Por Marvin Palacios
Un estudio publicado por Oxfam revela supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
El documento, denominado “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores”, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.
“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, dijo Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres; asesinada por sicarios el 2 de marzo de 2016.
Salvador Zúniga, líder lenca de la Coordinadora Indígena del Poder Popular en Honduras (CINPH), dijo que el informe contiene indicios racionales, por una parte por la parte de la participación de los supuestos hechores materiales, quienes están vinculados a la empresa DESA y por otra parte por la ilegalidad de la concesión del proyecto Agua Zarca; en el que se han violentado las normas jurídicas del país, por ejemplo se dio la concesión por 14 megawatts y de manera ilegal la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente (SERNA) amplió a 21 megawatts sin ir al Congreso Nacional.
“Por otra parte se amplió de manera ilegal la contrata de aguas que era para 30 años a 50 años, lo que claramente establece que hay un tráfico de influencias que corresponde a una red de corrupción, por otra parte está claro que el crimen fue motivado por razones de dinero, de sumas que iban a obtener en base a estas concesiones viciadas que se otorgaron, tal y como es el proyecto Agua Zarca”, sostuvo Zúniga.
Consultado en torno a la participación de funcionarios o empresarios en la red de corrupción, Salvador Zúniga indicó que “está claramente establecido que hay funcionarios del estado como varios ex vice ministros de la SERNA que favorecieron a empresas privadas y hoy hay una hipótesis que fueron empresarios los que generaron por intereses económicos, por dinero, estas concesiones y este crimen contra la compañera Berta Cáceres.
La presentación del estudio fue acompañado de un plantón ante el Ministerio Público, como una muestra de apoyo solidario a los familiares de Berta Cáceres , en donde participaron representantes de los pueblos maya-chortí, los lencas, la Plataforma Agraria, el COFADEH, la Vía campesina, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), y el Consejo Para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), entre otras.
En relación al informe, Olivia Marcela Zúniga, la hija mayor de Berta Cáceres dijo que “es una denuncia formal que va respaldada por este estudio, que es una investigación que se ha realizado por más de 30 organizaciones que están respaldándonos en esta denuncia, y cuyo objetivo es que el Ministerio Público y la MACCIH investiguen la red de corrupción que hay detrás y alrededor del asesinato de Berta Cáceres”.
El informe fue entregado a las máximas autoridades de la Fiscalía General de la República, acompañado de una carta redactada por Austra Berta Flores, en la que expresa al Fiscal General, Oscar Chinchilla, que el documento “ofrece luces en relación con los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA, que en su momento persiguió y acusó criminalmente a mi hija Berta”.
El documento “Hechos y Circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres Flores”, destaca que el Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde el año 2009. A tan solo ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.
Como primer vicio de nulidad, el estudio señala que la SERNA otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Asimismo, la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional.
Según establece el artículo 205 de la Constitución de la República, el Poder Legislativo es el único órgano encargado de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno.
A la fecha los juzgados de lo penal han dictado prisión preventiva a ocho personas por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. De éstas, cuatro sostienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.
El informe refiere, además, que una investigación conjunta de los casos –proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el asesinato de Berta Cáceres– posibilitaría la obtención de resultados definitivos y concretos. Actualmente ambos casos se manejan en fiscalías y unidades diferentes. Por su parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural no dispone de las herramientas requeridas para profundizar en sus investigaciones.
Con base en los actos de corrupción denunciados en el estudio, Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó ayer ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), una petición para que se investigue esa supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.
Acompañaron a doña Austra Berta en la entrega del informe al vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, el director ejecutivo de Vía Campesina, Rafael Alegría, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, el Director de Oxfam-Honduras, George Redman, y la Oficial de Influencia de Oxfam, Tania García.
La familia de Berta Cáceres –liderada por Olivia Zúniga Cáceres, Salvador Zúniga, Austra Berta Flores y sus cuatro hijos– presentó hoy la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público. Y, a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.
Esta acción de incidencia ante las autoridades y los medios de comunicación realizada hoy ante el Ministerio Público (MP) forma parte de la Campaña Defensoras de la Madre Tierra, impulsada por más 30 organizaciones del movimiento social hondureño, con el apoyo de Oxfam-Honduras.
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