En los últimos días, los agentes de El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) han arrestado y luego deportado decenas de personas que forman parte de familias Centro Americanas que buscan refugio de la violencia extrema y de las terribles condiciones económicas en sus comunidades de origen. El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson ha calificado la medida como parte de un esfuerzo para “asegurar” la frontera de Estados Unidos y ha anunciado que “operaciones adicionales de este tipo continuarán ocurriendo según corresponda.”
Estas redadas son el último capítulo de lo que sólo puede ser descrito como una prolongada guerra del gobierno de Estados Unidos sobre las familias migrantes, específicamente las familias que vienen de las zonas más peligrosas y económicamente desfavorecidas de América Central.
A raíz de la protesta pública generada por la detención masiva de los niños migrantes de América Central durante el verano de 2014, el gobierno de EE.UU. recluto fuerzas de seguridad de México para llevar a cabo el trabajo sucio de detener y repatriar agresivamente a los inmigrantes que huyen de la violencia desenfrenada y la pobreza en Honduras, Guatemala y el Salvador (países denominados colectivamente como el “Triángulo Norte”). Con promesas de ayuda económica, EE.UU. luego presionó con éxito a los gobiernos del Triángulo del Norte de utilizar sus fuerzas de seguridad para reprimir aún más la migración hacia los EE.UU.
El gobierno de Estados Unidos también se ha involucrado en una militarización sin precedentes de su frontera sur – como el Secretario Johnson orgullosamente declaró, es “el mayor despliegue de vehículos, aeronaves, barcos y equipo a lo largo de la frontera suroeste en los 90 años de historia de la Patrulla Fronteriza.”
Pero, como el reciente aumento en las detenciones fronterizas ha demostrado, todas estas medidas agresivas no lograron frenar la migración desde Centroamérica. Sólo han tenido éxito en impulsar a los migrantes de viajar de manera más clandestinas, lo cual los expone aún más a la extorsión, violación, secuestros y agresiones físicas en su camino hacia el norte. Los migrantes están plenamente conscientes de los riesgos planteados por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad abusivas y saben que miles de personas han muerto o desaparecido viajando a través de México y hacia los Estados Unidos. Sin embargo, las horribles condiciones en sus comunidades siguen siendo una peor alternativa.
Las últimas redadas – dirigidas a una población inmigrante que funcionarios de la ONU y otros han descrito como compuesta en gran parte de refugiados -son parte de un esfuerzo cínico para que la migración centroamericana no se convierta en un tema divisivo que avergüence a la administración en un momento políticamente crítico.
Debe quedar claro a estas alturas que las redadas de deportación no desalientan la migración futura o resuelven la crisis que impulsan a las personas a abandonar sus hogares.
En cambio, los EE.UU. tiene que abordar realmente las causas fundamentales de la migración centroamericana. Para ello se requiere a los encargados políticos de analizar las políticas existentes de Estados Unidos hacia la región, que han tenido y siguen teniendo un enorme impacto en sus habitantes: la guerra contra las drogas y las políticas económicas que aumentan la pobreza, destruyen los medios de vida tradicionales y dan lugar al desplazamiento forzado de las comunidades.
La violencia que azota el Triángulo del Norte está directamente relacionada con la guerra militarizada de drogas que los EE.UU. ha estado promoviendo en la región durante más de una década. El gobierno de Estados Unidos ha inyectado cientos de millones de dólares en las fuerzas de seguridad que tienen una larga historia de abuso, corrupción y complicidad con el crimen organizado en América Central y México. La respuesta militarizada al tráfico de drogas ha llevado a una explosión de la violencia armada, que ha alcanzado niveles insoportables en las comunidades pobres.
La pobreza y la falta de trabajo decente reflejan el fracaso de un modelo de desarrollo que reduce las regulaciones del mercado y de trabajo para atraer la inversión extranjera directa que termina beneficiando a unos pocos, y erosiona los servicios del sector público.
Lamentablemente, el reciente Plan de la Alianza para la prosperidad respaldado por los EE.UU – oficialmente diseñado para abordar las causas fundamentales de la migración centroamericana – contiene medidas conocidas por experiencia de exacerbar los problemas claves de la región al generar una mayor inestabilidad económica- por ejemplo, a través de la privatización, y de mega-proyectos ambientalmente destructivos y la extracción de recursos a gran escala- e igualmente al profundizar tácticas contraproducentes en la guerra contra las drogas.
Con una mentalidad ofensiva por motivos políticos, la administración de Obama ignora las formas en que sus propias políticas están impulsando el éxodo. Lo hacemos a nuestro propio riesgo, y a al riesgo de miles de niños que tienen todo el derecho a crecer en un ambiente seguro y amoroso.
El Secretario Johnson cita la necesidad de “hacer cumplir la ley en consonancia con nuestras prioridades.” Tanto la legislación nacional e internacional son claras en el derecho de asilo a través de audiencias completas con una representación legal adecuada. Estos derechos se les niega a los centroamericanos, cuyas vidas están en peligro.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene el descaro de concluir su declaración justificando los ataques con la frase, “nos empeñamos en hacerlo consistente con los valores estadounidenses, y los principios básicos de la decencia, la justicia y la humanidad”. Desde todos los ángulos, estas redadas no son ni justas ni decentes ni humanas.
Por estas razones, nosotros, las organizaciones abajo firmantes que trabajamos en los ámbitos de los derechos humanos, la solidaridad con América Latina, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres y políticas justas extranjeras, hacemos un llamado para la protección humanitaria de los migrantes centroamericanos a través del alivio administrativo y para el cese inmediato de las redadas. También instamos a la Administración y los responsables políticos de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las políticas estadounidenses hacia América Central que han contribuido a las condiciones que obligan a las familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, y las cuales violan sus derechos humanos en el momento de llegar a los Estados Unidos.
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