Mil dólares diarios le cuesta cada policía militar al pueblo hondureño
De nuevo Honduras pasó por el escrutinio de las naciones del mundo en Ginebra, Suiza. A pesar de que estaban convocados 192 estados solo acudieron 60, de los cuales dos se quedaron en simples felicitaciones, el resto pasó de la felicitación al verdadero objetivo del Examen Periódico Universal, EPU, que es la realización de recomendaciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que pasa irrestrictamente por el respeto a los Derechos Humanos.
Todos los estados están obligados a pasar por el EPU, y lo hacen cada cuatro años y medio. Y esta semana le tocó a Honduras que fue examinado en el marco de la vigésima segunda reunión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Onu junto a otros 13 estados más.
A pesar de que el EPU es un mecanismo muy nuevo, creado por el Consejo de Derechos Humanos, no deja de despertar serias preocupaciones a los estados, y Honduras no es la excepción. Tanto nerviosismo causó, que los funcionarios públicos comenzaron a atacar a los defensores de los Derechos Humanos, en la víspera de su presentación en Ginebra, acusándolos de crear una mala imagen internacional al país. Nos guste o no nos guste, Honduras sigue teniendo la mirada crítica de varios países de América Latina y de Europa y han hecho recomendaciones muy válidas a pesar de estar rodeadas de una gruesa envoltura de diplomacia, algo muy natural tratándose de un instrumento meramente político como lo es el Examen Periódico Universal.
El informe presentado por el gobierno hondureño está plagado de logros que en la realidad son difíciles de identificar. Ha señalado acciones estatales que a criterio de la sociedad civil están inconclusas y llenas de demagogia, por ejemplo la Ley de la Judicatura y la carrera judicial, la ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y comunicadores, o afirmaciones como esa de que Honduras se ha convertido es un territorio hostil para el narcotráfico por el simple hecho de haber aprobado la extradición y haber mandado a Estados Unidos siete narcotraficantes y que otros dos decidieron entregarse por mera voluntad.
Sin duda que el Epu ha dejado nuevas recomendaciones y ha reiterado otras, lo que supone un reto importante al gobierno para que continúe su lucha por cumplir con los hondureños y hondureñas sin tener como prioridad quedar bien ante los ojos de la comunidad internacional, ofreciendo logros falsos que condenan a la ciudadanía a vivir en una nación que no les ofrece las garantías mínimas de una vida digna.
Igual, el reto está para las organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos para que continúen en la lucha para exigir que se cumplan las recomendaciones y hacer las denuncias que correspondan para que el Estado asuma su rol de garante del bienestar social.
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