Por Javier Suazo
Con la depresión económica que sufrió EEUU entre 2007 y 2011, se puso en evidencia la resistencia de funcionarios de gobierno por adoptar rápidamente medidas económicas orientadas a reactivar en el corto plazo la economía y generar empleos, ya que aducían que la reactivación llegaría en forma espontánea a un mayor plazo. Esta tesis fue cuestionada por Paul Krugman, premio nobel de economía, que sostenía que había que activar la economía con políticas de estimulo a la demanda para generar empleos en coyuntura (corto plazo) y hacer menor doloroso para la población sin oportunidades de trabajo el camino a la reactivación futura. El economista Krugman se refiere no a la crisis financiera y especulativa, sino a la crisis y depresión del sector real con caída del PIB y empleos.
Viene a la mente lo anterior cuando en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) aprobó un Plan masivo de empleos y oportunidades en sectores como infraestructura, agroalimentario, ambiente, construcción y turismo. Se habla de una inversión de 48,133 millones de lempiras (2,140 millones de dólares), de la cual el 77.5 % son empleos generados en el marco de las alianzas público-privadas con los concesionamientos y privatizaciones de puertos, aeropuertos, carreteras y construcción de edificios, el resto corresponde a inversión publica en la construcción de reservorios de agua, apoyo a la agricultura, obras sociales, ganadería, también en la industria maquiladora con inversión privada. Los puestos de trabajo a generar (temporales en su mayoría) se estiman en 150,000 empleos para 2016, más del doble de los generados en 2015.
Esta propuesta surge en una coyuntura económica muy difícil para el país. Por un lado, está vigente un programa con el FMI que a decir del JOH, sus funcionarios, en el caso especial de la reducción del déficit fiscal, aumento de la recaudación de impuestos, despido de empleados públicos y devaluación, han salido con notas de más del 100% al superar las metas fijadas con el FMI. Preocupa sin embargo, el acelerado endeudamiento eterno ya que la deuda pública total se estimó en 7,230 millones de dólares a noviembre de 2015, de esta el 79% corresponde a deuda pública externa con un servicio anual de 272 millones de dólares. Este endeudamiento no permite liberar mayores recursos para aumentar la inversión pública en apoyo a sectores productivos como el agroalimentario, forestal y mi pymes que necesitan también acceso a servicios de créditos y asistencia técnica en forma sostenida.
Honduras crecerá a una tasa de 3.4% (CEPAL: 2015), pero la economía resiente la pérdida de empleos en el sector agroalimentario afectado por la prolongada sequia que se pronostica más severa en 2016, la caída del empleo en el sector construcción y minas, así como la pérdida de empleos de las mi pymes. Estos sectores han visto afectados por la ausencia de una política de empleos sostenibles financiada con inversión pública nueva, pero también por la falta de incentivos claros a la inversión nacional y extranjera, que si la tienen las maquilas, zonas francas, transnacionales, turismo y comidas rápidas.
La coyuntura también es política, por lo que el anunció del Plan de Empleo y Oportunidades es una estrategia en respuesta a las demandas de los sectores de oposición y centrales obreras por generar empleos de buena calidad, no pasantías de horas tal como se cataloga a la Ley de empleos por hora; también en respuesta a la insuficiencia de los programas de compensación social que se han politizado. Este plan es una “mea culpa” en respuesta a la política de sobreendeudamiento, corrupción y destrucción de la inversión publica generada en Honduras después del golpe de Estado, que posibilitó la vigencia de un fuerte ajuste económico con perdidas de empleos en forma progresiva; cifras preliminares muestran que el desempleo abierto alcanzó el 7.50% en 2014, la segunda tasa más alta desde la vigencia de los programas de estabilización y ajuste estructural en 1990. Pero el subempleo es preocupante, ya que afecta a más de 2.4 millones de personas que se ven obligados a aceptar salarios por debajo del salario mínimo unos, realizando jornadas de trabajo mayores de 48 horas semanal sin protección social otros.
El Plan de JOH ha sido recibido con aceptación por la empresa privada pero todavía no se cuantifica el monto de su inversión que asignara al plan; igual por los obreros que se sienten conformes con el ajuste del salario mínimo otorgado por el gobierno. Hay quizá aspectos críticos o cuellos de botella de esta propuesta a sortear: La primera es la velocidad con que se generan dichos empleos, ya que la practica demuestra que existe tardanza en ello; lo segundo, el año político (2016) puede afectar las metas del plan ya que las prioridades son otras: elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, el funcionamiento y los resultados de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA, las discusiones de la nueva ley electoral, la reelección presidencial, las elecciones internas, etc. Pero ante todo, el acompañamiento de los actores privados en las regiones y municipios del país con la integración de las cadenas de valor, redes de desarrollo empresarial y políticas publicas multisectoriales que generen incentivos para la inversión nacional.
Una preocupación infundada es la de aquellos (as) que consideran que no hay que comprometer las metas de estabilidad económica (déficit fiscal, inflación, ingresos tributarios) destinando más recursos a los sectores productivos para generar empleos; como en el caso del argumento para la economía norteamericana, ello se logrará por si solo. Este argumento monetarista neoliberal no tiene cabida en la coyuntura actual del país, ya que el mayor estimulo a los sectores productivos por el lado del gobierno contribuye más al cumplimiento de dichas metas por las caídas del PIB sectorial y empleo que enfrentan.
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