Por Wendy Funes
• Entre 2011 y los primeros cinco meses de 2015, la Fiscalía hondureña recibió 297 denuncias por diferentes “delitos cometidos” por militares hondureños, entre ellos asesinatos, violaciones, torturas, abusos y desaparición forzada.
• Los delitos como abuso de autoridad, violencia doméstica, daños, lesiones y faltas contra las personas son los más denunciados según datos del Ministerio Público.
El 2 de septiembre de 1995 miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente William J. Clinton como parte del proceso de desclasificación de información pública para conocer la verdad sobre los abusos militares cometidos por las Fuerzas Armadas en Honduras.
«Estimado Señor Presidente: El Gobierno de Honduras está haciendo un serio esfuerzo para reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles. En julio, el gobierno acusó a 11 militares entre ellos activos y retirados por su alegada responsabilidad en el secuestro y tortura durante los años ochenta (…)», decía la carta.
El escenario de esta misiva fue la ciudad de Washington, DC, a más de 5,300 kilómetros de distancia de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Este proceso de solicitudes de información fue realizado por el entonces Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Leo Valladares Lanza, que publicó el informe preliminar en “En búsqueda de la verdad que se nos oculta”.
Cuatro años antes de que los congresistas estadounidenses enviarán esa carta a Clinton, la impunidad de las Fuerzas Armadas se puso en vilo porque varios de sus miembros fueron acusados por la violación y asesinato de la estudiante, Riccy Mabel Martínez Sevilla.
Su cadáver fue encontrado en un riachuelo el 15 de julio de 1991. El testigo principal de este crimen fue asesinado en un aparente robo.
Diez años después del caso: Riccy Mabel Martínez Sevilla
El asesinato de la joven se convirtió en un símbolo para el proceso de desmilitarización de la sociedad que avanzó con la abolición del servicio militar obligatorio, la consolidación del mando civil sobre el poder militar y la separación de las Fuerzas Armadas de las funciones policiales y de Seguridad Pública.
Pasaron 16 años desde que le enviaran esta carta a Clinton, y 10 años del asesinato de Martínez Sevilla; entonces, en julio de 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó todo lo relacionado con el Golpe de Estado en Honduras, revelaba que «las Fuerzas Armadas habían pasado por un proceso de reforma desde mediados de la década de años noventa».
«Uno de los resultados de la reforma fue la salida de las Fuerzas Armadas de la administración pública; sin embargo, en el período de Gobierno del presidente Zelaya, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía fueron beneficiadas desde el Poder Ejecutivo con disposiciones al margen de los reglamentos de la institución, con recursos presupuestarios adicionales y con la asignación de funciones en la administración pública (ENEE)».
Las Fuerzas Armadas sacaron a Zelaya del país en vez de ponerlo a la orden de un tribunal, sentenció la CVR.
Vea además:
Prohibir Fuerzas Armadas en funciones policiales
La CVR recomendó revisar en la Constitución de la república, “la función de las Fuerzas Armadas (…) así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales”.
Después del 28 de junio de 2009, los militares fueron colocados en puestos estratégicos, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Dirección Nacional de Migración y Extranjería y Secretaría de Seguridad Pública.
En el gobierno del presidente, Porfirio Lobo Sosa, entre 2010 y 2014, los militares retomaron funciones de seguridad pública, en la Operación Relámpago.
En el contexto de estas operaciones, el 27 de mayo de 2012, un comando militar acribilló al adolescente, de 15 años, Ebed Yaassiel Yanes Cáceres. Le dispararon con sus fusiles automáticos porque no hizo alto ante la señal militar.
Solamente uno de los homicidas fue condenado, los demás cometieron homicidio pero al no haber sido acusados por ese delito no se les puede condenar, falló el Tribunal de Sentencia.
Mientras tanto, la cúpula militar enjuiciada por encubrir este crimen está en la impunidad porque sus defensores han interpuesto recursos que mantienen paralizado el proceso o porque los jueces les han dado cartas de libertad.
A pesar de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y pese al crimen contra el adolescente, el 24 de agosto de 2013, el Congreso Nacional creo la Policía Militar del Orden Público adscrita a las Fuerzas Armadas para legalizar el hecho de utilizarles para funciones policiales.
Han pasado 21 años desde que esa carta mencionó la reducción de la influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles.
Sin embargo, en la actualidad aunque las denuncias de abusos y asesinatos por parte de militares suman y siguen –dicen los líderes sociales- de nuevo se pretende militarizar la seguridad pública, debilitando a la Policía Nacional.
Militares implicados en cerca 300 “delitos”
Entre 2011 y cinco meses de 2015, la Fiscalía recibió 297 denuncias por diferentes supuestos delitos de militares hondureños, de acuerdo con cifras de la Oficina de planificación estratégica y gestión de la calidad (Opegec).
En esos cuatro años y medio, informó la Opegec, los primeros dos delitos más denunciados, supuestamente cometidos por militares fueron abuso de autoridad y allanamiento de morada ajena.
La intensificación de la violencia militar se puede medir también porque en 2015, el Comité por la Libre Expresión registró 27 ataques de miembros de las Fuerzas Armadas en contra de comunicadores, portavoces en labores de defensoría, manifestantes, líderes comunitarios y campesinos.
Ejemplos específicos
En diciembre de 2015, la Plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras condenó enérgicamente el asesinato de los garífunas Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años), perpetrado por militares de la Fuerza Naval hondureña en la zona de la barra de Iriona el día 27 de diciembre.
«Los uniformados con plena impunidad, sin mediar palabra dispararon sus armas oficiales mientras los compañeros removían un vehículo atascado en la arena».
«Lo anterior es parte de una serie de asesinatos, represión e impunidad que se ejerce dentro de una estrategia estructurada y sostenida de exterminio de los pueblos indígenas y negros en Honduras que ha alcanzado solo en este mes de diciembre y no solo al Pueblo Garífuna sino nuevamente al Pueblo Lenca tras el asesinato del joven Javier Vásquez Benítez miembro de la organización MILPAH en Santa Elena, La Paz, en fecha 21 de diciembre», dice el comunicado. El COPINH cuenta con una lista de más de 10 miembros asesinados, señalaron.
Las miradas de líderes indígenas y campesinos
Un mes y siete días antes de que la mataran, la lideresa indígena, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, informó que el indígena Tomás García fue asesinado por un militar del Batallón de Ingenieros condenado por el crimen y el militar también hirió al menor Allan García.
Fausto Vásquez del COPINH mencionó que su hermano Benito Vásquez fue asesinado, en 2013, por un militar de Fuerzas Especiales, en Santa Elena, departamento de La Paz.
El coordinador del COPINH, el indígena Tomás Gómez Membreño, cuestionó que el gobierno ha puesto en la agenda de la opinión pública los asesinatos del zar antidrogas, Julián Arístides Gonzáles, Alfredo Landaverde, el fiscal Orlan Chávez, no porque al gobierno le importe hacer justicia sino “porque la política de Estado tiene que ver con revivir estos casos para militarizar el país”.
“La militarización le interesa al señor Juan Orlando Hernández, han sacado temas de cómo fue el asesinato del fiscal para militarizar, eliminar la policía con el fin de militarizar el país”.
La privatización y la concesión de los bienes de la naturaleza, con la militarización se va a incrementar más y los asesinatos, como la criminalización, dijo Gómez Membreño.
El secretario de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, Vitalino Álvarez, declaró que si bien es cierto la Policía Nacional no ha actuado bien, el gobierno se está llevando de encuentro a buenos policías y tratan de desvincularse de los policías ligados al crimen organizado por la presión de la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Según Álvarez, el gobierno está traicionando a los policías ligados a la criminalidad, así como han traicionado a los narcotraficantes, a los empresarios porque está organizando su propio ejército para que lo defienda.
Por su parte, el coordinador del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Salvador Zúniga, consideró que la depuración es un cuento que viene desde 2001 desde que el ministro de Seguridad era Gautama Fonseca.
«El crimen de los zares antidrogas, Julián Arístides y Alfredo Landaverde, hace días que se sabía quiénes lo habían matado y lo sacan ahora porque quieren desviar la atención del asesinato de Berta Cáceres, pero también del papel de la MACCIH».
A juicio de Zúniga, la militarización busca consolidar el proyecto de reelección y eliminar la Policía Nacional Civil.
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