Por Sandra Rodríguez
A casi tres semanas del atentado que sufrieron los defensores de derechos humanos del Bajo Aguán, Rigoberto Duran e Irma Lemus, su estado de salud no es óptimo, sin embargo su labor nada la detiene.
Irma y Rigo, son compañeros de hogar y aún se deben valer de aparatos ortopédicos y la asistencia de otras personas especialmente sus hijos, debido a los golpes que recibieron en sus extremidades al caer de una motocicleta cuando un vehículo los sacó de la carretera e impactaron contra el suelo.
El accidente, que continua en investigación -según las autoridades locales- fue la tarde del domingo 29 de noviembre pasado, a eso de las 4:30 p.m. denunció el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, -organización a la que ambos pertenecen y de la cual Irma es sub coordinadora- cuando transitaban por la comunidad de Zamora a unos 15 minutos de Tocoa, viniendo del municipio de Sabá.
“Un vehículo color blanco doble cabina se les atravesó en la calle para que impactarán, los defensores se trasladaban en motocicleta hacia su casa de habitación en la comunidad “Guadalupe Carney”, denunció el OPDHA.
Y pese a que Rigo esquivó el vehículo que se detuvo a mitad de calle, la pareja impactó en una casa que está a la orilla del camino, después fueron atendidos por personal médico en Tocoa y La Ceiba, Atlántida.
Ha sido unas semanas complicadas, explica Rigo, ya que a nosotros nos gusta realizar la labor de defensoría, pero así como estamos no es igual, pues dependemos de ayuda de otras personas y también necesitamos algunos medicamentos.
Después del acontecimiento no me queda de otra que estar en casa recuperándome poco a poco. Rigo comenta que el yeso que tenía en su brazo izquierdo se lo quitó antes de tiempo, porque era incomodo debido a que tiene una herida en la mano “no soporto la herida que tengo en la mano” aseguró.
Pero si me preocupa la situación de Irma porque no puede valerse por sí misma y está en una silla de ruedas, entonces ella pasa de la silla a la cama y debe apoyarse de un par de muletas pero de forma moderada, aun no puede usarlas mucho.
En esta situación, los ha fortalecido “la solidaridad de parte de nuestros compañeros del OPDHA, y otras organizaciones como la Red Nacional de Defensoras, Fundación San Alonso Rodríguez, así mismo de amigos y familiares, y las personas que a la distancia están siempre pendientes de nuestra salud”.
Quienes conocen a la pareja de defensores de derechos humanos, saben que son personas muy activas, solidarias y colaboradoras en lo que puedan ayudar en su comunidad, por lo que se les ha hecho extraño ver únicamente a Rigo, y aún más con lesiones en su cuerpo.
Rigoberto Duran e Irma Lemus
Una semana antes de este percance, Rigo había denunciado otro hecho cuando él iba en su motocicleta, en el camino detonaron unos disparos, lo que le causó un poco de temor, pues él regresaba de dar acompañamiento a una comunidad que defiende los recursos naturales.
“Mantenemos nuestras medidas de seguridad, nos cuidamos mutuamente en la comunidad, yo soy el más he estado en actividades, pero seguimos adelante” afirmó Rigoberto Durán, defensor por el derecho a la tierra en el Bajo Aguán, miembro del OPDHA y de la red de defensores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Por estos hechos la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA, ante las constantes violaciones a los derechos humanos, represión y criminalización sistemática por parte de las fuerzas de seguridad del estado hondureño, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos declaramos:
1. El gobierno representado por Juan Orlando Hernández ha implementado políticas de representación permanente al tener militarizado y con armas de guerra el aguan.
2. El gobierno persigue constantemente a líderes y lideresas criminalizando la defensa de los derechos humanos en el valle del aguan poniendo en riesgo la vida de las personas.
3. Las fuerzas de seguridad y la militarización del valle del Aguán están exclusivamente al servicio de los terratenientes instalándose en la finca Paso Aguán de corporación Dinant y dejando a la población desprotegida sin respuesta a toda la violencia que impera y donde el mismo ejército genera esa violencia.
Ante estos hechos nos pronunciamos:
a) Condenamos el atentado criminal perpetuado al compañero Rigoberto Durán miembro del observatorio de Derechos Humanos del Aguan, mientras realizaba trabajo de acompañamiento de la organización.
b) Condenamos la inoperancia de la institucionalidad del Estado para investigar estos hechos y no se sumen a los miles de atentados y asesinatos que prevalecen en la impunidad.
c) Exigimos una investigación y castigo a los responsables de este hecho y todos los ocurridos por la defensa de los Derechos Humanos, el acceso a la tierra y defensa de los Recursos Naturales.
d) A la comunidad internacional a estar vigilantes de la represión, asesinatos y criminalización a defensores de Derechos Humanos y exigir al Estado cumplimiento de las recomendaciones.
e) Responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández, lo que le suceda a cualquier defensor y en especial al compañero Rigoberto Durán.
Tocoa, Colón 22 de noviembre del año 2015.
Lucha por la tierra y sobrevivencia
A la fecha, no hay resultados de las investigaciones por los atentados que sufrió el defensor de DDHH Rigoberto Durán, pese a que se ha interpuesto las denuncias correspondientes, por lo que el llamado a estar pendientes de la integridad física y sicológica del defensor Rigoberto Durán y la defensora Irman Lemus continúa.
El Bajo Aguán es una zona al norte de Honduras, donde la mirada de la comunidad internacional tiene puesta su mirada, debido a las constantes violaciones a derechos humanos, más de 130 asesinatos de campesinos y guardias de seguridad privada, pagados por terratenientes, así como personas desaparecidas, cementerios clandestinos y exhumaciones en fincas de palma africana.
La crisis humanitaria, atentados, desalojos y enfrentamientos se incrementó en el año 2010, cuando se inició el proceso por recuperaciones de tierras, creando un conflicto entre grandes empresarios que se acreditan como dueños, y los campesinos que negociaban con el gobierno, dando por hecho que las tierras son nacionales, o se las venden sobrevaloradas, al punto que este año no han podido pagar ni los interés de los préstamos para adquirirlas.
Esto se debe a que el precio del aceite de palma ha bajado en el mercado internacional, y no se le pide al gobierno que les regale las tierras o condone las deudas, sino que hagan plazos de pago, al menos de los 20 millones de lempiras (casi un millón de dólares) que pagan anualmente de interés, declaró hace unas semanas Jonhy Rivas, dirigente campesino del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, quien está procesado por participar en una manifestación en defensa de la tierra.
Estos luchadores del Bajo Aguán, forman parte de las 300 mil familias campesinas en Honduras que no tienen donde cultivar sus alimentos para consumo local, pero tampoco hay iniciativas públicas que les favorezcan, al contrario se han creado leyes para que las tierras queden en pocas manos y el país se venda en pedazos, como denuncian defensores de ddhh, refiriéndose a las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEH) o ciudades modelos.
Otro tema que está desplazando a comunidades originarias, son las concesiones mineras y tala del bosque, lo que recae en la degradación ambiental, esterilidad de la tierra y siembra de semillas transgénicas, atacando la soberanía alimentaria, y uno de estos problemas es que estaba atendiendo Rigoberto Duran, cuando fue víctima del atentado el 22 de noviembre, en una comunidad cercada de Tocoa, donde sus habitantes pidieron acompañamiento del OPDHA.
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