El empresario y político hondureño Jaime Rosenthal Oliva fue pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos, confirmó el canciller de la República Arturo Corrales la semana pasada.
Según Corrales, la solicitud de extradición fue conocida desde antes del 24 de diciembre, pero fue hasta finales del año que se entregó formalmente ya que no estaba traducida al español.
Esta nueva solicitud de extradición ha levantado de nuevo la polémica en el país por la forma como se está tratando este tema que mueve las aguas políticas, mientras la Corte Suprema de Justicia aún no nombra al juez natural.
No procederá
La extradición en el caso de Jaime Rosenthal no va a proceder porque tiene un caso pendiente en el país, según analiza el abogado penalista Félix Antonio Ávila.
Rosenthal está acusado por la Unidad de Delitos Tributarios del delito de defraudación fiscal y falsificación de documentos públicos. Un juez con jurisdicción nacional decretó por este caso arresto domiciliario contra el empresario, banquero y político.
“Existe un principio en cuanto se refiere a los procedimientos de extradición que uno de los requisitos o las condiciones es que en el país al cual se le está pidiendo la extradición no se esté siguiendo un proceso penal, cuando se sigue un proceso penal contra una persona que está siendo pedido en extradición, eso va a impedir que la autoridad que conoce de la solicitud pueda otorgar la extradición,” explicó Ávila.
Esta versión también es apoyada por el juez Mario Díaz. “De acuerdo los tratados de extradición, las personas que tienen un procedimiento judicial en su país deberá tener resuelta su situación jurídica ya sea mediante un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria, esto deberá ser solventado de manera primaria, y una vez solventada esta situación el juez de extradición procederá conforme a la solicitud planteada” aseguró Díaz.
El caso por el que en el país se le acusa a Jaime Rosenthal tiene que ver con una importación millonaria de carne desde Brasil, cuya documentación fue remitida como si se tratase de una compra en Estados Unidos para evitar el pago de impuestos.
“Es por cualquier delito, no necesariamente tiene que ser un delito homogéneo o idéntico por el cual se está solicitando en extradición, puede ser cualquier otro delito, lo importante es que el país debe darle preferencia al juzgamiento de los delitos que ha cometido en su territorio” dijo Ávila.
“Lo abogados del señor Rosenthal pueden alegar que los procesos en el país no han concluido, además las circunstancia de salud, son alegatos de defensa que además son muy amplios” manifestó el Juez Mario Díaz.
Recordemos que el 7 de octubre del año pasado, Estados Unidos designó como lavadores de activos a Jaime Rosenthal Oliva, a su hijo, Yani Rosenthal Hidalgo y su sobrino, Yankel Rosenthal, pero solo estos últimos dos están bajo la justicia estadounidense en libertad bajo fianza.
Aunque se corre la posibilidad que la fiscalía retire los cargos contra Rosenthal para dar paso a la extradición. “Yo considero que sería un grave error para la justicia hondureña retirar los cargos. Yo pienso que lo que se debe hacer es impulsar el proceso, tratar de hacerlo más expedito, seguir todas las fases, garantizar el debido proceso, y que sea el juez el que determine si es culpable o es inocente de lo que se le está acusando” explicó Marcos Zelaya, abogado penalista.
Juez Natural o juez de extradición
El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, explicó a los medios de comunicación que la decisión del nombramiento del juez natural se toma en una sesión del pleno de la Corte, y se escoge entre sus integrantes al magistrado o magistrada que estará conociendo el caso.
“Toda la información contenida en el expediente está en el conocimiento de las autoridades, apenas ha comenzado una primera revisión dando la entrada por parte de la presidencia por lo tanto es una información que no está todavía en conocimiento de ninguno de los funcionarios de este poder del Estado excepto del propio presidente” dijo Duarte.
El especialista Félix Ávila explica que este caso es muy distinto al caso Callejas. “El licenciado Rafael Leonardo Callejas no tenía ningún proceso pendiente aquí. Por muchos años a él se le persiguió procesalmente y salió bien librado dentro de los tribunales de justicia y por lo tanto no tenía ningún proceso pendiente y por lo tanto no tenía nada que paralizara el proceso de extradición” manifestó Ávila.
Hay más solicitudes de extradición
El asesor presidencial, Marvin Ponce, anunció que próximamente extraditarán a un empresario ligado a centros comerciales. Aunque no quiso especificar nombres, aseguró que las extradiciones van a continuar en estos primeros meses del año.
“No se conocen esos nombres porque hay que capturarlos y hay que llevarlos al debido proceso, no se pueden adelantar los nombres y la policía no puede dar los nombre porque hay alguna gente que se puede ir. Lo único que se sabe es que es gente que ha estado haciendo negocios oscuros, con dineros sucios y que ha tenido problemas para documentar y defender los bienes que tiene” dijo Ponce.
El asesor presidencial también dijo que “algunos son comerciantes, son empresarios, tienen negocios en centros comerciales, y están en el ruedo político, otros son grandes lavadores, están en el negocio, unos son gran perfil, conocidos públicamente, y otros son de bajo perfil”.
El presidente Juan Orlando Hernández, anunció que de ahora en adelante las solicitudes de extradición que reciba la Cancillería, deberán ser notificadas simultáneamente al Consejo Nacional de Defensa y al Poder Judicial.
Por su parte el Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, recordó que en 2015 recibieron 10 órdenes de captura para extraditables, de las que cuatro ya fueron ejecutadas.
“La extradición de nacionales es un mal necesario. Es un mal porque no deberían extraditarse a nacionales, la justicia hondureña debería ser lo suficientemente eficaz, efectiva, debería de juzgar a los hondureños que cometan delitos en nuestro territorio, sin embargo, dado que hay mucha debilidad en la administración de justicia entonces debe confiarse que en otras naciones, en este caso los Estados Unidos, juzguen a estas personas ante la debilidad de la justicia nacional” aseguró el abogado Félix Antonio Ávila.
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