lunes, 11 de mayo de 2015

50 años de impunidad cubren la Masacre en El Jute



“Con el asesinato de nuestro padre nosotras crecimos en una tremenda precarización económica que nos marcó para siempre”, indicó Leticia López, hija de Rufino López Canales,  uno de los siete campesinos asesinados por los militares en la montaña Delicias del Jute,  ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad de El Progreso, Yoro.

El 30 de Abril de 1965 fuerzas opresoras del ejército hondureño al mando del Militar Oswaldo López Arellano   invadieron la Montaña del Jute, para emboscar, torturar y posteriormente asesinar a Rufino López, y junto a él  estaban otros campesinos: Lorenzo Zelaya, Hermelindo Villalobos, Benito Díaz, Aquileo Izaguirre, Benedicto Cartagena y José María Izaguirre, todos ellos pioneros de la lucha por la emisión de una Ley de Reforma Agraria. 

Los dirigentes campesinos estaban armando la guerrilla del pueblo. “Cuentan que a mi papá Rufino lo ametrallaron y le destrozaron la cintura y que en su agonía balbuceó: ¡Ay, me mataron!, al querer sentarse, cayó de rodillas y pidió agua”, recordó Leticia.

Para rescatar la memoria histórica cientos de personas de diversas organizaciones sociales se dieron cita  el  sábado 25 de abril en la Montaña de El Jute, para conmemorar los 50  años de la masacre de los siete dirigentes populares por el simple hecho de querer una mejor Honduras.

 El homenaje inició con una kilométrica caminata hasta llegar al lugar, en donde en el año  2005 colocaron una placa en honor a los mártires, luego fueron a conocer la catarata escondida en medio de una densa selva y por la noche se compartió el escenario que atraviesan los campesinos del Aguán, mediante testimonios hicieron un análisis de todo lo ocurrido en los tiempos de Lorenzo Zelaya y la época actual.

Se recordó que a principios de 1962, Lorenzo Zelaya y los demás campesinos  impulsaron la recuperación de tierras ociosas en manos de la Tela Rail Road Company. Organizaron la primera marcha y concentración campesina en Honduras, el 4 de marzo de 1962, en El Progreso, para exigir la emisión de una Ley de Reforma Agraria. Fueron reprimidos y encarcelados. 

Su vida familiar 

“En 1954 se casó mi papá con mi mamá,  Benicia Izaguirre a quien enamoró dedicándole serenatas tocadas por él mismo, y con quien hizo vida familiar hasta su muerte.  Producto del matrimonio  nacimos  cinco hijos: Odely, Elsa, Teodoro y Javier y yo que quede de apenas un año y meses cuando lo asesinaron”. 

“Cuenta mi mamá que mi papá fue un hombre dedicado a nosotros sus hijos, le gustaba cargarnos  en hombros todo el campo. Aunque yo no me acuerdo porque estaba muy pequeña, pero me cuentan que a mí me chineaba mucho por ser la más pequeña aunque dicen que lo hacía de vez en cuando ya que por ese tiempo ya andaba huyendo de los militares”, recuerda Leticia López. 

Persecución 

El ejército tenía información desde hacía muchos meses que un grupo de hombres se ocultaban en la montaña y habían lanzado fuertes operativos con cientos de soldados. Un mes antes de la masacre apareció muerto el joven Pedro Izaguirre, sobrino de Aquileo. Supuestamente lo asesinó Pedro Calderón, quien vivía en Agua Blanca Norte, camino a El Jute y que el ejército lo tenía para vigilar los movimientos de los que se refugiaban en la montaña.

El teniente  Carlos Aguilar que aún sigue con vida, fue quien dirigía la tropa que cometió la masacre de la montaña de El Jute   donde fueron asesinados  los 7 hombres que también hacían resistencia contra la dictadura de  López Arellano instaurada con el golpe de Estado de 1963.

Veinticinco soldados al mando del teniente Aguilar de El Progreso, llegaron al campamento donde estaban los dirigentes campesinos donde fueron brutalmente asesinados, después quemaron la casa que era de madera y manaca. Los cuerpos de tres asesinados que quedaron a orilla de la casa se quemaron porque les cayeron maderas encendidas, según testimonios de la esposa de Lorenzo Zelaya. 

La señora se quedó hasta el mediodía esperando que llegaran a enterrarlos. Para ello subieron varios hombres de Guaymitas y otras comunidades que los citó el cantonal Fabián Andrade. Por órdenes de los militares. Los asesinados fueron enterrados en el mismo lugar donde murieron.

En ese mismo lugar aún están en esas tumbas anónimas de los siete hombres que luchaban por construir una patria diferente. Ellos fueron asesinados por el Estado de Honduras y aunque han pasado 50  años, un crimen tan terrible no debería quedar en la impunidad y por lo menos debería de hacerse justicia en la memoria histórica.

Vigencia de la lucha  

En Honduras, la cuestión agraria tiene la misma vigencia de los años 60s. Y es que las políticas ejecutadas a partir de la vuelta a la institucionalidad democrática a inicios de los años 80s y especialmente  desde 1990 con la vigencia del programa de  ajuste estructural, promovieron y lo siguen haciendo, la reconcentración de la tierra y la privatización de los servicios de asistencia técnica.  En la actualidad, más de 300,000 familias campesinas no tienen tierra, y de ellas cerca del 60% son mujeres.

Después del golpe de Estado en junio de 2009, se evidenció aun más esta problemática. Miles de campesinos se lanzaron  a la recuperación de tierras en la zona del Bajo Aguán, especialmente aquellas tierras en poder de terratenientes y de empresarios agroindustriales, quienes las habían obtenido de manera fraudulenta bajo la mal intencionada Ley  para la Modernización y Desarrollo Agrícola. El gobierno del Porfirio “Pepe” Lobo decidió solventar parte del problema mediante la compra de la tierra para entregársela a los campesinos, las que las organizaciones campesinas están pagando.

Este proceso ha dejado más de 130 muertos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, encarcelamientos y represión sistemática ya que la zona se encuentra militarizada. Sin embargo, la presión social continúa y todavía no se visualiza una solución definitiva. Es más, la vía de la compra de tierras por el Estado, se ha agotado ya que no hay recursos para ello por el creciente endeudamiento interno y se manifiesta un blindaje de las propiedades al reconocerse tácitamente que cultivos como palma africana y la azúcar pueden desarrollarse en sobre/techo agrario.

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