Por Sandra Rodríguez
El dirigente campesino, Santos Marcelo Torres, denunció una serie de violaciones a sus derechos humanos, que van desde allanamientos domiciliarios ilegales, hasta que tipos armados encañonen a sus menores hijos en el Bajo Aguán.
Ya lo he hecho del conocimiento de Fiscal Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público que redirige la abogada Soraya Morales, así como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, afirmó Torres, quien es Presidente del Movimiento Campesino Gregorio Chávez, residente en la Aldea Panamá, municipio de Trujillo, Colón.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha documentado y acompañado a Santos Torres, quien ayer también expuso a una delegación del Foro Honduras- Suiza que visita el país, la grave situación que viven los y las campesinas del Bajo Aguán, donde hay más de un centenar de asesinados, desparecidos, procesados y heridos por la lucha del derecho a la tierra.
El acompañamiento se da como parte del proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” que ejecuta el COFADEH en conjunto con el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, y FIAN, en el valle de Aguán.
Cabe mencionar que el líder campesino Santos Marcelo Torres Ruiz, es beneficiario de la Medida Cautelar MC50-14, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); pese a ellos le ha ocurrido una serie de anomalías en las que intervienen hombres armados, los cuales pueden ser militares, guardias de seguridad privada o delincuentes, denunció Torres.
Llegan a las casas, entran o se quedan en los patios, ellos no dan explicación de lo que hacen, solo dicen que cumplen ordenes ¿pero de quién? Me pregunto yo, pues si hay guardias armados y militares es cuidando las fincas de Facussé. Ya ni áreas recreativas tenemos, los niños no pueden salir a jugar porque las vías públicas están ocupadas por ellos, afirmó.
Entre las denuncias interpuestas por Santos Torres, es que el pasado dos de abril, cerca del mediodía sus dos siete y seis, mientras realizaban labores fuera de la casa, unos guardias y militares los encañonaron con armas de grueso poder, los niños llenos de miedo, apenas cerraron los ojos, pensando lo peor. Ellos relataron a sus padres que los militares y guardias les apuntaron sus armas y les dijeron que se fueran que no querían a nadie ahí.
Y el 20 de abril del 2015, mientras su realizaban faenas fuera del hogar, le informaron que por la tarde habían llegado a los predios de su casa tres guardias y dos hombres vestidos de civil, con lentes claros en un carro color gris, vidrios polarizados; estos dos últimos se dedicaron a tomar fotografías a la casa y al corral donde tiene unos cerdos, mientras eran custodiados por los guardias. Los hijos de la pareja estaban dentro dela casa.
Dos días después, la esposa de Santos y sus hijos debieron abandonar la casa, porque esa noche observaron que llegó un vehículo gris con varios militares, quienes se bajaron del carro y se ubicaron en tres diferentes puntos, dos militares se introdujeron al solar de su casa, y los otros elementos en otros lugares aledaños.
También denunció que, recientemente seis guardias de seguridad de la Empresa Sión, quienes dan seguridad a las propiedades de Miguel Facussé, se conducían en un vehículo gris, sin placas, vidrios polarizados, portaban armas y vestían su uniforme reglamentario color café, llegaron a su propiedad, y uno de ellos sin pedir permiso saltó la cerca perimetral y entró al solar, sacó dos racimos de palma que había comprado para alimentar los cerdos y los tiraron al vehículo en que se transportaban y se fueron. En ese momento en la casa se encontraba su familia, quienes tuvieron que huir nuevamente, porque el terror está implantado en la zona del Bajo Aguán.
Cabe señalar que Torres, es reconocido en la zona, por ser representante campesino y defender los derechos de más de 450 familias que pertenecen a la “Gregorio Chávez”, fundada en el 2012, para poner un alto a los cementerios clandestinos en la finca Paso Aguán, donde se han encontrado varios cadáveres de campesinos que se habían dado por desaparecidos, entre ellos del compañero Gregorio Chávez y José Amílcar López, que fue exhumado por gestiones promovidas por el COFADEH.
El hostigamiento en su contra se ha intensificado desde junio del 2014, cuando su casa estuvo bajo vigilancia por parte de patrullas militares de la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, bajo el mando el Coronel René Jovel Martínez y por guardias de seguridad.
En una oportunidad una patrulla se acercó a su propiedad; en la misma se trasladaban unas seis personas entre militares y guardias de seguridad: Uno de ellos andaba sin camisa, otros con uniforme y los dos guardias de camiseta blanca y jeans y otro vestía camiseta blanca y pantalón moteado a su propiedad, se dirigieron hacia donde se encontraba Santos Torres; al observar que se acercaban apuntando sus armas hacia él, salió para su casa y se encerró por temor. Ellos le gritaron porque se encerraba. El les respondió exponiendo los motivos. Uno de ellos le sentenció que un solo balazo le iba a dar. Se mantuvieron por cierto tiempo y luego se marcharon. Recuerda el defensor, quien solicita que si le van a realizar alguna acción, que sea dentro del marco de la ley, y que digan quien los manda.
La Finca Paso Aguán, continúa resguardada por militares y guardias de seguridad, incluso dentro de la finca funciona una posta policial, donde los militares realizan turnos de 24 horas; igualmente se continúa observando un tránsito constante de carros militares por la comunidad, que ponen en peligro la vida de los habitantes de la Aldea Panamá.
Los niños que se muestran atemorizados al transitar la calle para llegar a sus centros de estudios, porque estos vehículos circulan en forma arbitraria y abusiva, exhibiendo sus armas e intimando a todo transeúnte que se encuentra con ellos.
El COFADEH, ha solicitado a las autoridades correspondientes se instruyan diligencias investigativas que den como resultado un requerimiento fiscal en contra de los responsables de los hechos que atentan contra la familia de Santos Torres y demás campesinos de la zona. Y que se asegure la integridad de dichas personas; además que se asegure la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1998.
Más de 300 mil familias en Honduras no tienen acceso a tierra en Honduras, muchas de ellas viven en la zona del Bajo Aguán, víctimas de un conflicto agrario que ha dejado más de 130 muertes, desapariciones forzadas, viudas y muchos niños huérfanos “de pan en mano” como han dicho sus madres en alguna ocasión.
Otra situación grave que viven los y las campesinas en Honduras, es lo que sucede en el departamento de La Paz, donde se mueven poderes e influencias, ahí se podría decir que es el nuevo Aguán, denunció Franklin Almendares, coordinador general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.
El 51% de la población nacional es rural, es quien produce los alimentos para la nación, sin embargo no hay un proceso dirigido para fortalecer la producción, ni el acceso a tierra, tenemos 5000 campesinos procesados actualmente, de los cuales han pasado al menos 2 días en la cárcel, entre ellos 700 mujeres y 11 campesinos en prisión, acusados por usurpación de tierras, el cual según la ley puede ser conmutado, está el caso del compañero Isabel “Chabelo” Morales, guardando prisión por algo que nunca hizo, porque para criminalizar al campesino, se le imponen otros cargos, así mismos vemos indiferencia de parte de la sociedad para el sector campesino, dijo Almendares, ayer ante la delegación Internacional del Foro Honduras Suiza, que visita el País.
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