Fabricio Velásquez, miembro de la empresa campesina 9 de julio y Secretario de Asuntos Legales de la regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
Funcionarios del Ministerio Público, de los Juzgados de Letras y un representante del Comisionado Nacional Derechos Humanos (CONADEH) de La Paz, acompañados de tres patrullas realizaron una inspección judicial a los predios donde se ubica la empresa campesina indígena 9 de julio en el municipio de San Pedro de Tutule, la que no duró ni 15 minutos.
El lunes 17 de abril a eso de las 11:30 de la mañana un vehículo del Ministerio Público (donde viajaba una fiscal, un juez y el representante de Conadeh) y tres patrullas que transportaba unos 20 efectivos policiales, llegaron al asentamiento donde se encuentra la empresa campesina indígena 9 de julio, que tiene cerca de siete años de estar en posesión de esas tierras, con el fin de realizar una inspección.
Antes de semana santa miembros de la empresa 9 de julio habían acudido al juzgado de La Paz a revisar el expediente y se encontraron con un escrito donde se señalaba para el día 17 de abril la realización de una inspección en los terrenos donde se ubican ellos, pero no se establecía las razones ni el objetivo de la misma, situación que puso en alerta a los campesinos indígenas.
“No sabemos a qué iban. Desde tempranas horas nos instalamos cerca del portón y su sorpresa fue encontrarnos a nosotros ahí”, relató a defensoresenlinea.com Fabricio Velásquez, miembro de la empresa campesina 9 de julio y Secretario de Asuntos Legales de la regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Velásquez señaló que el rostro de la comitiva les cambió cuando los observaron en el terreno de 34.5 manzanas de tierra, la cual ocupan desde hace más de siete años.
“Nosotros somos una organización grande tuvimos apoyo de las más bases. Desde que nos dimos cuenta de que se realizaría la inspección sonamos las alarmas y tuvimos el acompañamiento de muchos campesinos y creo que ellos (las autoridades que realizaban la inspección) no se esperaban encontrar con esa cantidad de personas”, relató Velásquez.
Asimismo indicó que el personal que llegó a realizar la acción judicial no recorrió el predio, solo ingresaron unos cuarenta metros del portón hacia una de las casitas donde se reúne, que solo formularon un par de preguntas e inmediatamente abandonaron el lugar. La estadía de ellos, según Velásquez, no duró ni 15 minutos.
“Nosotros dejamos pasar a un grupo de ellos para que realizaran la inspección, la cual no duró ni 15 minutos, rápido se salieron”.
Los miembros de la 9 de julio pusieron en conocimiento de las autoridades que asistieron a la inspección, que en cada desalojo de la que son víctimas les queman todos, que solo estaban los marcos de las camas porque los colchoncitos ellos los habían sacados por temor a que se realizara un desalojo.
Finalmente Velásquez señaló que “todavía desconocemos a que iban en realidad y estamos preocupados porque fue rápido la inspección, no sabemos que otras acciones ellos pueden tomar para desalojarnos”.
Los campesinos indígenas de la empresa 9 de julio ingresaron a este predio de tierra, compuesta por 34.5 manzanas, en el 2010 y desde entonces hasta la fecha, han sido víctimas de 28 desalojos violentos, donde los ejecutores de los mismos no han respetado ni a niños ni a las mujeres, incluso varias de ellas, han abortado producto de la represión.
La mayoría de los campesinos indígenas enfrentan procesos judiciales, sobre varios de ellos penden órdenes de captura y otros tienen que estar asistiendo periódicamente a los juzgados a firmar, por tener medidas sustitutivas a la prisión.
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