Por Alex Flores
Delia FerreiraDelia Ferreira Rubio
País: Argentina
Profesión: Abogada con doctorado en derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Cargos desempeñados: Asesora de programas de financiamiento de campañas políticas, transparencia y ética pública en Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras, Jamaica y Nicaragua. Miembro de la junta internacional de Transparency International del 2008 al 2014. Formó parte del liderazgo de Poder Ciudadano, capitulo argentino de TI, del 2004 al 2010. Jefa de asesores de diputados y senadores en el Congreso de Argentina, asesora de la Auditoría General de la Nación. Profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Revistazo entrevistó a Delia Ferrera, abogada argentina experta en financiamiento de campañas electorales, en el contexto de un foro sobre este tema realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 22 de marzo del 2017.
¿Cuál de los tres niveles electivos—presidencial, diputados o alcaldías—es más vulnerable al crimen organizado?
R.
Todos son vulnerables, eso depende de los países. Lo que hay como tendencia en Latinoamérica es que los carteles del narco, trata de personas, eso depende del país, lo que están buscando es introducirse en la política por el nivel municipal, porque el nivel municipal, al estar más alejado del centro [autoridades nacionales], es menos visible, es menos controlable y más barato de penetrar y la contraprestación que puede ofrecer el nivel municipal en cuanto a hacerse de la vista gorda y no controlar las operaciones del crimen organizado son más eficientes para el negocio [del crimen organizado] que luchar por la Presidencia de la República o por una candidatura parlamentaria.
Pero de todos modos ha habido candidaturas de Presidentes financiadas por el crimen organizado, Colombia es un caso, y de parlamentarios financiados por el crimen organizado; o sea, hay de todo, pero como tendencia, diría que están buscando el nivel municipal.
¿Cuál es el mejor mecanismo para evitar el financiamiento del crimen organizado de campañas políticas?
R.
Generar mecanismos nuevos de control a los que tenemos porque durante muchísimos años, cuando trabajamos en financiamiento de la política, lo que nos interesaba era parar a los grandes aportantes, a los ricos, al dinero del empresario; entonces, era importante tener leyes y un organismo de verificación y lo que hemos descubierto sobre dinero ilícito del crimen organizado es que no basta con tener una ley de control de financiamiento de campañas que prohíba algo, porque para quienes hacen del negocio de lo ilícito algo habitual, que una ley les prohíba algo es menos que nada, porque, de hecho, se dedican a actividades prohibidas.
Así que hay que trabajar con leyes especiales, también con mecanismos de coordinación de todos los organismos del Estado, no solo organismos electorales o el organismo de control de cuentas, si no los organismos fiscales, de control de bancos, los de lavado de dinero; todas esas entidades tienen que cruzar información y aportar información para que se pueda auditar y verificar el origen real de los fondos.
¿Cómo se evita que se usen prestanombres para financiar campañas políticas?
R.
Yo tengo que cruzar la información, la auditoría de financiamiento de campañas no es meramente contable, no es que las cuentas cierren, es que las cuentas digan la verdad que es otra cosa distinta.
Por ejemplo, yo tengo que cruzar la lista de los donantes con información del donante, su domicilio, su DNI [equivalente al número de identidad], su número de Registro Tributario, porque tengo que ir a los registros de impuestos para saber si esa persona está en condiciones de donar lo que dice que donó, porque en muchos países en donde se monitorea la lista de donantes lo que se ha encontrado es que aparecen personas que están pensionadas, que reciben planes sociales que aportan miles de dólares a un candidato.
Eso tiene que paralizar la auditoría y decir: “Un momentito, venga, señor [donante], ¿usted puso esto (fondos)?”. Si el donante dice que no hizo la donación, se pregunta al partido de dónde salió la donación.
Hay partidos que cuando hacen liquidaciones de donaciones toman la guía telefónica o el padrón electoral y anotan esos nombres para usarlos para blanquear dinero cuyo origen no pueden blanquear.
¿Debería de prohibirse que algunos medios paguen impuestos con publicidad en tiempo de campañas políticas?
R.
Lo que se debe de garantizar es que el acceso a los medios sea equitativo, la tendencia en la región es prohibir la contratación individual de espacios [por ejemplo], el Estado compra los espacios por medio del organismo electoral y los reparte equitativamente entre los competidores y algunos países los reparten en igualdad, todos en igual cantidad de espacios y otros lo reparten una porción igual para los competidores y una porción en proporción a los últimos votos obtenidos en la última elección, la cantidad de bancas [curules en el Congreso] que tengan.
¿Cuáles son las prácticas corruptas más comunes en financiamiento de campañas políticas?
R.
Financiamiento encubierto, es decir, nombres falsos para encubrir financiamiento ilícito o ilegal o simplemente que quiere quedar oculto, por eso terminar con el anonimato de las donaciones es clave. Los conflictos de interés que se generan también son un factor a tomar en cuenta, muchas legislaciones prohíben determinados aportes privados, por ejemplo, los que viene de concesionarios de obra pública de quienes explotan juego de azar, de organismos extranjeros, de las iglesias, los sindicatos o cámaras de empresarios no pueden aportar y todo depende de lo que cada país regula.
vacíos que tiene las leyes como que se prohíben las donaciones anónimas, salvo las colectas públicas, entonces, los partidos dicen que todo fue colecta pública y todos sabemos que eso no es cierto o; otro caso es la existencia de fondos reservados, que no se diga el origen cuando exista un piso [límite de dinero del que no se declara el origen] y cualquier suma puede ser dividida en tantas partes para que quede por debajo de ese piso.
También hay ausencia de información previa a la elección, yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber quién financió la campaña antes de votar y después la información completa, pero, por lo menos 10 días antes se debería de saber quiénes están poniendo dinero.
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