La Asociación para Una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, ha observado con indignación, la creciente incidencia de campañas tendenciosas de desprestigio y estigmatización de la labor que desarrollan personas e instituciones defensoras de los derechos humanos en Honduras:
1. Desde hace algunos días, ha aparecido un libelo en el que bajo el título de “La Red de Narcotraficantes que Desprestigian a Honduras” se señalan a reconocidos luchadores que promueven y defienden los derechos humanos en nuestro país, a quienes aviesamente se vincula con el crimen organizado. Aparece en él, la fotografía del Sacerdote Jesuita Ismael Moreno Coto, más conocido como El Padre Melo, inclaudicable defensor de derechos humanos de la población desamparada y director ejecutivo de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ). También aparece la fotografía de Salvador Zúniga, destacado líder indígena lenca, que junto a Bertha Cáceres, fundaron el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y que en años reciente fundó, la Coordinadora Indígena del Poder Popular Hondureño, (CINPH), organizaciones que defienden los derechos del pueblo lenca ante el despojo de que es víctima por parte de empresarios criollos y extranjeros.
2. De igual manera, circula un video en el que se señala a Bertha Oliva de COFADEH y a Karen Spring, de Honduras Solidarity, como protectoras de los asesinos de los dirigentes campesinos José Ángel Flores y Zilmer Dionisio George, a la vez que se les acusa de ser aliadas de los narcotraficantes que operan en el Valle del Aguán, acusación que extienden a prestigiosas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como: Front Line Defenders, International Service for Human Rights (ISHR), OXFAM, Global Witness, PBI, Business & Human Rights Resource Centre y Solidarity With Honduras.
3. Estas personas y organizaciones estigmatizadas por los enemigos del pueblo, han sido legitimadas por ese mismo pueblo y gozan de tal reconocimiento, que es a ellas a quienes acude cuando sus derechos son violados y atropellados, pues está convencido, que los defensores y defensoras de los derechos humanos hacen en el país, lo que los gobernantes están obligados a hacer y no hacen: defender y proteger a la población, de los abusos de los malos funcionarios del Estado y de los agentes de las élites de poder económico y político del país.
4. Los ataques a las personas, naturales y jurídicas, que promueven y defienden los derechos humanos en Honduras, no son una práctica nueva en el actual gobierno. Lo destaca la CIDH en su Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, 2015, numeral 4 del Resumen Ejecutivo. Y si se requieren explícitos ejemplos, los ha dado el propio Presidente de la República, quien niega dentro del país lo que pregona afuera. En julio de 2016, regresó de Washington diciendo: “con mucha sorpresa pude constatar que existe información a nivel de ONG y senadores de hondureños que tergiversan la verdad y aun sabiendo que con eso le hacen un enorme daño a Honduras”… “contra esos hondureños también tenemos que estar defendiéndonos”. Luego el 10 de noviembre del mismo año, el Presidente de la República, en entrevista realizada con el periodista Renato Álvarez, hizo una declaración afirmando que: Organizaciones de Derechos Humanos recibían dinero de grupos pandilleros y que solo estaba pendiente de ultimar investigaciones para denunciar esta situación. Todavía se espera que formalice tal denuncia.
5. No cabe duda que Honduras es uno de los países más peligros para los defensores de los derechos humanos, así lo muestran la cantidad de defensores/as asesinados en 2016 y así lo afirmaron en agosto de ese mismo año, el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Michel Forst, y el Relator interamericano sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez.[1] Lo anterior, igual, quedó evidenciado en la reacción a la presentación de Global Witness del Informe “Honduras el lugar más peligroso para defender el planeta”.
Campañas como la arriba señalada, precarizan aún más la vida, la integridad personal y la labor de defensoría y promoción de los derechos humanos que realizan defensoras y defensores en Honduras. La sucia campaña persigue múltiples propósitos, aparte del ya señalado: Afectar a un partido de la oposición política mencionado en forma expresa, lo que puede sugerir el verdadero origen de la campaña. Otro es, pretender poner en el mismo plano a los DDH y sus organizaciones con los funcionarios y ex funcionarios del Estado (civiles, policías y militares), involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, sicariato, tráfico de influencias, etc., según miembros del crimen organizado hondureño, juzgados actualmente en Tribunales norteamericanos.
El actual Congreso Nacional aprobó en el 2015 el Decreto No. 34-2015. Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y es obligación del Ejecutivo hacer que se cumpla. En ese cumplimiento se obliga a investigar todas las acciones u omisiones que impliquen amenazas o peligros para los sujetos de la Ley.
Por tanto, ante la comunidad nacional e internacional, la Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI PARTICIPA), exhorta al actual gobierno presidido por el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a garantizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, el ejercicio de sus labores de defensa. Que ponga fin a las intimidaciones, criminalizaciones, estigmatizaciones, amenazas y agresiones, y que proceda a investigar las fuentes de estas campañas de desprestigio.
Por la Construcción de una Verdadera Democracia.
Por un Verdadero Estado de Derecho.
Por el Respeto al Deber y al Derecho de Defender Derechos.
Tegucigalpa MDC, 5 de abril de 2017.
Asociación por una Ciudadanía Participativa, (ACI PARTICIPA)
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