Estimado Embajador Nealon:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la situación urgente de los sindicalistas en Honduras, quienes siguen enfrentando amenazas de muerte y otras formas de intimidación. Solicitamos respetuosamente que se comunique con las autoridades hondureñas, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pide inmediata acción para solucionar con eficacia a esta crisis.
A lo mínimo 31 sindicalistas han sido asesinados desde el golpe militar de 2009. La AFL-CIO informa que nueve ataques violentos contra sindicalistas hondureños han sido cometidos sólo en el 2015. Estos ataques incluyen el asesinato en junio de Héctor Orlando Martínez Motiño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). A él se le había concedido las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con informes de los medios de comunicación, él era el decimocuarto persona con medidas cautelares que había sido asesinado. Su asesinato pasó 69 días después de la desaparición forzada en abril de Donatilo Jiménez Euceda, quien era un ex presidente de este mismo sindicato en el Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) en La Ceiba.
Más recientemente, las amenazas se han acelerado en contra de la administración de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Agroindustriales (FESTAGRO, anteriormente COSIBAH). Como es de su conocimiento, FESTAGRO es uno de los grupos claves nombrados en un informe publicado en 2015 por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que detalla serias problemas con respecto a la falta de aplicación efectiva de las leyes laborales en Honduras.
El 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2015, Tomás Membreño Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), un sindicato afiliado a FESTAGRO, recibió amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia. En tres ocasiones distintas desde el 25 de octubre, vehículos sin placas han visitado la casa de Nelson Geovanni Nuñez Chávez, Asesor Técnico de Organización de FESTAGRO; supuestamente sacaron fotos y aterrorizaron a su esposa. El 6 de diciembre, desconocidos preguntaban sobre su paradero en el domicilio de un miembro de su familia, mientras que sus hijas estaban presentes. Toda la familia ha tenido que abandonar su hogar.
Estos incidentes recientes no son la primera vez que miembros del personal de FESTAGRO han estado bajo amenaza. En 2014, José María Martínez, Director de Comunicaciones para FESTAGRO, se vio obligado a huir del país después de haber recibido numerosas amenazas de muerte a lo largo de 2013 y 2014.
Las autoridades hondureñas no han actuado con eficacia en ningunos de estos casos. Creemos que el Plan de Monitoreo y Acción de los Derechos Laborales que ha sido recientemente anunciado es un paso positivo. Sin embargo, la implementación del plan tomará tiempo, y no se dirige a todos los aspectos de la crisis de derechos laborales en Honduras. Mientras tanto, las amenazas contra sindicalistas exigen acción inmediata.
Dado lo anterior, le urgimos a que comunique su preocupación sobre estas amenazas contra activistas de derechos laborales al gobierno de Honduras, y que presione al gobierno para denunciar estos ataques. Además, le urgimos pedir al gobierno hondureño que inmediatamente ofrezca protección a Tomás Membreño y Nelson Nuñez según sus preferencias, si lo solicitan. Además, le pedimos que reitere la importancia de las investigaciones criminales, los procesamientos y las condenas de los perpetradores de cada uno de estos casos, todos los cuales permanecen en la impunidad.
Es imperativo que el gobierno de Estados Unidos apoye a los trabajadores quienes están sufriendo represalias por ejercer sus derechos básicos de libertad de asociación y por denunciar violaciones de las leyes laborales de Honduras. Apreciamos su consideración seria e inmediata de estas solicitudes, y esperamos con interés las noticias de las acciones que el E.E.U.U. toma al favor de estos sindicalistas amenazados.
Sinceramente,
Farr Sam
Miembro del Congreso
Jan Schakowsky
Miembro del Congreso
Cc: Julie Schecter Torres, Jefe Adjunto de Misión
Ian Brownlee, director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de EE.UU.
Charles Blaha, Director de Asuntos del Hemisferio Occidental, la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo, del Departamento de Estado
Dear Ambassador Nealon:
We are writing to express our concern regarding the urgent situation of trade unionists in Honduras, who continue to face death threats and other forms of intimidation. We respectfully request that you contact the Honduran authorities, including the Attorney General’s Office and the National Human Rights Commission, and ask that they act immediately to effectively address this crisis.
At least 31 trade unionists have been killed since the 2009 military coup. The AFL-CIO reports that nine violent attacks against Honduran trade unionists occurred in 2015 alone. These attacks include the June assassination of Héctor Orlando Martínez Motiño, President of the Workers Union for the Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP) and Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). He had been granted protective measures by the Inter-American Commission on Human Rights, and according to media reports, he was the 14th person with protective measures who has been assassinated. His murder occurred 69 days after the April forced disappearance of Donatilo Jiménez Euceda, who was a former president of this same union at Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) in La Ceiba.
Most recently, threats have accelerated against the staff of the Federation of Unions of Agro-Industrial Workers (FESTAGRO, formerly COSIBAH). As you know, FESTAGRO is one of the key groups named in a 2015 U.S. Department of Labor report that details serious concerns regarding the lack of effective enforcement of labor laws in Honduras.
On August 31 and September 3, 2015, Tomás Membreño Pérez, president of the agricultural workers union, Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (STAS), a union affiliated with FESTAGRO, received death threats targeting him and his family. On at least three separate occasions since October 25, vehicles without license plates have visited the home of Nelson Geovanni Nuñez Chavez, FESTAGRO’s Technical Advisor for Organization, and have reportedly taken pictures, terrifying his wife. On December 6, strangers inquired about his whereabouts at the home of a member of his extended family while his young daughters were present. The entire family has had to abandon their home.
These recent incidents are not the first time that members of FESTAGRO’s staff have come under threat. In 2014, José María Martínez, Director of Communications for FESTAGRO, was forced to flee the country after he received numerous death threats throughout 2013 and 2014.
Honduran authorities have failed to act effectively in all these cases. We believe that the recently announced Labor Rights Monitoring and Action Plan is a step in the right direction. However, the implementation of the plan will take time, and it will not address all aspects of the labor rights crisis in Honduras. Meanwhile, threats against trade unionists require immediate action.
As such, we urge you to communicate your alarm about these threats against labor activists to the Government of Honduras, and to press the government to denounce these attacks. We further urge you to ask the Honduran government to immediately offer protection to Tomás Membreño and Nelson Nuñez in the form of their own choosing, if they request it. In addition, we request that you reiterate the importance of effective criminal investigations, prosecutions, and convictions of the perpetrators in each of these cases, all of which remain in impunity.
It is critical that the U.S. government speak out in support of workers who are facing retaliation for exercising their basic rights to freedom of association and for denouncing violations of Honduran labor law. We appreciate your serious and immediate consideration of these requests, and we look forward to hearing what steps have been taken on behalf of these threatened unionists.
Sincerely,
Sam Farr
Member of Congress
Jan Schakowsky
Member of Congress
Cc: Julie Schecter Torres, Deputy Chief of Mission
Ian Brownlee, Director of the Office of Central American Affairs, U.S. Department of State
Charles Blaha, Director of Western Hemisphere Affairs, Bureau of Human Rights, Democracy, and Labor, U.S. Department of State
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