Honduras es uno de los países más violentos del mundo según el Índice de Seguridad Pública en América Latina, actualmente con una tasa de 66 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para la OMS la tasa es de las más altas en un país que no está en guerra declarada. Pero la guerra en Honduras es silenciosa y se ensaña con las personas más empobrecidas. Las ciudades más violentas casualmente fueron creciendo por la llegada de migrantes que del campo huyeron a la ciudad por el poco acceso a la tierra y a créditos para producir, además del abandono estatal.
San Pedro Sula, al norte de Honduras es llamada la capital del crimen, y Tegucigalpa le sigue con un alto número de homicidios. La Ceiba en el atlántico y El Progreso, Yoro que también son consideradas ciudades con mayor desempeño económico, siguen aumentando en homicidios y otros tipos de violencias.
Para contextualizar partimos de una de las miles de historias que suceden en los barrios y comunidades de estas ciudades, muchas de estas denominadas “zonas calientes”. En El Progreso, Yoro existe control de maras, pandillas y bandas ilícitas dedicadas al narcotráfico y al robo de vehículos. En una zona controlada por bandas criminales vivía Miguel, un joven de 23 años que a los 16 formó una familia a la orilla de una quebrada que pasa por esta zona de la ciudad. Miguel trabajaba como conductor de un empresario, ese era el sustento de su familia. Cuando Miguel ya tenía un hijo de 6 años y una de 3 sufrió un atentado. El vehículo en el que él transportaba a su jefe y su familia fue interceptado por tres hombres armados con una clara intención de secuestro, según cuenta Miguel. Dispararon al vehículo y Miguel atropelló a uno de los criminales.
Desde entonces su vida cambió. Al vivir Miguel en una zona conflictiva, en una casa muy vulnerable, el miedo creció. Vivió persecución por parte de los delincuentes hasta que un día decidió migrar hacia Estados Unidos con su esposa y dos pequeños.
Dos de sus hermanos se habían marchado hace unos años y ya estaban establecidos en Estados Unidos y le ayudaron económicamente para que partiera. Miguel le dijo a su madre que no llorara su partida, que eso era mejor a terminar en el cementerio, porque ya en Honduras ese era su destino más cercano.
Así huyó Miguel con su esposa de 23 años y sus pequeños hijos.
Tomaron un bus hacia Guatemala y de Guatemala a Méjico. Iban con un guía. Cuando subieron al último bus que los llevaría a frontera de Méjico con Estados Unidos, agentes del Instituto Mejicano de Migración subió al bus y pidió papeles a Miguel y a su niño de 6 años. La niña y la madre no fueron descubiertas.
Allí terminó esa lucha por sobrevivir para Miguel. Su esposa y su niña de 3 años siguieron el camino mientras que él y el pequeño de 6 fueron detenidos y puestos en varios centros de detención en Méjico durante 15 días hasta ser deportados.
Miguel regresó a su barrio controlado por la violencia. El pequeño regresó a su escuela con demasiadas heridas y ahora le pide a su papá que lo intenten de nuevo porque extraña a su hermanita.
La migración ha cambiado a la familia hondureña, las ha dividido y reconfigurado. La familia de Miguel lo vivió cuando sus dos hermanos salieron del país a buscar una vida mejor dejando hijos al cargo de las abuelas. Ahora la familia lo sufre más al verse partida en dos tras fronteras que se hacen impenetrables y la situación de violencia y pobreza que sigue vigente en el país de origen.
Así como Miguel hay miles de personas que se desplazan forzosamente de sus comunidades, muchas veces en primera instancia a otras ciudades y luego dan el salto al norte.
Representantes de las Agencias de las Naciones Unidas, la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y otras organizaciones que integran la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, desarrollaron un levantamiento de información primaria sobre desplazamiento forzado por violencia en Honduras.
La investigación se realizó en un periodo de cuatro meses, en veinte municipios a nivel nacional, con una representatividad del 60 y 70 % de la población en Honduras. En esta destaca que al menos 1 persona de cada familia de las 34 mil familias encuestadas ha migrado dentro y fuera del territorio nacional a causa de la violencia, sumado a esto en un 4% todos y todas los desplazados manifiestan no querer regresar a su lugar de origen y buscar otro lugar donde vivir sea dentro o fuera de Honduras.
Los datos de más alta densidad en violencia e inseguridad que promueve el desplazamiento forzado se ubican en los departamentos de Colón, Cortés y Atlántida, en estas zonas según el reporte también hay gran movimiento del crimen organizado y conflictos territoriales por agro industria, turismo e industria extractiva.
“El desplazamiento forzado es una problemática que día a día se agranda, en Centroamérica, el crimen organizado y otras situaciones de violencia son fenómenos que han afectado la seguridad, en el CIPRODEH a diario recibimos denuncias de situaciones que están provocando que las familias se desplacen”, detalló Ian Quiroz, coordinadora del Proyecto Asistencia y Atención a personas del interés del ACNUR en Honduras, del CIPRODEH.
Entre tanto , Paola Bolognesi representante de la ACNUR refirió que en Honduras el fenómeno del desplazamiento no es masivo, sino que se da gota a gota, ya sean familias o personas, porque de esa forma pasan desapercibidos.
“El desplazamiento ocurre tanto en la zona urbana como en la rural, para el 2009 la cifra de solicitud de asilos de hondureños era de 1500 personas y en el 2013 fue de 4000, siendo Estados Unidos y Canadá los países donde hay más solicitantes”, explicó Bolognesi.
Las historias que el ACNUR ha conocido a través de emigrantes retornados al país evidencian que tanto adultos como niñas y niños antes de salir del país, fueron desplazados por la violencia en más de una ocasión. La migración en estos casos constituye un mecanismo de protección a la vida, la libertad, seguridad y la integridad física.
Unas 19 mil personas que han huido de Honduras, Guatemala y El Salvador por la violencia se han refugiado en Costa Rica y países de América del Norte, según ACNUR. El representante de esta oficina de Naciones Unidas para Centroamérica, Fernando Protti, indicó que desde hace tres años trabaja en los tres países centroamericanos con la población que se desplaza huyendo de la violencia y que ha logrado que sean recibidos en otros países como refugiados.
Honduras sigue en los peores puestos de las listas mundiales. San Pedro Sula, al norte de Honduras, por cuarto año consecutivo se impuso como la ciudad más violenta del mundo. Le siguen llamando la “capital mundial del crimen”, con una tasa de 171.20 homicidios por cada 100 mil habitantes. San Pedro Sula ha sido escenario frecuente de buena parte de las 80 masacres que en 9 meses se perpetraron en Honduras.
"Se registran 282 víctimas en 79 escenas de homicidios múltiples y se han incrementado cuatro eventos en relación al año anterior donde se contabilizaron 75 hechos en el mismo periodo de tiempo", expresó Migdonia Ayestas a medios nacionales hace dos meses cuando presentó estas cifras sangrientas.
Actualmente en Honduras funcionan 14 fuerzas de seguridad del Estado diferentes, tanto que en muchos casos no trabajan coordinadas. El experto en temas de seguidad, Joaquín Mejía asegura que hay dos elementos con el tema de seguridad que marcan la línea del actual gobierno: la militarización y la privatización de la seguridad. En 2015, de acuerdo a la ONU, en Honduras existen entre 70 mil y 150 mil guardias de seguridad frente a 12 mil policías. Un guardia por cada 103 habitantes, pero solo 1 policía por cada 1103 habitantes. Se ha demostrado que la depuración policial ha sido un fracaso, con millones de lempiras invertidos para apenas 7 expedientes de policías enviados al poder judicial. En teoría se han depurado más de 2 mil policías, pero alrededor de 1000 siguen en la policía trabajando aun cuando no salieron bien evaluados en el proceso.
Mejía asegura que la ciudadanía sigue clamando por seguridad, sin embargo las estrategias de seguridad del gobierno son erróneas.
“Se debe reconocer que en cuanto a golpes contra el narcotráfico hubo avances importantes, el acuerdo de extradición con Estados Unidos por ejemplo, sin embargo hay que recordar que una verdadera política de seguridad debe tener cobertura en las diversas violencias que se viven en las calles. Cuando existen esos niveles de inseguridad, lo que tenemos es una ciudadanía de baja intensidad, con miedo a retomar el espacio público como parte de la cultura democrática. El estado de derecho no puede combatir el crimen utilizando los mecanismos de los criminales o reduciéndose a criminales, en ese sentido existen los mecanismos democráticos que son a través de políticas públicas integrales, que tengan continuidad, con normativa adecuada, un presupuesto adecuado pero lo que vemos es la tasa de seguridad que en un 70% va para los militares, sin fortalecer la investigación y la aplicación de justicia”, explicó.
Y el que la militarización no ha funcionado como política de seguridad pública se expresa en los muchos ciudadanos y ciudadanas salen de sus comunidades, barrios o colonias debido a los hechos criminales que ocurren, muchos desplazados y amenazados por maras, crimen organizado o narcotráfico. Y el círculo continúa ya que en toda la ruta del migrante los peligros son constantes.
Alberto Xicontencatl de la casa del migrante en Saltillo, Coahuila en Méjico cuenta que toda la ruta del migrantes es controlada por carteles de la droga, “en esta zona los Zetas y el cartel del Golfo son quienes secuestran, matan y obligan a los migrantes a trabajar en actividades ilícitas”.
La Casa del Migrante constantemente recibe denuncias por el secuestro de migrantes, y como grupos criminales piden hasta 3 mil dólares por su liberación, eso es únicamente el inicio de la odisea que enfrenta la población en tránsito, según Xicontencatl.
Alberto Xicontencatl, concluye diciendo que no existe la capacidad de alentar la migración, ni mucho menos decirle a la gente que deje su lugar de origen. Lo que sí se debe advertir son los peligros que existen en la ruta migratoria.
“Ahora pasar la frontera sur de Méjico es aún más complicado, se siguen poniendo muros para evitar el tránsito de gente, lo que expone más la vida de los migrantes y de las migrantes. Y es ante esta realidad que alentamos a los gobierno centroamericano y especialmente al mejicano y estadounidense a respetar los derechos de la población en tránsito, y crear estrategias para comenzar a brindar oportunidades a la ciudadanía para evitar que migre buscando oportunidades de sobrevivencia que son negadas en sus países de origen”, concluyó.
Violencia territorial
Pero la violencia en Honduras no es tan fácil de identificar ni analizar porque los actores son diversos y los contextos grises. Honduras, a pesar de su riqueza natural es uno de los países más desiguales del mundo.
El desglose de la distribución de los ingresos indica que el 10 % más rico de la población obtiene un 39 % de los ingresos del país, mientras que el más pobre recibe un 11 %. Honduras es el segundo país más pobre del continente americano, con un Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita de 1,000 dólares aproximadamente. Y a la par de esta pobreza, tres de los doce millonarios más importantes de Centroamérica están en Honduras, según una publicación de la revista mexicana especializada Forbes Latinoamérica.
Los valles más ricos y sus costas permanecen en constante conflicto por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas, pero también por el acaparamiento de tierras por un grupo de empresarios y la explotación que estos hacen de las tierras con los monocultivos y el control territorial a través de la violencia. La ley del más fuerte predomina porque es claro en Honduras que el abandono estatal es más notorio en las zonas más ricas en bienes naturales. En estos valles, costas y montañas las instituciones del Estado apenas hacen asomo, en muchas comunidades las familias deben mantener las escuelas, las ONG´s han llegado a instalar servicios básicos como agua potable o letrinas. Esto ocurre en mayor número de casos con poblaciones indígenas y garífunas que conforman una minoría de población, el 13% de la población total del país, pero que llevan cientos de años resistiendo y sobreviviendo en la precariedad.
En Honduras cuando la industria extractiva quiere instalarse encuentran esta falta de Estado y agudiza los conflictos. Las zonas más ricas en recursos naturales son paradójicamente las más empobrecidas. Las personas en estas zonas no tienen acceso a sus derechos básicos: salud, educación, agua potable, energía, y viven relegados para no ser capaces de administrar esos recursos, para no tener el poder de sus comunidades.
Cuando llega la gran industria, promovida por el Estado, la premisa es que generará empleo y desarrollo, hasta la evolución de las culturas, pero ni siquiera el empleo es posible porque la excusa es que "no hay mano de obra calificada", quizá terminen siendo los pobladores esclavos de las empresas, haciendo el trabajo más precario a bajo costo. Esto lo protagoniza la industria minera, la industria del turismo, la agroindustria, etc. Al negar derechos fundamentales y servicios básicos inmediatamente se le niega a la población el poder de administrar sus recursos naturales, de producir y todo es un ciclo.
Cuando las comunidades se resisten vienen los conflictos territoriales que desembocan en migración forzada a la ciudad o al extranjero, violencias que muchas veces terminan en homicidios y más pobreza. Un par de familias logran obtener un buen nivel de vida porque las empresas terminan siendo el Estado (les ponen hospital, seguridad, energía), el "compromiso" hace que en muchos casos la gente le de la salud y la vida misma a estas empresas.
Nahun Lalin de la Organización Fraternal Negra lo vive en carne propia. Él es maestro en La Ceiba y en los últimos dos años ha notado el aumento de niños y niñas que abandonan la escuela porque se van hacia Estados Unidos con sus madres, mayormente. Hay un aumento en las migraciones en las comunidades garífunas y líderes comunitarios catalogan esto como un tercer destierro que ha sido fríamente calculado por los gobiernos neoliberales que respaldan los planes para el desarrollo que generan riqueza a unos pocos empresarios y trasnacionales.
“Primero comenzaron quitándonos el idioma, porque el garífuna solo se enseña en casa, no hay nada escrito y en las escuelas hasta hace poco logramos que se reconociera para que se enseñara. Luego la migración de la juventud por la falta de empleos, a pesar de estar en zona turística y con proyectos turísticos en auge, hizo que los jóvenes fueran cambiando nuestra cultura, ya no vestían con nuestros trajes típicos y las estructuras de las casas fueron cambiando, ya no como las hacían nuestros ancestros”, dice Lalin.
Por eso en comunidades como Triunfo de la Cruz, Tornabé, San Juan en Tela y Sambo Creek en La Ceiba hay muchas casas grandes, con una estética notablemente extranjera, pero vacías, o sin terminar porque el sueño americano era para regresar en mejores condiciones a sus comunidades, pero la situación es peor y la opción es irse con todo y familia, abandonar el sueño del retorno a la tierra que los vio nacer.
“Los niños y niñas ya no están motivados en las escuelas porque dicen que si van a la escuela, les da igual si pasan o no porque seguramente su destino próximo es irse”, cuenta Lalín. Un hombre garífuna muy joven que cree que vale la pena quedarse a luchar por sus tierras y la cultura que les han heredado sus ancestros.
Los conflictos en las comunidades garífunas se han agudizado por la instalación de megaproyectos turísticos como Bahía de Tela, o el impulso del actual gobierno para que se instalen Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDES), una de ellas planificada para desarrollarse en Punta Castilla, La Ceiba y Baja Mar en Cortés, donde por 218 años han habitado comunidades garífunas.
Armando, vicepresidente de la comunidad Barra Vieja en Tela, Atlántida dice que los constantes desalojos y las presiones para que vendan sus tierras para expandir los mega proyectos turísticos han hecho que los ancianos y ancianas tengan que desplazarse a comunidades menos conflictivas o donde haya servicios públicos de salud porque han enfermado de los nervios o el corazón, según cuenta. Muchas madres han partido con sus hijos e hijas hacia Estados Unidos porque los más pequeños sufren traumas por la presencia policial, militar y de la seguridad privada que los intimida.
Un garífuna sin tierra no es un garífuna, dice Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra (Ofraneh). “Por eso nos quieren quitar la tierra porque el territorio para nosotros es sagrado. Dicen que no lo producimos porque no le metemos monocultivo de palma africana, pero hemos vivido armónicamente con la tierra y el mar por más de 200 años y nos hemos reproducido aquí, hemos hecho comunidad. Ahora nos quieren quitar estas riquezas, desplazándonos a la fuerza”, dice Mirian.
En Bahía de Tela los conflictos tienen diversidad de actores. Son 5 comunidades a la orilla de la playa donde se han establecido los garífunas las que serían afectadas por estos megaproyectos cuyos dueños van desde reconocidos empresarios, políticos hasta narcotraficantes.
Uno de los casos es la reserva protegida Punta Isopo cuya mitad es privada y manejada por la familia Facussé, una de las más ricas del país. Con la excusa de la preservación ambiental, Facussé se ha apoderado de zonas núcleo tanto en Tela como en Trujillo y Zacate Grande en el sur de Honduras. En Punta Isopo, a pesar que la convención 169 de la OIT establece el respeto a los caminos ancestrales, los garífunas no pueden ni acercarse a las playas porque hay fuerte presencia de hombres armados que vigilan la zona e intimidan a los visitantes. Además en un pequeño cerro de Punta Isopo hay un helipuerto donde miembros de la comunidad Triunfo de la Cruz aseguran se presta para actividades ilícitas. En esta zona crece la caña brava con la que antes construían sus chozas los garífunas, ya no pueden ir por ella al cerro.
En la misma zona, en territorio ancestral de la comunidad Triunfo de la Cruz, donde funcionaba la cooperativa de mujeres “El Esfuerzo”, se encuentra el proyecto turístico Punta Isopo Resort. Para instalarse todos los cultivos de yuca que las mujeres tenían fueron destruidos. Esta al ser una tierra ancestral, no puede ser invadida, por lo que la comunidad organizada denunció al proyecto ante la fiscalía en Tela, Atlántida. El desarrollo del proyecto se paró por un solo día y luego siguió funcionando con fuerte presencia de hombres armados. La amenaza en este caso es el reconocido cartel del narcotráfico “Los Cachiros” que han controlado el territorio en la zona atlántica y del valle del Aguán por muchos años, según denuncian miembros de la comunidad.
A esta conflictividad se le suma el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que actúan en defensa del capital nacional y trasnacional. En Barra Vieja, Tela Atlántida, la comunidad fue desalojada por militares en dos ocasiones y los abusos militares han sido denunciados por las comunidades.
La violencia que generan estas invasiones en el territorio, que es sagrado para el pueblo garífuna, ha producido la migración forzada de cientos de niños con sus madres y hombres jóvenes de la comunidad.
Milton Cacho, un líder comunitario, quedó solo al irse su esposa y su hijo en un viaje donde dos buses transportaron a las personas que iban huyendo de esta realidad hacia Estados Unidos el año pasado. Milton dice que quienes se quedan se exponen a lo peor, con tantos actores queriendo apoderarse de sus tierras, pero hay muchos que se quedan ateniéndose a las consecuencias. Su esposa e hijo tienen un mejor futuro allá, dice Milton, porque aunque en Estados Unidos la crisis también ha afectado, aun así, es mejor que vivir en Honduras.
En diciembre de 2015, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al derecho a la tierra del pueblo garífuna en el caso Triunfo de la Cruz.
Alianza para la prosperidad
En 2014 se mediatizó la situación migratoria de niños y mujeres hondureñas hacia Estados Unidos, tratando de “mejorar la situación de los países expulsores”, los gobiernos del triángulo norte se reunieron con el gobierno estadounidense y crearon el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo norte de Centroamérica que en principio generaría oportunidades para que las personas no huyan de sus países.
Los promotores del Plan aseguran que se busca generar condiciones para que la gente se quede, y eso se lograría a través de proyectos turísticos, de la agroindustria, minería, etc. El Proyecto Bahía de Tela es fuertemente apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de esta alianza, inicialmente planificada para evitar las migraciones pero que tiene como consecuencias, por ejemplo, el destierro de las comunidades garífunas.
El padre Alejandro Solalinde, director de un albergue para migrantes llamado Hermanos del Buen Camino en Iztepeq, Oaxaca, asegura que últimamente los grupos vulnerables de Centroamérica están migrando masivamente, no solo los menores, también población originaria como los garífunas de Honduras.
“Nunca había visto tanto flujo migratorio de garífunas de Honduras, jamás había visto una cantidad así, esto es una señal de la migración se ha agravado y que es ocasionado por el sistema neoliberal capitalista. Aquí lo importante es pensar en el ser humano, este sistema está mandado por el capital financiero, este ha hecho que nos deshumanicemos”, dijo Solalinde.
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Subiendo un poco más por el territorio hondureño nos encontramos con el Valle del Aguán en el departamento de Colón, una zona militarizada y donde en los últimos 6 años han sido asesinados 144 campesinos y 16 guardias de seguridad. Tres terratenientes: Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales y el control de carteles del narcotráfico orillan a la población abandonada por las instituciones del Estado a vivir entre la espada y la pared.
En el artículo: Se derramó la copa ¿por qué tantos migrantes?, el padre Ismael Moreno, SJ lo explica así:
“Hace 22 años, un buen grupo de dirigentes de varias de las cooperativas de palma africana del fértil Valle del Aguán, beneficiarios de la reforma agraria impulsada en los años 70, entró en arreglos con el exitoso empresario Miguel Facussé, quien ingeniosamente se había apropiado de fondos del Estado destinados al incentivo de la industria. Con dineros bajo la mesa para esos dirigentes, Facussé se quedó con inmensas tierras para el cultivo de palma africana en el Aguán.
Este empresario, de ascendencia árabe, no solo se apropió de fondos de la estatal empresa Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), a la que llevó a la bancarrota a comienzos de los años 80, sino que logró que se le condonaran las deudas que había adquirido con el Estado por nuevos empréstitos para impulsar lo que él denominó “Plan para la Transformación de Honduras”.
Los dirigentes cooperativistas del Aguán se embolsaron unos poquitos millones de lempiras, que muy pronto despilfarraron en parrandas sin control y Facussé se convirtió en el mayor productor de palma africana del país y en el principal abastecedor de este producto en el mercado internacional, mientras miles de familias cooperativistas debieron conformarse con unos cuantos miles de devaluados lempiras, refugiándose en la economía informal. Emigraron hacia las laderas del valle y muchos de los más jóvenes, especialmente las muchachas, se trasladaron al Valle de Sula, en donde comenzaba a florecer la industria maquiladora bajo el control mayoritario de implacables patrones coreanos. Comenzaba así el “derrame” neoliberal. Muchos de los niños migrantes tienen padres o madres que experimentaron la pérdida de sus tierras en aquellos años.”
La situación de conflicto se agudizó cuando en 2008 hijos de esta generación de campesinos que fue engañada por los terratenientes, comenzaron un proceso de recuperación de tierras en diferentes municipios de Colón. El Estado respondió con mayor represión a través de la operación Xatruch II y los empresarios con sus grupos armados de seguridad privada.
La pobreza extrema producto del monocultivo y las pocas oportunidades de empleo se sumó a la desesperación de la gente que no ha podido vivir en paz desde ese entonces.
Así muchas personas comenzaron a migrar, pero otras que han decidido quedarse luchan contra esa dinámica de violencia y represión con el riesgo de ser asesinadas y criminalizadas.
Violencia de Género
En este contexto, las mujeres son sobrevivientes de más formas de violencia o de varias caras de la misma.
En la región más peligrosa de uno de los países más violentos del mundo, la dirigente social Margarita Murillo fue asesinada por la espalda mientras sembraba la tierra. A un año de este hecho, que no solo enlutó a la familia de Murillo, sino al movimiento social de Honduras, la impunidad se apodera del caso.
Kenia Murillo, la única hija que quedó en Honduras tras su muerte, ya que los 3 restantes emigraron, sigue tocando puertas exigiendo justicia.
“Mi mamá sabía que la iban a matar, ella decía que andaba las tablas en el lomo, incluso ella se cuidaba, pero estuvo seis meses inactiva, se salió del Frente y de toda organización tras sufrir un derrame cerebral para poder descansar. Y allí cuando descansaba, en sus tierras donde esperaba que la semilla de pepino naciera, es que a ella la matan”, dijo.
Toda su vida Margarita concienció a sus hijos e hijas de que debían ser fuertes cuando ella faltara, pero Kenia dice que ha sido un gran golpe en su vida haberla perdido de esa manera.
“No todos los días una se levanta con los ánimos para seguir. Yo ya no pude seguir sembrando en las tierras que cultivábamos con ella, no he querido volver y hasta perdí la inversión que había puesto allí”, cuenta Kenia quien poco sale de la casa por miedo de que la persigan por su insistencia en exigir que el caso de Margarita se resuelva.
Actualmente el caso de Murillo lo llevan en la Unidad de Crímenes de Alto Impacto en la ATIC en Tegucigalpa. Organizaciones como el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), el Foro Social del Valle de Sula y el Foro de Mujeres por la Vida, han acompañado a Kenia en su insistencia porque se investigue y condene a los responsables del crimen de su madre.
Carol Reyes, del Foro de Mujeres por la Vida dice que es una preocupación que el Estado solo considere el asesinato por razones de conflicto de tierra desconociendo los riesgos que Murillo tenía como defensora de derechos humanos, fundadora del Frente Nacional de Resistencia Popular durante el momento de más fuerte represión estatal contra disidentes.
Murillo es asesinada en un contexto de violencia que se ensaña con las mujeres y su caso sigue la ruta de un sistema de justicia que además de no ser confiable también maltrata a las víctimas, especialmente si son mujeres.
Es asesinada en medio de un problema agrario que sigue cobrando la vida de campesinas y campesinos pero también es asesinada por varios disparos en un país con más de 1 millón y medio de armas, la mayor parte ilegales, en manos de hombres. Es asesinada en un país donde cada 16 horas una mujer diferente sufre su mismo destino.
Neesa Medina del Centro de Derechos de Mujeres explica como las mujeres se convierten en botín de guerra. En Honduras hay miles de hombres armados, hombres en el ejército, en la policía pero también en las más de 6 mil empresas de seguridad privada donde no hay algún tipo de control de armas y municiones. Esas armas después de la jornada laboral van a las casas donde estos hombres han infundido el terror en sus familias por años. Ahora estos hombres están armados.
La impunidad y la violencia se entroncan en el sistema patriarcal dice Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida. Es en este sistema del más fuerte, donde la mujer ha sido replegada por tantos años, y donde la violencia se ensaña y la impunidad permite la repetición y el aumento de estos hechos.
Según un mapa de violencias contra las mujeres, el 17% de las violencias registradas por los medios de comunicación no llegan a denuncias. La desconfianza en la policía y el sistema judicial es tal que cada vez menos mujeres denuncian las violencias que viven en sus hogares, en las calles y en sus luchas territoriales.
“La violencia se ensaña con nosotras porque las mujeres estamos en todas las luchas”, dice Jessica Trinidad de la Red de Defensoras de Honduras que ha registrado la violencia de la que sobreviven las defensoras en los territorios. Trinidad asegura que han descubierto que el 80% de las defensoras que sufren represión en las calles por sus luchas contra la minería, megaproyectos turísticos o exigiendo acceso a la tierra, también sufren represión dentro de sus casas. No hay lugar seguro para las mujeres.
"Las hondureñas vivimos con el terror de ser asesinadas en un país que mantiene índices de violencias similares a una guerra. Para el 2013, según fuentes oficiales, se redujo el número de homicidios de hombres, aumentó el de mujeres asesinadas pues la tasa pasó de 2.7 en el 2005 a 14.6 en el 2013”, expresaron las organizaciones feministas en Méjico.
Al inicio de la llamada “crisis humanitaria” de los miles de niños, niñas y mujeres masivamente deportados a Honduras, el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) recibió 2 vuelos con unidades familiares, mujeres con pequeños niños desde 0 a 10 años.
En uno de estos vuelos venía Paula, originaria de la ciudad de El Progreso, Yoro quien fue deportada un vuelo que trajo a más de 200 migrantes, 40 de ellos mujeres. No es la primera vez que Paula era deportada, hace un par de meses intentó cruzar frontera pero corrió con la misma suerte.
Ella forma parte de los dos millones de desempleados. Por mucho tiempo buscó empleo sin tener respuestas favorables, fue allí donde la idea de migrar se presentó.
En ambos intentos la suerte ha sido la misma, detenida en la frontera de Estados Unidos-Méjico y retornada a Honduras aún con más frustraciones. En su primera deportación recuerda claramente como equipo del gobierno llegó a las instalaciones del CAMR prometiéndoles una fuente de empleo y formación a través del Infop (Instituto de Formación Profesional), pero esa promesa jamás se cumplió.
“Son puras promesas, nada más promesas. Mientras ellos estén bien no les importa lo que vive el pueblo. Aquí Juan Orlando Hernández no se cansa de repetir que en Honduras hay trabajo. Señor Presidente, dígame ¿dónde están esos empleos? Dice que estamos seguros, lo reto para que vaya a mi colonia, no hay día de Dios que no maten a una persona, no hay día de Dios que la gente no sea asaltada, dónde está la seguridad, dónde están los empleos, conteste señor presidente”, dice indignada y con rabia Paula.
A pesar de los múltiples peligros existentes en la ruta hacia el norte, Paula se despidió diciéndonos tajantemente: “la otra semana me voy, no me quedaré aquí donde no existen oportunidades”.
Cuando vimos a Blanca, su desesperación nos llamó la atención. Luego de varios minutos se acercó y nos pidió el teléfono prestado. “Hágame un favor, tengo que llamar a Estados Unidos, un amigo prometió mandarme un dinero para poder regresar a mi comunidad”. Al igual que Paula, ella intentó cruzar frontera con la esperanza de conseguir un empleo en Estado Unidos. “Soy una persona que supera los 35 años, y aquí eso parece un pecado, no puedo conseguir un trabajo y tengo que mantener a mis hijos”.
Ella es originaria de la comunidad de La Flecha en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, al occidente hondureño. Recuerda que en meses anteriores el mismo presidente llegó a su sector prometiendo la entrega de hornillas para las amas de casa- “Yo estaba alegre porque con la entrega de esa ayuda podía poner un negocio para generar ingresos al hogar, pero esa hornilla solo quedó en puras promesas, puras pajas”.
Blanca nos dice que si no encuentra trabajo nuevamente intentará de nuevo dar el salto.
Suyapa Gonzáles, una joven que no sobrepasa los 30 años fue deportada cuando cruzaba la frontera de Estados Unidos. Luego de estar 7 años desempleada, ya que su último trabajo fue como operaria en una maquila donde se organizaron para exigir que se les respetara los derechos laborales, se vio obligada a buscar otros destinos para poder alimentar a dos hijos. Suyapa es madre soltera.
Para ella, la gente en Honduras huye debido a la inseguridad y el hambre que enfrentan miles de familias.
“Al no existir oportunidades somos obligados a irnos de nuestros hogares, abandonar la familia y encontrar suerte lejos de nuestros seres queridos. Cuando llegamos al centro de detención nos decían por qué los hondureños insisten en migrar cuando su presidente dice que allá las cosas están bien- Es inaceptable que Juan Orlando vaya a mentir, cuando en Honduras todas las cosas están mal, la gente no se va porque quiere, sino que es obligada”, dice Suyapa con rabia en sus palabras que conformaban un presagio. Suyapa probablemente se vaya de nuevo y tal vez nunca vuelva.
Así se mueve la sociedad hondureña, entre la conflictividad que genera un Estado corrupto, élites económicas y políticas que acaparan la riqueza y una frontera que cada vez se mueve más al sur, acorralándola entre la violencia y la desesperación.
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