Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Rebelión
En medio de las múltiples intervenciones de la Municipalidad de Tela en la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, el Alcalde Mario Fuentes pretendió llevar a cabo el pasado 29 de abril un “Taller sobre Diagnóstico Territorial”, el cual fue rechazado rotundamente por la comunidad.
El Alcalde Fuentes ignoró una vez más las medidas cautelares emitidas desde el año 2006 a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y desestimó totalmente las acciones emprendidas por la comunidad Garífuna ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual efectuó una audiencia en mayo del año pasado en San José, Costa Rica.
Taller de diagnóstico territorial, el cual fue rechazado rotundamente por la comunidad, contaba con la participación de la comisión para la promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), ente que surgió en el año 2010, como resultado de la emisión de la Ley de Promoción Público-Privada (Decreto Legislativo Nº 143-2010).
COALIANZA ha venido aparentemente promoviendo la inversión publico-privada y se ha convertido como el mayor promotor de las ciudades modelo, conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y antes de ser declaradas inconstitucionales se les llamaba Ciudades modelo.
La sorpresiva intención de COALIANZA de efectuar un “Taller sobre Diagnóstico Territorial” en Triunfo, indica la intervención directa de la élite de poder nacional en las múltiples problemáticas territoriales que enfrenta las comunidades Garifunas ubicadas en la Bahía de Tela, desde la década de los años 80. La mayoría de las familias que se han apoderado de la economía nacional, poseen mansiones o terrenos dentro de la comunidad de Triunfo, muchos de ellos adquiridos de forma ilegal.
El caso de Triunfo de la Cruz ante la Corte IDH ha generado un enorme malestar entre personajes asociados a las diferentes administraciones gubernamentales, que han reaccionado señalando al pueblo Garifuna como extranjeros e incluso a la OFRANEH, como traidores a la patria.
Mientras tanto COALIANZA ha sido seriamente cuestionada por el Consejo Nacional Anticorrupción, ante los múltiples problemas en el manejo de fondos y la ausencia de rendición de cuentas. Uno de los integrantes del CNA, Carlos Rubio, el representante de la Iglesia Católica ante esa entidad, denunció “que son muchos los funcionarios que se están amparando en la Ley de Secreto de Estado”, agrego además “que por tal razón empiezan a luchar juntos con los comisionados del instituto de Acceso de información Pública (IAIP), contra COALIANZA que se opone a dar información fidedigna de las licitaciones de proyectos”. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuó señalamientos en relación al desorden fiscal promovido por la Alianza Publico-Privada.
El presidente de COALIANZA, el Sr. Miguel Angel Gámez, no tuvo reparos en el año 2006, para manifestar su racismo y repudio contra el pueblo Garifuna. En una entrevista indicó que “los negros me caen mal”, además agregó “ellos vinieron de otro país a adueñarse de tierras legítimamente hondureñas”. En aquel entonces, Gámez se desempeñaba como Diputado nacionalista en el Congreso Nacional.
Para los miembros del Comité de Defensa de la Comunidad de Triunfo de la Cruz (CODETT) la pretensión de COALIANZA en un supuesto ordenamiento territorial no es mas que una estrategia destinada a preparar el terreno para desarticular los reclamos territoriales de la comunidad, ante una posible sentencia por parte de la Corte IDH, que afecte los intereses de los “empresarios” involucrados en despojos en detrimento de los Garífunas de Triunfo.
COALIANZA pretendió en el año 2011, incluir alrededor de 24 comunidades Garifunas en la primera Ciudad Modelo, ahora rebautizadas como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED). Posterior al golpe contra la corte constitucional (12-12-12) y la transformación de las RED en ZEDES, más de 20 comunidades Garífunas resultaron de forma inconsulta incorporadas en cinco de las 10 ciudades modelo auspiciadas por COALIANZA.
La ausencia de un estado de ley en el país, la militarización y corrupción imperante se convierten en un impedimento para conceder el beneficio de la duda, a supuestos diagnósticos territoriales, especialmente cuando son promovidos por municipalidades y entes asociados con la subasta del país.
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