Por Sergio Zavala Leiva
Las masacres fueron el punto negro este año en el país. foto: la prensa
Nuestro sistema legal considera a los diputados como representantes del pueblo en la gestión y administración de la cosa pública, obligados a velar por el interés general de los ciudadanos dentro de la ética de servicio al pueblo y no hacia sus propios intereses particulares o de grupo partidista. Por eso nos ha llamado la atención la manera en que se alcanzó la fórmula que le dio al oficialismo la mayoría simple para alcanzar aquel objetivo, lo cual ya se volvió sistémico al ausentarse maliciosamente unos y votar otros sin ningún rubor como “bancada independiente”, lo que a criterio de Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), fue un acto amañado.La reciente elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional para el período 2016-2018 nuevamente puso de manifiesto la debilidad de nuestro sistema democrático, y las marrullerías de nuestros políticos y diputados, tanto oficialistas como de la llamada oposición, que a través de dos honorables parlamentarias se han acusado mutuamente de haberse coludido con el partido de gobierno para darnos “atol con el dedo”, y mantener durante los próximos dos años el control de aquel poder del Estado.
Nuestra Constitución Política establece el principio conocido como “Pesos y Contrapesos”, que destaca la complementariedad de los tres poderes del Estado sin relaciones de subordinación entre sí para contribuir a la institucionalidad de nuestra nación, y evitar el fortalecimiento de las personas que por hoy detentan el poder. Por contra, en un gobierno sin controles, sin equilibrios y sin los contrapesos de los tres poderes del Estado los actos de los gobernantes se vuelven autoritarios como es el caso de la realidad hondureña, al obtenerse por el arte del birlibirloque el control del legislativo, tal como se ha hecho en el caso señalado, el cual se convierte en correa de transmisión de las iniciativas del ejecutivo, propiciándose el poder absoluto, lo que Montesquieu advierte en El Espíritu de las Leyes, que debería ser de obligada lectura para nuestros diputados y diputíteres.
La política –siguiendo a Aristóteles- es el arte de servir al pueblo, de hacer obras de beneficio social para fortalecer la institucionalidad y la democracia, en un afán de gobernar en forma justa y no con amaños que más bien nos desestabilizan y nos retratan como un país de desalmados, al deformarse la voluntad soberana por esta inicua vía que ya se volvió costumbre. Y aún faltan elecciones importantes, como la del más alto tribunal de justicia del país, que por lo visto seguirá el mismo tortuoso modus operandi.
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