Por Javier Suazo
Foto: dlocalunah
Honduras le apostó a la descentralización del Estado, como un componente fundamental del ajuste económico y cambio estructural. En los 90s, con la vigencia del modelo neoliberal, la descentralización se concibió como un instrumento para acelerar el proceso de privatización de las instituciones, empresas, bienes y servicios públicos, no como estrategia para fortalecer los gobiernos subnacionales y los procesos de democracia representativa y participación ciudadana.
Se privatizaron silos rurales, centros experimentales, laboratorios de suelo, asistencia técnica, capacitación, sistemas de información, servicios financieros, y competencias públicas de instituciones de gobierno como la transferencia de tecnología y equipo de construcción y mantenimiento de carreteras. A ello se sumó, en los gobiernos liberales, los servicios de telecomunicaciones y energía, puertos, carreteras, aeropuertos, recursos mineros y las causales de afectación de tierra agrícola ociosa para los campesinos que aun quedaba en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de 1992.
En el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2005), curiosamente, se da un impulso a la descentralización mediante la vigencia de un Programa Nacional de Desarrollo Local (PRODDEL). Se buscaba, entre otras cosas, fortalecer la institucionalidad publica a favor de la descentralización desde el gobierno central, caso del Ministerio de Gobernación y Justicia, Comisión Ejecutiva de Descentralización (CEDE) y la Unidad Técnica de Descentralización (UTD), como instancias responsables de diseñar y aprobar las políticas, planes y programas a favor de la descentralización, seguimiento y evaluación de las acciones y la transparencia en la asignación de los recursos públicos por medio de las transferencias municipales; también operativizar un Pacto para la Descentralización y el Desarrollo Local (2005) avalado por los partidos políticos, avanzar en forma planificada en el fortalecimiento de los gobiernos locales, principalmente de aquellos de menor desarrollo (C y D), la ejecución de proyectos de desarrollo económico local, participación ciudadana y ordenamiento territorial.
El Huracán Mitch (1998) terminó por enterrar los esfuerzos por descentralizar las competencias, recursos y poder a los gobiernos locales. La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) como instrumento de desarrollo del país a largo plazo (2000-2015), tuvo un fuerte sesgo centralista con las instancias creadas: Consejo Consultivo de la ERP (CCERP), fondo de ERP y los criterios burocráticos para asignar recursos financieros a los ejes prioritarios. Ello, aun cuando, desde lo regional y local, se desarrollaron iniciativas participativas para conformar Estrategias de Reducción de la Pobreza respetándose las prioridades establecidas para asignar recursos a proyectos e iniciativas de actores locales y población; una de ellas, el caso del Espacio Regional de Occidente (EROC) sigue vigente, que se integra a las acciones conjuntas ejecutadas por cerca de veinte (20) ONGs agrupadas en la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Occidente (ASONOG).
Este centralismo de la ERP, se explica por el escaso involucramiento de actores locales en su diseño, aunque el gobierno de la Republica hizo ciertas consultas que no se reflejaron en el documento aprobado por el Banco Mundial y el FMI, en el marco de la Iniciática de Países Pobres Severamente Endeudados (HIPC), de la cual Honduras fue beneficiada con la condonación de la deuda externa, asumiendo como política de Estado la ERP. El centralismo fue tal, que la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y Ministerio de la Presidencia eran los que decidían al final que partidas, rubros y sectores apoyar, independientemente de las demandas de los gobiernos y actores locales.
Con la llegada al poder de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009) se aprobó una Agenda para la Descentralización del Estado, liderada por la Secretaría de Gobernación y Justicia. Una de las principales acciones fue reactivar la CEDE y UTD, que posibilitó generar varias iniciativas orientadas a formular y aprobar una política nacional de descentralización, integrar con apoyo de otras instituciones un paquete de competencias para trasladar y generan mayor apoyo a favor del proceso. En este marco, incluso, se elaboró una propuesta de Plan de País de Largo Plazo, donde la descentralización era una de los ejes principales, ya que su construcción se hizo con el concurso directo de organizaciones de sociedad civil, asociaciones de productores, microempresas, grupos ambientales, organizaciones de mujeres, obreros, etc.
Aunque el golpe de Estado (junio de 2009) tiró al cesto de la basura todo este esfuerzo que, en el caso de la Agenda de Descentralización, contó también con apoyo de agencias y países cooperantes, fue visible un nuevo centralismo en la figura del presidente de la República, sus Asambleas del Poder Ciudadano ( visión político-partidista de la descentralización) y los cambios en las reglas del juego establecidos con dicha cooperación en cuanto a tipificación de gastos ERP, donde el pago del salario de los policías se tipificó como tal.
Durante y después del golpe de Estado, el centralismo se fortalece, con lo cual se debilita aún más el proceso descentralizador y desaparee el interés y voluntad política por ejecutar una nueva Agenda de Descentralización del Estado hondureño. El gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), empezó creando nuevos ministerios (Derechos Humanos, Etnias, Planificación) y fortaleciendo las instituciones del gobierno central (ejemplo: INA, SAG, Defensa, Seplan), lo cual afectó las iniciativas locales. Un caso especial es la Secretaria de Planificación ( SEPLAN), que además de las instancias de decisión central como el Consejo Nacional de Planificación y Comisión de Competitividad, creo instancias regionales como los Comisionados Regionales y las Oficinas de Planificación Regional, que fueron mal vistas por directivos de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y ciertos alcaldes, al considerarlas una invasión de competencias y sustitución de las acciones que venían ejecutados las Alcaldías y Mancomunidades de Honduras, caso particular de la formulación de planes de desarrollo municipal con ordenamiento territorial relegados a un segundo plano con los planes y estrategias de desarrollo regional.
En realidad, la preocupación de los directivos de la AMHON era el interés de ciertos funcionarios públicos por convertir a las regiones, es un nuevo gobierno sub/nacional capaz de servir de interlocutor y articulador entre el gobierno central y las alcaldías, aun cuando los comisionados regionales no fueran electos por el voto directo del pueblo.
Curiosamente, en este gobierno, se aumentó el monto de las transferencias a los gobiernos locales, con un aumento escalonado de 7% de los ingresos públicos en 2010 a 10% en 2013, aunque la evidencia demostró que esto no se cumplió en la mayoría de las alcaldías, y utilizó con fines políticos ya que los gobiernos locales (C, D), que son los que presentan menor desarrollo, no estaban capacitados para administrar los recursos en forma eficiente.
Desde el Congreso de la República, se gestó un proceso de politización de la descentralización, ya que los alcaldes tenían que abocarse a los diputados y caciques de los partidos políticos para poder acceder a los recursos. Se cuestionó el uso de grandes sumas de dinero de un Fondo creado por el Congreso Nacional para apoyar a los departamentos y municipios con obras, siendo el interlocutor los diputados y alcaldes afines al partido en el poder.
En la actualidad, la descentralización no es un tema prioritario en la agenda del gobierno de la República. El gobierno es altamente autoritario y centralista, lo cual debilita dicho proceso en el marco del modelo de corte neoliberal ejecutado. La orden del día es ejecutar proyectos bajo la modalidad de APP, sin la partición directa de los gobiernos locales, así como desarrollar una Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en el Sur del país, y también ejecutar el Plan 20/20 con apoyo de los maquiladores y el FMI.
Existen denuncias de gobiernos y actores locales que parte de las trasferencias anuales que se deben asignar a dichos gobiernos para cubrí gastos de inversión social y productiva, son usadas por el gobierno central en financiar los programas y proyectos del presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, caso de Vida Mejor y chamba comunitaria. Las denuncias incluyen la no asignación del 5% de las transferencias municipales a la ejecución de proyectos liderados por mujeres, aunque es ley de país.
En este marco no muy favorable, la AMHON exige que se sancione la nueva Ley de Descentralización, se ponga en práctica la política de descentralización, apruebe la nueva legislación de la carrera municipal y una reforma electoral para que las votaciones sean separadas (diputados y alcaldes),entre las demandas más importantes; pero sin voluntad política y con una agenda del Presidente de la República contrapuesta, es poco probable que ello se logre, al menos que sea con fines políticos electoreros, pero que a la larga serán leyes papel mojado, con lo es la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional y la Ley de Visión de País (2010-2032) y Plan de Nación (2010-2022).
Hay que conformar una Nueva Agenda de Descentralización en el marco de un proyecto político y plan de gobierno de cara a las elecciones de noviembre próximo. Al parecer, el candidato electo por el partido liberal, Luis Zelaya, ha planteado la descentralización como uno de los ejes de su plan de gobierno, igual sucede con Salvador Nasralla, que busca acercar el poder al pueblo y hacer más eficiente y transparente la gestión pública con “cero” corruptos. Contrario al Mel Zelaya, su esposa, Xiomara Castro, la candidata de LIBRE, es más anuente a liderar un proceso de transferencia de competencias, recursos y poder, no solo a los gobiernos locales sino también a organizaciones sociales y comunitarias, caso de los pueblos indígenas de Honduras que claman por un (a) Salvador (a) de tanto despojo, contaminación, pobreza, miseria, represión e impunidad.
Un actor ausente ha sido la Academia, pero parece ser que a través de la Facultad de Ciencias Sociales con sus carreras de desarrollo local y sociología, ha empezado a tener incidencia en los actores de la descentralización, promoviendo foros, talleres, encuentros, y generando propuestas para alimentar el debate político.
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