Por Rosa Moro *
Casi nunca, o muy pocas veces, oímos hablar en los medios en que nos informamos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). A no ser que nos esforcemos por informarnos de otro modo, la mayoría de los ciudadanos no conocemos este y otros mecanismos que, sin embargo, afectan a nuestras vidas.
El CIADI fue establecido por el Banco Mundial en 1966 y ha sido ratificado por prácticamente todos los países del mundo, 161 en 2016. Este centro, ellos se definen como “foro”, actúa a modo de tribunal internacional administrando Soluciones a Disputas entre Inversores y Estados, las llamadas ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State dispute settlement). En realidad, el CIADI, en si mismo, no arbitra ni concilia esas disputas. Estas funciones las ejercen las comisiones de conciliación y los tribunales de arbitraje, constituidos “ad hoc” para cada procedimiento.
Al CIADI pueden acudir las empresas privadas para “demandar” a Estados cuando consideran que estos no han cumplido su parte de un trato o han perjudicado los intereses de la empresa. Huelga decir que sólo las grandes multinacionales y grandes fortunas se pueden permitir acudir a este Centro del Banco Mundial. En sus casi 50 años de historia, ha dilucidado miles de “demandas” de empresas contra estados y solo dos de estados contra empresas.
El centro afirma que han sido los Estados quienes “han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados”, pero en realidad, si prestas atención racional a la información de su propia web, nació con la finalidad de proteger “las inversiones” privadas, no la soberanía de los estados, es decir, la democrática potestad de un gobierno electo cualquiera de mirar por los intereses de su pueblo.
Sus decisiones se rigen por el llamado Convenio del CIADI, definido como un “tratado multilateral formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial en aras de cumplir el objetivo del Banco de promover la inversión internacional”. Los paises africanos, y del sur en general, ya conocen bien a qué conduce la “promoción de la inversión internacional” y sus diversos mecanismo como los Planes de Ajuste Estructural, desde los años 60 y 70: más privatizaciones, menos soberanía, tratados comerciales injustos como los EPA, más deuda odiosa, menos oportunidades de subsistencia, más invasión de los grandes negocios desplanzando a los pequeños, más desigualdades y más pobreza. Las ISDS no son resoluciones, ni decretos, pero los estados “contratantes” reconocen los efectos vinculantes de los laudos arbitrales. El desacato de estos laudos, decisiones o resoluciones de las disputas se equipara a una violación de un tratado internacional. ¿Qué efectos tiene esto para los países poderosos? Ninguno, como podemos comprobar cada día por las violaciones de tratados y leyes internacionales por parte de las grandes potencias. Pero para los países empobrecidos, este desacato supone el aislacionismo, embargos, sanciones, acoso mediático…
Este foro y sus tribunales ad hoc están siendo fuertemente criticados por los movimientos sociales que luchan contra los grandes acuerdos comerciales como el CETA o el TTIP. Y es que los tratados de inversiones internacionales son el nuevo maná para las grandes compañías. En 1965 había 70 Tratados de Inversiones; en 2010 habían superado de lejos los 2.700 y hoy es tarea titánica intentar hacer un recuento de los mismos.
Los mecanismos que han generado quienes gestionan el sistema actual para blindarse contra el cambio y asegurar la acumulación continuada de los más ricos son inabarcables para las personas de a pie. Ni los activistas más avezados pueden conocer -mucho menos vigilar- todos esos mecanismos que sofocan con precisión cada pequeño movimiento que suponga el más leve peligro de poder cambiar un ápice el sistema liberal globalizado.
La acumulación de capital, lo que se llama inversiones y beneficios, es lo único digno de proteger por todos los medios necesarios, incluso por la fuerza, aunque en realidad estas inversiones y beneficios atenten contra la vida digna de millones de personas. Frente a esto, miramos a otro lado.
Sin querer defender a todos los estados que son “demandados” en este “foro”, porque seguro que no son perfectos, es llamativo que el 99% (aproximadamente) de los estados demandados sean pobres, y el 99% de las compañías demandantes sean de estados occidentales, paraísos fiscales o de grandes fortunas familiares. Pocos países africanos se libran de tener alguna y los países latinoamericanos con gobiernos de izquierdas se llevan la palma, son con mucha diferencia los más demandados.
Me llamó la atención ver la gran cantidad de empresas españolas que han recurrido y recurren a este arbitraje para “defender sus inversiones y beneficios en el extranjero”. Hace poco supimos por la prensa marroquí de una empresa española que había “demandado” al estado de Argelia ante este “foro”. La prensa marroquí, comprensiblemente, trataba el asunto como ejemplo de lo mala administración que es el gobierno de su archienemigo Argelia. (Para hacernos una idea, abordan el tema como lo harían los críticos del PP ante el hecho de que España es el país europeo con más casos pendientes ante el CIADI. Mientras que Alemania tiene uno, Francia,otro, e Italia tiene cuatro, hay 27 casos pendientes de empresas relacionadas con las energías renovables contra el reino de España).
En enero de 2017, la constructora española Ortiz Construcciones y Proyectos SA, implicada ella misma en las tramas de corrupción más grandes que se conocen, la Púnica y la Gürtel, sin ninguna consecuencia judicial por el momento, ha interpuesto una demanda de arbitraje en el CIADI contra el gobierno de Argelia, "por desavenencias en una empresa conjunta con el ministerio de la Vivienda argelino", con el que se había asociado en 2014 para la construcción de viviendas prefabricadas de hormigón. Al cabo del tiempo, la empresa española veía "sistemáticamente rechazados sus proyectos, frente a otros competidores en los mercados públicos argelinos".
Para limar estas “diferencias” la constructora española ha contratado los servicios de un carísimo y eficaz bufete de abogados, Herbert Smith Freehills, mientras que Argelia, acudirá con su ministerio fiscal, o se gastaría un importante monto de dinero en subcontratar a una firma privada de abogados, como hace casi todo el mundo, para acudir ante el tribunal.
Edificio del Banco Mundial e ICSID o CIADI, en Washington
Los costes de estos procesos no son para cualquiera, comprenden: los cargos del Centro por sus servicios, los honorarios de los árbitros (3.000 dólares por día trabajado en 2010, más dietas y gastos de viajes), gastos de sesiones y audiencias (que se celebran en oficinas del Banco Mundial en Washington y/o en París), más honorarios de abogados. Para pensárselo ¿no?
Hay un movimiento que vigila este mecanismo económico, entre otros, se llama bilaterals e informa en inglés, español y francés. Ahí se puede leer un poco más sobre esto.
* Rosa Moro, periodista. Comités de Solidaridad con África Negra - UMOYA
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