En el actual Gobierno de Juan Orlando Hernández, Honduras ha retrocedido en materia de derechos humanos, especialmente en la protección de los grupos más vulnerables, concluyeron defensores de derechos humanos durante la conferencia sobre Situación de Derechos Humanos de sectores en situación de vulnerabilidad que se desarrolló en Tegucigalpa.
“Uno mira que una serie de consejos consultivos sobre distintas políticas públicas que el estado había medio arrancado, ahora retroceden, pero lo importante es que la gente queda con sus fortalezas para seguir luchando”, sostuvo Reina Rivera Joya, Directora de país de DIAKONIA.
Entre estos retrocesos a nivel institucional mencionó que la Secretaría de Derechos Humanos que se creó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el actual gobierno de Juan Orlando Hernández pasó a ser una dirección en la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización, que dirige Rigoberto Chan Castillo.
Es del criterio que la vulnerabilidad, la exclusión y el estigma en Honduras, existe por la falta de cumplimiento del Estado y que a través de este tipo de proyectos se está rompiendo puertas y obstáculos.
“Sabemos que en Honduras las necesidades son enormes y que con este proyecto no se termina la acción”.
Asimismo el Estado hondureño no ha cumplido con las disposiciones y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los ocho casos que ha sido condenado por violaciones a los derechos humanos. Honduras fue condenada por primera vez en julio de 1989 por el Caso Velásquez Rodríguez.
Para Ivania Galeano, el desafío que tienen las organizaciones de derechos humanos es ver cómo esas disposiciones y obligaciones de la Corte Interamericana se sustraen a la obligación del Estado de adoptarlas y hacerlas efectivas.
El cumplimiento de la sentencia está sujeto a la voluntad política de los Estados. La propia Convención establece que las sentencias son de obligatorio cumplimiento.
“Vale la pena seguir apostando a fortalecer el sistema, seguir apostando a fortalecer la función de la Corte Interamericana porque es la garantía que tenemos, sobre todos los países como los nuestros que tenemos un sistema interno de justicia tan eficaz de poder lograr el reconocimiento de la defensa y protección e incluso la reparación de violaciones de los derechos humanos”, sostuvo Ivania Galeano.
Joaquín Mejía, abogado litigante ante Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana, señala que cuando se presenta una denuncia ante la CIDH, no se hace por denunciar al Estado, sino que lo hace para tener otra herramienta más y para que se activen las instancias nacionales.
“De nada nos sirve estar yendo al sistema interamericano si a nivel interno es un desastre. El sistema interamericano es una herramienta más para activar el sistema nacional. Y si como sociedad no estamos de manera persistentes, aunque tengamos muchos golpes y muchos fracasos, exigiendo y activando los órganos internos no vamos a avanzar nunca”, sostuvo Mejía.
Asimismo agregó que “es obligación nuestra como sociedad activar, intentar y seguir. Es fundamental”.
Para Mejía el Sistema Interamericano es subsidiario, es decir, “que el sistema solo actúa cuando las instancias nacionales no funcionan. Uno presenta la denuncia y luego el Estado tiene que cumplir en el orden interno”.
Esas sentencias, esas resoluciones son una herramienta más y una panacea, no es la única, que aunque llegue tarde, es una herramienta más que uno tiene que utilizar a la par de herramientas políticas de movilización constante de articulación, expresó Mejía.
Empoderar Grupos vulnerables
Con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de un sistema democrático inclusivo, pluralista, intercultural y respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrohondureños, las personas en situación de discapacidad y las comunidades LGTB, el Grupo de la Sociedad Civil y DIAKONIA, con el apoyo financiero de la Unión, ejecutaron durante tres años el proyecto “Empoderamiento de grupos Vulnerables para la efectiva promoción y defensa de los Derechos Humanos en Honduras”.
Durante la ejecución del proyecto se organizaron escuelas de derechos humanos, de incidencias y de comunicadores sociales comunitarios, quienes, por primera vez, redactaron informes sombras para el Examen Periódico Universal (EPU) e informe País sobre la situación de sus derechos.
Para eso se hicieron análisis de complemento del Estado de Honduras de una serie de compromisos nacionales e internacionales y luego el Estado desmontó una parte de esa mesa de diálogo.
También desarrollaron campañas contra el estigma, la homofobia, mejoraron su capacidad de defensoría de los derechos de otros grupos antes distintas instancias y el diálogo con las autoridades.
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