Por German H. Reyes R.
12 de los 15 magistrados a reelección
El período para el cual fueron electos los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) termina el 25 de este mes. Sin embargo, a pocos días de que el Congreso Nacional elija a las nuevas autoridades, del escenario político resurgen opiniones encaminadas a evitar la elección de las nuevas autoridades.
En ese contexto, los políticos mencionan la idea de que en caso de no elegirse la nueva Corte, continúen en sus cargos por un periodo más los actuales magistrados. Sin embargo, de acuerdo a la con la Constitución y la Ley, esto no sería posible.
“El período de los magistrados de la CSJ será de siete años a partir de la fecha en que presten la promesa de Ley, pudiendo ser reelectos”, dice el artículo 314 de la Constitución de la República. No obstante, teóricos de la materia opinan que para que esto suceda el funcionario debe someterse al proceso de evaluación y que la Junta Nominadora lo incluya en la lista de los 45 candidatos que debe presentarle al Congreso Nacional.
En otro sentido, el artículo 80 de la Ley orgánica del Congreso Nacional también establece que cuando concluye el periodo para el cual fueron electos los funcionarios que nombra ese poder del Estado y no se han designado los sustitutos, permanecerán en sus cargos hasta que se realice la elección. Es decir, no hay asidero jurídico para que los magistrados continúen por un periodo más, como viene manejando los círculos políticos.
Al contexto se suman las declaraciones que en febrero de 2015 vertiera en los medios de comunicación, el presidente la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, en el sentido de haber recibido ofrecimientos para continuar en su cargo. “Me lo han propuesto instituciones como el Colegio de Abogados de Honduras, los miembros de la empresa privada y algunos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo” expresó Rivera Avilés.
A renglón seguido, el funcionario dijo que “eso no cruza por mi mente, estoy completamente enfocado a darle cumplimiento al período para el cual fui electo”.
Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por la Paz y la Justicia, entre otras, en reiteradas ocasiones le han solicitadoa la Junta Nominadora y al Congreso Nacional, utilizar criterios objetivos en la escogencia de los magistrados, a fin de logar la despolitización del Poder Judicial.
“Estamos pidiendo que puedan definir indicadores de forma transparente, objetiva, que les permita valorar o hacer el análisis de cada uno de los candidatos”, manifestó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ. Para él, es importante que la lista que presente la Junta Nominadora ante el Congreso Nacional excluya a personas vinculadas a la corrupción y crimen organizado.
A esa petición también se suma la Coalición contra la Impunidad, organismo que ha instado a la Junta Nominadora a que en el listado de los 45 candidatos no se incluyan profesionales relacionados con actos de corrupción, bien sea a través del ejercicio profesional o por actuaciones en la judicatura. “Especialmente si se trata de vínculos con el crimen organizado, delincuencia común o saqueo de las instituciones estatales” destaca, en un manifiesto emitido recientemente.
De igual forma se han referido al tema organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y El Observatorio Internacional de la Elección Judicial en Honduras, conformado por la Fundación para el debido Proceso (DPLF), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e impunity Watch, quienes hacen el llamamiento a la transparencia y rendición de cuentas en la elección de Magistrados y Magistradas a la Corte Suprema de Justicia.
Para estos organismos, la calidad del proceso de elección es un factor determinante para que Corte Suprema de Justicia pueda ser independiente e imparcial, en beneficio de todos los hondureños.
Pago de favores
Cabe mencionar que la actual Corte Suprema de Justicia ha sido duramente criticada por mantener una mora judicial arriba del 60% y por la tomar decisiones favorables a grupos privilegiados. En tal sentido, se menciona el apoyo que los 15 magistrados le dieron al empresariado y a los partidos tradicionales para perpetrar el golpe de Estado de junio del 2009.
El 21 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, falló a favor de la reelección presidencial, al resolver la petición del expresidente Rafael Leonardo Callejas, 15 diputados del Partido Nacional y uno de la Unificación Democrática, que solicitaron declarar inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, que prohibía la reelección de los presidentes y expresidendentes de la república.
“Juan Orlando Hernández, puede participar en las próximas elecciones generales, porque ya es permitida la reelección y es permitido que el presidente actual se inscriba como candidato”, dijo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, días después de haberse emitido el fallo.
El último fallo que la Corte emitió, corresponde al seis de enero pasado, y como regalo del Día de Reyes, el más alto tribunal del Poder Judicial, falló para que los partidos políticos, Alianza Patriótica y Faper puedan seguir participando en elecciones de autoridades, a pesar de no llenar los requisitos exigidos por la Ley Electoral vigente.
Trascurridas las elecciones pasadas, estos dos institutos políticos no fueron capaces de reunir ni los votos de sus representantes en las mesas electorales, por lo que de acuerdo a la Ley, el Tribunal Supremo Electoral los declaró desaparecidos.
La Sala del Constitucional los ha revivido, pese a que son señalados de vender las credenciales que emite el Tribunal Supremo Electoral, a representantes de los partidos tradicionales, en las mesas de recepción de voto. Para muchos sectores de la sociedad, esta es una jugada política de los nacionalistas para seguir controlando las mesas electorales.
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