Hay una realidad que no puede ser ocultada por mucho que lo intente el gobierno a través de su maquinaria propagandística: La institucionalidad responsable de la seguridad y la justicia está colapsada.
Pese a la reducción de la tasa de homicidios y la campaña de jugar con cifras, la situación de inseguridad es alarmante, los niveles de impunidad siguen siendo altos, la falta de investigación efectiva es un grave obstáculo en el camino a la justicia, el proceso de depuración policial es un fracaso y el sistema judicial sigue mostrando su dependencia a los poderes fácticos del país.
Ante este colapso, todos los sondeos de opinión pública reflejan que la ciudadanía no confía en las instituciones, lo cual ha sido ratificado por el movimiento de la gente indignada que cada viernes y sábado exige en las calles la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).
La respuesta del gobierno fue proponer la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y Corrupción (SIHCIC) que nació muerto porque estaba sostenido por las mismas instituciones que están deslegitimadas frente a la sociedad.
Por ello, decidió acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que esta construyera una propuesta que finalmente se concretó en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Esa propuesta para ser creíble y aceptada tiene que ser previamente socializada con los diversos sectores de la sociedad. Aunque algunos han dejado entrever que la OEA ha introducido elementos que habrían puesto nervioso al gobierno de Juan Orlando Hernández, nada puede asegurar que una instancia surgida de una alianza original entre la OEA y el gobierno responda a la demanda de los diversos sectores indignados.
Solo hasta que los contenidos de esta propuesta sean conocidos y avalados por quienes mantuvieron las antorchas en alto por muchos meses, se podría dar un aval a una MACCIH entendida en los mismos términos que la CICI-H, al modo como se impulsó en la vecina Guatemala.
En todos los casos a la sociedad hondureña nos toca estar vigilantes para exigir que el mandato de este ente internacional esté claramente definido, actúe con total independencia y transparencia, sea autónomo financieramente y rinda cuentas de sus actuaciones.
Nunca hemos de perder de vista que lo fundamental es que un órgano internacional de esta clase tenga capacidad de investigación, facultad para recibir denuncias, certificar, acompañar y asesorar técnicamente a los entes nacionales del sector justicia y seguridad, y proponer reformas políticas que redunden en una lucha efectiva contra los corruptos y los impunes, de acuerdo a la experiencia que ya ha realizado la CICIG en Guatemala.
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