Mario Dehesa, representante del FMI en Honduras (El Heraldo); a la derecha el Clan Cachiro
Por Javier Suazo
“Sí, recuerdo. Las ofrendas, aquellas las recuerdo: todas sucias.
Todas robadas a los pobres. No te conozco”
Los programas de ajuste económico del FMI se consideran la única solución a los problemas de desequilibrio fiscal, monetario y en las cuentas externas de los países, causados por un mal manejo de los instrumentos de política económica, burocracia, incapacidad y politización de las instituciones y funcionarios públicos. Muy poco se habla de los problemas de corrupción, sustracción y uso de los recursos públicos y externos que explican los desequilibrios. Es más, a los personeros del FMI, no le interesa en que se gastaron los fondos y quien (es) se benefició de los contratos.
Honduras tiene vigente un programa de estabilización con el FMI desde 2013, que espera continuar por los buenos resultados obtenidos por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en la reducción del déficit fiscal, inflación y aumento de los ingresos tributarios, pero negativos en endeudamiento externo, brecha comercial y devaluación cambiaria. Incluso el gobierno atribuye como logró tasas de crecimiento del PIB menores de 3.5%, muy por debajo de la observada antes del golpe de Estado (junio de 2009).
La política de ajuste económico recetada por el FMI, incluye recortes masivos en el gasto público, aumento de impuestos, privatización de empresas públicas, ajuste en las tarifas de los servicios públicos, devaluación monetaria y compensación social. Sin embargo, estas políticas, hemos insistido, afectan el monto de los recursos de inversión productiva y los niveles de empleo de buena calidad.
En complemento el gobierno le apuesta a una política de apertura comercial indiscriminada, zonas (enclaves) de empleo y desarrollo, minería extractiva, desarrollo de la logística interna, turismo y maquila. Se busca erróneamente atraer inversión extranjera con base a un espejismo, ya que los problemas económicos, sociales y políticos son de tal magnitud que condicionan el grado de estabilidad requerido por el país para volverse atractivo a la inversión externa.
Un cuento que circula en las islas de la bahía, territorio hondureño, es que un inversionista extranjero dispuesto a invertir en el turismo, se regresó a su país de origen ya que en un hotel consumió agua de mala calidad y le apareció sarpullido en la piel. Los funcionarios del gobierno piensan que los problemas sociales (falta de agua potable tratada y saneamiento básico) no tienen nada que ver con la inversión ni con el desarrollo de la competitividad de sectores como el turismo y la energía.
Los datos de la CEPAL (2016) muestran que Honduras es uno de los países con más baja inversión pública real por habitante, pero también el tercer país con mayor relación deuda/PIB, solo superado por Brasil y la Argentina, los dos países de la contraofensiva neoliberal. El promedio latinoamericano deuda externa/PIB es de 37.6%, y Honduras alcanza el 46.6%/PIB, Argentina el 57.9% y Brasil el 70.5%. Esta baja inversión afecta la producción, empleo y los ingresos monetarios de las familias, pero sobre todo mantiene en ociosidad gran cantidad de tierra agrícola que puede utilizarse en la producción de alimentos y cultivos de exportación. Igual en la construcción y reconstrucción de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, muy deteriorados en el país en ausencia de un plan de inversiones multisectorial que cubra salud, agua, ambiente, foresta y educación.
A ello se suma un problema mayor. El uso de grandes cantidades de recursos públicos por empresas propiedad de narcotraficantes, calificadas por el Estado para construir carreteras, puentes, viviendas y demás infraestructura social; el llamado efecto Cachiro. Cifras preliminares hablan de programas y proyectos adjudicados por más de 700 millones de lempiras, sin que se conozcan las obras realizadas ni a los verdaderos culpables (funcionarios y políticos) de tanto latrocinio.
El gobierno de la República rompe con la disciplina fiscal acordada con el FMI después del golpe de Estado, ya que compromete recursos públicos y se endeuda para desarrollar proyectos de inversión con empresas fantasmas administradas por narcotraficantes y delincuentes confesos. Ello aumenta de nuevo el déficit fiscal y orilla al nuevo gobierno a negociar otro trancazo económico más duro, que tiene que sufrir y pagar el pueblo, ya que los ingresos tributarios son insuficientes por lo que necesita de más deuda. Las empresas públicas como la ENEE aumentan el déficit financiero ya que parte de la plata contratada fue a parar a manos de políticos y funcionarios corruptos, como una compensación otorgada por los narcotraficantes, por lo que el FMI recomienda privatizar la ENEE y ajustar las tarifas aun cuando no haya sido saneada del mal manejo que se refleja en un aumento de las pérdidas técnicas y no técnicas.
Este efecto posibilitó un aumento de la brecha fiscal y endeudamiento externo, pero también que el país supeditará su accionar en materia de política económica a los dictados del FMI, que recomienda más impuestos, más privatización, más devaluación, sin que se castigue a los culpables ni se recupere el dinero mal habido. Después o incluso antes del golpe de Estado, mucho del endeudamiento de la economía hondureña es ilegítimo, principalmente porque no se concretó y fue a parar a bolsillos de funcionarios y políticos corruptos en asociación con narcotraficantes y delincuentes. Se necesita una auditoria externa de la deuda hondureña, para poder cerrar este capítulo de vergüenza nacional e internacional.
Hay indicios que al efecto Cachiro hecho público, se sumará el efecto Valle, el efecto don H, más el efecto IHSS, entre los más importantes, lo que representa una gran cantidad de dinero que debe ser recuperado conjuntamente con el apresamiento y extradición de los culpables que aún siguen en el país disfrutando lo mal habido. Pero más que eso, el FMI debería exigir más transparencia en el uso de los recursos que los bancos externos y países a los que representan, colocan en el país para que sean utilizados en aumentar la inversión pública y generar producción y empleos de buena calidad. Puede trabajar de cerca con las instituciones de gobierno responsables del control y uso de los recursos, pidiendo información puntual que incluso a la Embajada Americana y la DEA, que, al parecer, tienen más información que las organizaciones fiscalizadoras del Estado.
Es necesario que introduzca una condicionalidad a sus tradicionales políticas de ajuste para el uso de los recursos, referida a la penalización de los gobiernos que muestren falta de transparencia y corrupción en su manejo, más aun cuando se comprueba que existe asociación con el crimen organizado. Esto es urgente en el caso de Honduras, donde las autoridades del gobierno esperan que el organismo apruebe la suscripción de un nuevo acuerdo por un periodo de 18 meses, sin consulta a los líderes de los partidos políticos que participaran en las elecciones de noviembre, y sin evidencia clara que los corruptos serán juzgados y castigados.
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