Las maras y pandillas reproducen el mismo modelo de dominación masculina que permea la sociedad en general. Un claro ejemplo de esto, se deja ver en la denuncia hecha esta semana por varias vendedoras de los mercados capitalinos, quienes aseguran que miembros de la mara MS13, les han prohibido pintarse el cabello rubio, para evitar confundirlas con mujeres de otras pandillas.
El portavoz de la policía preventiva, Leonel Sauceda, confirmó a los medios que han iniciado una investigación sobre la acusación que hacen las vendedoras de los mercados de Comayagüela. "Hemos escuchado esta situación; estamos verificando plenamente. Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sobre todo las damas, pintarse el cabello como ellas deseen y se sientan bien”, dijo el jefe policial.
Una investigación realizada para analizar los roles de género en estas agrupaciones constata la imposición del modelo masculino y la desvalorización de lo femenino para sobrevivir en el grupo. Para pertenecer y permanecer en la pandilla, las mujeres deben asumir comportamientos masculinos a fin de ganarse «el respeto» de la pandilla.
Es fundamental que las pandillas juveniles en el triángulo norte de Centroamérica están integradas principalmente por hombres. Sin embargo, las mujeres se encuentran presentes de múltiples maneras en la vida de los pandilleros, sea como madres, hermanas, novias, amigas o compañeras de pandilla. En los últimos años se han realizado importantes investigaciones para comprender los orígenes, estructura, identidad y comportamientos de las maras o pandillas. No obstante, pocos estudios han prestado atención al papel de las mujeres y las relaciones de género en el seno de estas agrupaciones, dice la investigación Violentas, Violentadas.
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Reino de terror
Recientemente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR realizó un estudio donde muestra un aumento de un 130 por ciento desde el año 2009, en el número de solicitudes de la condición de refugiado en los países del triángulo norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras.
La investigación demuestra que el aumento en las deportaciones tiene un impacto social y económico importante en el país al que los migrantes regresan. Tan solo en 2014 más de 80 mil hondureños y hondureñas fueron deportados desde Estados Unidos y México. Incluso, en entrevistas muchos de ellos dicen haber tenido que migrar a consecuencia de haber recibido amenazas de muerte de los grupos criminales.
Fernando Protti, representante regional de ACNUR en Centroamérica es todavía más claro, dice que las maras y pandillas han construido un reinado de terror ante la incapacidad o complicidad de algunas autoridades.
Protti agrega que las mafias tienen control de varias zonas en estos países. “Lo que generan estos grupos es un reinado del terror, que convierte a la gente en indefensa, y las autoridades en estos casos tienen miedo de actuar, son cómplices o simplemente incapaces de generar seguridad para las comunidades”.
La Pastoral de Movilidad Humana en un reciente diagnóstico titulado “Caracterización de la población hondureña retornada con necesidades de protección”, confirma que a mediados del 2013, se incluyó en el formato de entrevista de migrantes deportados vía aérea la pregunta sobre el motivo principal de salida del país, y desde entonces las respuestas “por amenazas o inseguridad” van en aumento.
El documento amplía que los departamentos que más expulsan personas por causa de violencia coinciden de manera general con los departamentos de mayor migración externa, e igualmente, con los de mayor densidad población, tales como los departamentos de la zona norte y Francisco Morazán. De igual manera, los principales municipios de origen de la población desplazada corresponden a las cabeceras municipales de dichos departamentos, tales como La Ceiba, El Progreso, Distrito Central, Choloma, San Pedro Sula y Juticalpa, entre otros.
En Honduras, al igual que en otros países de Centroamérica, se observa que los problemas de inseguridad y violencia causados por el crimen organizado están forzando a la población a desplazarse internamente.
Sin embargo, la religiosa Lidia Mara Souza, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana, explica que entre junio y diciembre de 2013 el Centro de Atención al Migrante Retornado –CAMR- entrevistó a más de 20 mil hondureñas y hondureños deportados, de los cuales el 5.3 por ciento migró hacia Estados Unidos por amenazas e inseguridad.
¿Es su responsabilidad?
Honduras, uno de los países más inseguros del Continente mantiene una tasa de homicidios de 69 por cada cien mil habitantes, según registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Las recientes reacciones de los funcionarios públicos están destinadas a responsabilizar a las maras, pandillas, crimen organizado y el narcotráfico de los hechos criminales que enlutan y desplazan diariamente a decenas de ciudadanos y ciudadanas.
La pregunta es, ¿Son las pandillas las responsables de la criminalidad en Honduras? Diversos análisis coinciden que estos grupos, que mantienen atemorizadas a población de barrios y colonias, son el resultado de una política de criminalización hacia la juventud.
“Atacar la violencia debe estar encaminada en combatir la impunidad y generar oportunidades para la juventud, quien necesita oportunidades de empleo, educación, acceso a la salud y recreación, de lo contrario el círculo de criminalidad seguirá más muertes de víctimas”, dijo Wilmer Vásquez de la Red de Instituciones para los Derechos de la Niñez, COIPRODEN.
En ese contexto, la definición del combate a las pandillas no es únicamente una definición desde el Estado, sino de región. Sin embargo, cada Estado queda obligado a adoptar las medidas inmediatas de prevención, tratamiento y rehabilitación para velar por el bienestar del individuo, de la familia y de toda la sociedad. Los Estados tienen también, la obligación de llevar este tipo de enfoques a los ámbitos donde se definen políticas regionales.
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