Si le preguntaran hoy, días antes de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿qué intereses cree usted que protegen los magistrados, jueces y fiscales? ¿qué respondería? El 70.31% -7 de cada 10 encuestados- respondió en el Sondeo de Opinión Pública recientemente realizado por el ERIC, que los intereses de los ricos y poderosos, un 19.36% que los intereses de la sociedad y un 7.96% que los intereses de los corruptos. Estos son datos preliminares que adelantamos a la presentación oficial que será el 26 de enero.
Estos datos reflejan lo que a lo largo del proceso de selección de al menos 45 candidatos ha realizado la Junta Nominadora para presentar al Congreso Nacional para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia. Es alarmante que la mayoría de la población exprese desconfianza en uno de los procesos que más importancia tienen cuando de Honduras se trata, el país con altas tasas de impunidad y violencia de la región.
Analistas han coincidido que la elección de la CSJ es clave para saber si este país tendrá 7 años más de impunidad imperante.
El proceso de selección de la CSJ en Honduras es uno de los más avanzados en la región, que comienza con la labor de una Junta nominadora que debe representar a los diversos sectores de la sociedad, sin embargo ese no es el sentir de la población encuestada en el sondeo del ERIC.
Cuando se le preguntó a los encuestados si creían que los magistrados de la nueva CSJ serán elegidos en un proceso limpio y transparente, solamente el 7.80% dijo que sí, mientras un 87.59% dijo que un proceso manipulado por los políticos.
El abogado y ex juez de sentencia, Ramón Barrios interpreta este sentir de la sociedad frente al proceso de selección de la CSJ, como no transparente.
“Las audiencias públicas de la Junta nominadora, han sido orientadas más bien a solo un sentido ético sin tener preguntas que indiquen que los magistrados tendrán independencia de los otros poderes del Estado, especialmente de la presidencia de la república”, expresó.
Después del golpe de Estado en 2009, con la llegada de Juan Orlando Hernández a la presidencia del Congreso Nacional, desde donde ejerció un golpe técnico contra la Sala de lo Constitucional de la CSJ en 2012 para remover magistrados que le eran incómodos y colocar los suyos, y en 2014 su llegada a la presidencia de la república, la independencia entre poderes del Estado ya no es una realidad y es lo que más preocupa a miembros de sociedad civil que vigilan el nuevo proceso de elección de la CSJ.
“Lo que necesita el país es que los magistrados sean profesionales con conocimientos jurídicos del quehacer de la magistratura de la CSJ, éticos, y lo más importantes es que sean independientes”, dijo Barrios.
La peor Corte de la historia
La actual Corte Suprema de Justicia jugó un papel nefasto en la historia de Honduras, según Barrios y citó tres ejemplos de ellos:
- Avaló el golpe de Estado de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
- Avaló el golpe técnico a la Sala de lo Constitucional en 2012 perpetrado por el actual presidente de la república al no ser obedecido por los magistrados en lo que a temas como las Zonas Especiales de Desarrollo, extradición y Policía Militar, se trataba.
- Declaró inconstitucional la Constitución de la República, al aprobar la reelección presidencial.
Varios de estos magistrados se están reeligiendo en el actual proceso, y éstos además lograron que se condenara a Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la destitución de 3 jueces y una magistrada en el marco del golpe de Estado.
Dennis Muñoz, miembro de organizaciones de Derechos Humanos que no se sienten identificadas con la representación de la sociedad civil en la Junta Nominadora, asegura que a pesar que el proceso de selección podría ser evolucionado, abierto y transparente, lejos de eso en el marco de la elección de las juntas nominadoras, indica que no logramos tener una CSJ independiente, que deje precedentes de imparcialidad y justicia.
“Lejos de eso lo que tenemos es un poder de justicia que solo garantiza los canjes, compras y canonjías de justicia. La CSJ que vamos a elegir ahora es viciada porque la junta nominadora fue cooptada por los intereses que controlan la institucionalidad para comprar 7 años de boletaje de impunidad. Ese es el real escenario. La junta fue cooptada de manera muy perversa por organizaciones de sociedad civil que nunca en los últimos 25 o 10 años habían participado en la elección de la CSJ, fueron usados por los poderes y las élites del país vinculadas al crimen organizado”, denunció Muñoz.
Por su parte, Jorge Machado, de la Confraternidad Evangélica, uno de los representantes de la sociedad civil en la Junta Nominadora asegura que se ha realizado un proceso transparente y que ahora le toca al Congreso Nacional (CN) pasar su filtro “porque no todo proceso es perfecto”.
“Con la entrega del listado termina nuestra labor y comienza la del CN, por eso la estamos entregando con tiempo, dos semanas antes para que el CN tenga tiempo suficiente para evaluar los candidatos que les estamos presentando, debatir, que el pueblo hondureño los conozca con tiempo para presentar denuncias si tiene bien a serlo, aunque ya hubo dos filtros en la junta nominadora pero los procesos no son perfectos y el CN puede hacer su propia evaluación y filtro interno con tiempo de valoración, eso nunca lo ha tenido los procesos anteriores porque solo 24 horas han tenido los diputados para valorar los candidatos, entonces eso daba paso a arreglos políticos”, dijo.
La Embajada también metió mano
En diciembre de 2015, el embajador de Estados Unidos James Nealon entregó una lista de candidatos a la CSJ con presunta conducta irregular. Nealon asegura que la Junta Nominadora (que comenzó a trabajar en la elección de los nuevos magistrados desde julio de 2015 solicitó esta información al gobierno de Estados Unidos, y este es el segundo filtro del que hablaba Machado.
“Los EEUU siempre, igual que todo el cuerpo diplomático en Honduras, tiene la preocupación enorme de seguir apoyando a un país para recuperar la institucionalidad después de un golpe de Estado. La misión de la cooperación solidaria entre los países es que recuperen su capacidad de gobernabilidad, pero la Embajada americana tiene intereses de poder controlar el traspatio al cual se le ha desbordado el tema del crimen y narco y el tema de la infiltración de capitales ilícitos en su sistema financiero, eso lo ha puesto en situación de alarma.
Sin duda, la Embajada de Estados Unidos muestra sus intereses y presiona en momentos cruciales, y Honduras lo ha vivido recientemente con las extradiciones y el apoyo del departamento de Estado a organizaciones de sociedad civil que participan en el proceso de la nueva Corte Suprema de Justicia.
“Les preocupa enfrentarse a una CSJ que lejos de agilizar los procesos de extradición y juzgamiento interno para la lucha contra el crimen organizado nacional y trasnacional, lo que van a tener es una CSJ que dilate y juegue con el sistema”, dijo Muñoz.
El 15 de enero la Junta Nominadora presentará al menos 45 candidatos a la CSJ, de los cuales muchos siguen respondiendo al bipartidismo, según el abogado Ramón Barrios, sin embargo, nos podemos encontrar con personajes no muy conocidos que conforman un Plan B del actual presidente de la república, que pretende controlar la CSJ.
“La primera gran tarea que puede dar la CSJ es declarar ilegal la reelección presidencial, esa sería la primera muestra de independencia. Lo que hizo la actual Corte de declarar inconstitucional la Constitución, no puede seguir.
De 16 mil privados de libertad, el 98.6% pertenece a las clases más bajas, ¿solo los pobres delinquen en Honduras? La respuesta es no. ¿Dónde está la clase corrupta que ha saqueado a este país, que tiene quebrado el IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social)? La respuesta es que siguen gozando de privilegios y eso no puede seguir”, dijo Barrios.
La sociedad civil debe ser fiscalizadora que los 15 magistrados que integren la CSJ sean los menos malos y los más independientes del país.
Según Muñoz, hay mucha desconfianza en el sistema de justicia, la sociedad hondureña no refleja contar con un sistema que garantice un balance de poderes, un respeto irrestricto a la ley y la institucionalidad. “El sistema de justicia se convirtió en el mercado de las transacciones, influencias y de los poderes económicos y financieros que terminaron decantando con un sistema de justicia que no obedece a los intereses de la sociedad sino a los de unos pocos”, dice Muñoz, y es lo que recogió en diciembre el ERIC con el sondeo de opinión pública.
“La sociedad hondureña requiere que los magistrados y magistradas dejen de ser los mercaderes de la justicia, que dejen de obedecer a quienes les apoyan para llegar a ser magistrados, que sintamos que la sociedad tiene magistrados firmes y robustos ante las sonajas de monedas y favores que dan las élites en Honduras. Si logramos ver que la composición de la CSJ es de acuerdo a la composición política del Congreso Nacional, será un reparto de intereses. Lo que Honduras tendrá es una corte nueva pero con los mismos vicios con los que trabajó la corte anterior”, dijo Muñoz. Siete años más de impunidad en uno de los países más violentos del mundo.
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