San Pedro de Tutule en el departamento de La Paz, es uno de los municipios de la Sierra, situada cerca de los cerros El Matasano y Granadilla. Colinda al norte con el municipio de Santiago de Puringla, al sur con el municipio de Guajiquiro, al este con los municipios de La Paz y San Sebastián y al oeste con los municipios de Santa María y Chinacla.
En estas productivas tierras se encuentra la base de la empresa campesina 9 de julio, asentada en el sector desde hace uno siete años, en un predio de 34.5 manzanas de tierra. La empresa campesina está compuesta por unas 10 familias, en su mayoría jóvenes, quienes para el sustento de sus familias producen plátanos, yuca, maíz, frijol, café y naranja, entre otros.
En estos siete años que tienen de estar trabajando estas 34.5 manzanas de tierra, esto campesinos indígenas lencas han sido desalojados violentamente en 28 ocasiones, ya que el señor Carlos Benjamín Arreaga Vásquez sostiene que esas tierras le pertenecen y está exigiendo una millonaria cantidad de dinero para que los indígenas que la están haciendo producir, se queden con ellas.
El último desalojo que vivieron y que fue extremadamente violento, ocurrió el 13 de enero del año en curso, cuando las fuerzas de seguridad, compuestas por militares y policías destruyeron todos los cultivos y le prendieron fuego a dos viviendas. Las autoridades encargadas de ejecutar el desalojo no respetaron a los observadores de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), quienes se encontraban en el lugar. También ellos fueron víctimas de los gases lacrimógenos que lanzaban a diestra y siniestra los policías y militares. Igualmente niños, mujeres, jóvenes y adultos salieron afectados con los gases tóxicos.
Los campesinos indígenas de la empresa 9 de julio están preocupados porque los juzgados de La Paz ejecutarán el próximo 17 de abril a las 8:30 de la mañana, una inspección en el terreno donde está asentada la base campesina, en la que participarán fiscales del Ministerio Público, jueces y policías.
“Anduvimos en los juzgados de La Paz en revisión de los expedientes y nos encontramos ahí que el día lunes 17 de abril a las 8:30 de la mañana habrá una inspección legal aquí en la base 9 de julio, donde no sabemos a qué viene esa inspección”, expresó a defensoresenlinea.com, Fabricio Eduardo Velásquez, miembro de la empresa campesina y que actualmente ejerce la función de Secretario de Asuntos Legales de la seccional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en la zona.
Agregó que a ellos lo que les preocupa es que con esa inspección les vayan a querer desalojar nuevamente así como ha sucedido en años anteriores y últimamente como pasó el 13 de enero del año en curso.
Los campesinos indígenas ingresaron a este predio de tierra, compuesta por 34.5 manzanas, en el 2010 y desde entonces hasta la fecha, han sido víctimas de 28 desalojos violentos, donde los ejecutores de los mismos no han respetado ni a niños ni a las mujeres, incluso varias de ellas; han abortado producto de la represión.
La mayoría de los campesinos indígenas enfrentan procesos judiciales, sobre varios de ellos penden órdenes de captura y otros tienen que estar asistiendo periódicamente a los juzgados a firmar, por tener medidas sustitutivas a la prisión.
Fabricio Eduardo Velásquez denunció que cuando son víctimas de desalojos, después ellos no pueden salir del lugar porque son objeto de represalias, persecución y hostigamiento por parte de la fuerza de seguridad del estado.
En esta zona del país, según Fabricio, hay un centenar de campesinos judicializados y que hay un aproximado de 50 que están procesados.
Entre el 2014 y 2015 los campesinos de la empresa 9 de julio tuvieron una oferta de venta, donde ya había un acuerdo para ser pagadas, pese a que había una sobre valoración en el precio, el Gobierno a través del Instituto Nacional Agrario (INA) echó todo a perder y los campesinos han vuelto a lo mismo, al estar luchando por la defensa de un pedazo de tierra para sostener con sus cultivos a su familia.
Con el último desalojo los campesinos indígenas quedaron en la miseria, porque les destruyeron los cultivos y las viviendas y el producto que no fue destruido fue robado por los que ejecutaron la acción, denunció Fabricio Eduardo Velásquez.
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