redes de corrupción y tráfico de influencias”, puntualiza Irías.
Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), es del criterio que a un año del asesinato de Berta Cáceres el Ministerio Público ha dejado al descubierto su complicidad e inoperancia.
“Yo no he visto una Fiscalía diligente en relación a las violaciones a los derechos humanos, hay un 98 por ciento de impunidad, yo no he visto diligencia en relación a los casos más escandalosos de corrupción”, señala.
Méndez asegura que de no demostrar lo contrario el fiscal adjunto, Rigoberto Cuellar, podría estar involucrado en la supuesta red de corrupción de entrega de concesiones para proyectos hidroeléctricos.
“El fiscal adjunto se ha caracterizado por su arrogancia, su prepotencia, y luego el hecho de su corresponsabilidad en este tipo de acciones lógicamente tiene que ver con la confabulación y protecciones mutuas, indica Méndez.
Berta Cáceres, durante su labor en defensa de los bienes naturales y comunes y el respeto a los territorios ancestrales, denunció ante el Ministerio Público el otorgamiento y la aprobación ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos en los territorios lencas.
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