Finalizó la visita de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas, dejando las sugerencias de siempre al gobierno hondureño sobre la situación de los pueblos originarios en el país. Orientaciones que el Estado sigue sin cumplir.
En su segunda visita Tauli-Corpuz dijo que es necesario construir confianza entre el gobierno y los pueblos para impulsar políticas de respeto a los derechos humanos y de confianza de las víctimas en la institucionalidad.
“Es necesario que el gobierno solucione los problemas que los pueblos indígenas enfrentan en sus comunidades, como la protección de los territorios, los recursos, que se aborde la impunidad y los derechos culturales”, sugirió la Relatora durante su visita.
Desplazamientos, atentados a la naturaleza y criminalización de defensores y defensoras del ambiente son la realidad cotidiana de las comunidades. Los últimos dos gobiernos, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y en la actualidad Juan Orlando Hernández, han tomado decisiones al margen del cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, otorgando 837 concesiones mineras, esto equivale el 35 por ciento del territorio nacional, según investigaciones realizadas por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Para la funcionaria la desconfianza entre pueblos originarios y gobierno se debe a los sucesos registrados donde los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos se han diluido en la impunidad sin una respuesta concreta del Estado.
Ante la crisis originada por esta realidad ya fueron presentados tres borradores de anteproyecto de “Consulta Previa” al Legislativo; una propuesta por parte del Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques en los países en Desarrollo, (REDD), el que planteó la necesidad para poder cumplir con los preceptos estipulados de las salvaguardas de sus proyectos; el PNUD asumió la promoción de la creación de la Ley, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), quien socializó el borrador en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en febrero de 2015.
El otro documento lo proporcionó la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, (DINAFROH), mientras que el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras, elaboró su propia versión utilizando la metodología de recolectar insumos realizando talleres comunitarios.
A cierres del 2016, Ofraneh se llevó la sorpresa que en la mesa de discusión del Congreso Nacional apareció una versión elaborada a puertas cerradas en donde claramente garantiza los intereses del Estado, las transnacionales y el sector empresarial nacional.
Recordando que los conflictos en los territorios son creados principalmente por estos tres actores, generando persecución, agresiones, amenazas y homicidios de personas defensoras de la tierra, los ríos y los bienes naturales.
En su segunda visita a Honduras, Corpuz hizo referencia a la construcción de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada: “hay que construir normativas independientes que ayuden a combatir la impunidad, la democratización de las decisiones y la coordinación entre las partes involucradas, la propuesta debe ser construida entre todas las partes involucradas”.
La representante internacional sostuvo reuniones con distintos sectores para conocer sus criterios sobre la propuesta de Ley, y uno de ellos fue el pueblo Pech, quienes expresaron sus quejas de la realidad que viven en sus comunidades. Maura Eligia Duarte vocera del pueblo Pech dijo que en sus territorios el gobierno es el gran ausente, asimismo que las políticas que se originan desde el Estado están diseñadas para beneficiar a los inversionistas, quienes se aprovechan de ese respaldo para apoderarse de los territorios a costa de sangre y violencia.
En ese sentido, la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda espera que el informe que haga la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, recoja las principales demandas planteadas en las reuniones y que si se aprueba una ley de Consulta Previa debe hacerse un seguimiento muy cercano porque en el país se respira falta de voluntad política para respetar los derechos de los pueblos.
Luego de la visita de Corpuz, el gobierno sigue con los retos de respetar los derechos humanos, investigar los crímenes contra defensores de la tierra y construir una Ley independiente de Consulta Previa, Libre e Informada que respete la voluntad de las comunidades.
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