Autoridades del Ministerio Público, presentaron hoy requerimiento fiscal para siete de los diez militares que participaron en tiroteo contra civiles en Iriona, Colón, donde fallecieron dos jóvenes garífunas. Ciudadanos del municipio han protestado después de los hechos para que retiren la presencia militar y denuncian que por mucho tiempo, estos miembros de la Fuerza Naval venían comportándose de forma violenta.
Fue la mañana del domingo 27 de diciembre, cuando dos carros express que viajaban de Iriona a Tocoa, Colón fueron interceptados por militares de la Fuerza Naval, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar. En los vehículos se trasladaban jóvenes y niños, resultando muertos Jostin Palacios de 24 años de edad y Elvis García de 19 años de edad.
Ciudadanos y ciudadanas de Iriona dicen sentirse indignados por el asesinato a manos de quienes prometieron velar por la seguridad del pueblo.
Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado asegurando que lo que ocurrió en Iriona fue un enfrentamiento, aduciendo que hubo cruce de fuego por parte de las víctimas.
Por su parte, el director de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Celeo Casildo asegura que es indignante cómo las FFAA dicen que hubo cruce de fuego aun cuando no fue así. "Ellos mataron a gente inocente, civil". Además informó que harán una denuncia formal contra estos militares.
Mirian Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) asegura que esto es parte del exterminio contra el pueblo garífuna que ha traído a los militares a velar por el capital trasnacional que se quiere quedar con sus playas. Esta organización también se une a la denuncia formal contra los militares.
Juan Almendarez, del Centro de Tratamiento y Prevención de la tortura y similares (CPTRT), aduce que esto demuestra lo equivocada que está la política de seguridad promovida desde el gobierno, basada en la violencia de entes armados de seguridad del Estado que constantemente violan los derechos humanos. Además agregó que este fue un acto claro de racismo, ya que el pueblo garífuna siempre ha sido excluido y discriminado por las políticas de Estado.
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