Por Cesario Padilla
Campañas de desprestigio es una estrategia para introducirnos en agenda política, denuncia COPINH
La reciente campaña de desprestigio contra líderes y lideresas sociales y contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), forma parte de una estrategia para ligar la lucha de los pueblos originarios dentro de una agenda política que incluye a políticos tradicionales en el narcotráfico.
Esta es la aseveración del miembro de la coordinación general del COPINH, Gaspar Sánchez luego de acompañar la presentación de un escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el miércoles anterior.
Para Sánchez, quién además es comunicador social, es preocupante la utilización de la organización defensora del pueblo Lenca para vincularla con el narcotráfico, al mismo tiempo que sale a luz pública nombres de políticos y familiares de éstos, según testimonios de líderes del narcotráfico extraditados a Estados Unidos.
“Esta campaña para vincularnos a nosotros, es sólo por el hecho de oponernos a los proyectos de muerte, nosotros sabemos que estos proyectos extractivitas tienen que ver con el lavado de dinero de estos grandes empresarios que tienen dinero sucio del narcotráfico y otras cosas”, aseveró Sánchez.
Después del asesinato de Berta Cáceres, ocurrida el 02 de marzo del año anterior, la campaña de desprestigio contra el COPINH ha arreciado mucho más, aseguró Gaspar y agregó que en este momento lo hacen por la defensa de su territorio e increpan públicamente al gobierno actual para que no siga entregando sus bienes comunes al capital extractivo.
“Siempre ha sido así, incluso a Berta –Cáceres- la criminalizaron y lo van a seguir haciendo”, dijo el líder del COPINH en referencia al proceso de criminalización de Cáceres en 2013.
A la par de esta campaña, la situación de represión contra los pueblos que defienden sus bienes comunes, no ha variado.
Alrededor de seis asesinatos contra miembros y miembras del COPINH, que han sido asesinados y asesinadas por su defensa del Río Gualcarque, dónde se pretende instalar el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, Intibucá, pormenorizó Sánchez.
Uno de estos asesinatos es el de Tomás García, asesinado en las cercanías del plantel de la empresa DESA en julio de 2013 a manos de militares, mientras se dirigía junto con pobladores y pobladoras de la comunidad de Río Blanco a realizar una guardia pacifica de su territorio. Por este crimen guardia prisión el Suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia al ser encontrado culpable por un Tribunal de Siguatepeque, Comayagua (al centro del país) por el delito de homicidio contra García
Gaspar Sánchez amplió que las amenazas y hostigamiento persisten específicamente en Río Blanco. Últimamente ha arreciado la lucha y desde la empresa DESA, existen personas pagadas para estar tratando de amenazar a los compañeros líderes y lideresas de la comunidad cómo ser María Santos Domínguez y Francisco Sánchez y quienes se mantienen desde hace cuatro años contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
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