"Quien olvida su historia, está condenado a repetirla”
así lo dijo un día el filósofo hispano-estadounidense
George Santayana, hoy es una realidad en Honduras.
El 26 junio comenzó el cobro del peaje en la carretera CA5 hacia Tegucigalpa por obra de Coalianza, una institución creada para regular las Alianzas Público-Privadas (APP) en Honduras. Analistas coinciden que el parecido es inmenso con la extinta Corporación Nacional de Inversiones (Conadi), abriendo la posibilidad de repetir uno de los actos de corrupción más grandes de la historia hondureña.
Coalianza es una institución desconcentrada del poder Ejecutivo, sus magistrados son nombrados por el Congreso Nacional y de allí salieron sus estatutos. Actualmente representan el proceso de privatización con el que han prometido mejorar la situación de crisis en la que se encuentra la economía hondureña. Actualmente en cartera tienen 23 proyectos en infraestructura vial, aeropuertos, energía, puertos marítimos y servicios de salud, según su página web.
Si regresamos al año 1974 vemos en un marco muy parecido la constitución de la Conadi creada por el gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro a iniciativa de la empresa privada como parte de la estrategia para consolidar el nuevo modelo de desarrollo implementado (Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI).
La Conadi no duró mucho. En 1980 la liquidan en un proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la misma corporación. La privatización de la empresa tuvo un alto costo financiero para el país, alrededor de 670 millones de dólares fueron robados y aunque se abrió un proceso judicial en contra de empresarios y políticos implicados, el caso sigue cobijado por la impunidad y en el olvido.
Peajes
Por el camino desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa se visualizan decenas de rótulos justificando el cobro del peaje que catalogan como ahorro para la ciudadanía. La publicidad vende el cobro del peaje como un paso para el desarrollo del país ya que con el dinero recaudado se dará mantenimiento a las carreteras del corredor logístico de Honduras.
El Estado a través de Coalianza otorgó en 2012 el contrato de concesión de vías aConcesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (COVI) integrado por la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V. de Ecuador y Construcción y Administración de Perú. Se les adjudicó un contrato por 20 años, en el que Covi realizará trabajos de reparación y mantenimiento de la carretera. El convenio faculta a la empresa la construcción de cuatro casetas para el cobro de peaje en Zambrano, Lamaní, Siguatepeque y en el sector de Yojoa y compromete del Estado la seguridad de las casetas, cerca de las cuales habrá una posta para policías militares.
Como protesta ante el cobro del peaje, decenas de transportistas de carga estacionaron sus rastras en un carril cerca del peaje pues consideran muy altas las tarifas y un abuso pues ya con el impuesto por combustible se deberían mantener en buen estado las carreteras. Y aseguraron que serán auditores de este proyecto pues a ellos les interesa que las carreteras estén en buen estado y su dinero sea invertido y no robado.
También el diputado del partido Libertad y Refundación (LibRe) Jari Dixon, expresó que lo que se está viviendo es uno de los robos más grandes de la historia.
“Una carretera nueva que no le ha costado ni al Estado ni a la empresa privada la van a explotar como si fuera de ellos. La población hondureña es la única que puede detener este proyecto porque para el Estado ya el negocio está montado, si la gente no protesta ya en agosto estarán instaladas las otras dos”, expresó paradójicamente este funcionario quien además asegura que en la oposición del Congreso Nacional no hay esperanzas, pues simplemente no son mayoría.
Había circulado en un medio de comunicación nacional que desde el Legislativo harían una propuesta que daría mayor potestad a la Secretaría de Finanzas para vetar proyectos aprobados por Coalianza, sin embargo Dixon negó esta información.
Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su preocupación por cómo Coalianza se ha salido de las manos de las autoridades del Estado. Castellanos asegura que Coalianza pasa contratos de 500 páginas para que en el Congreso Nacional se aprueben a la brevedad posible sin dejarles tiempo para analizarlos. Algo hay detrás de estos contratos sospecha el CNA y por eso ha levantado una investigación de esta institución.
El diputado y ex fiscal Jari Dixon asegura que los contratos aprobados por Coalianza son leoninos, es decir, que el Estado tiene todas las de perder y las concesionarias todas las de ganar.
“De hecho hay clausulas donde se establece que si la empresa no recoge al año lo planificado, el Estado hondureño con el dinero de los impuestos tendrá que resarcir esa cantidad. Empresas cuya única inversión es la instalación de los peajes. En el Congreso si se consiguen los votos se pueden conseguir muchas cosas, pero aquí priman intereses políticos y económicos, es un Congreso Nacional controlado por la oligarquía”, dijo Dixon.
Casi secundando esta idea de que en el Congreso se puede todo y se puede nada, el diputado del Partido Anticorrupcion, Aníbal Cálix asegura que la historia ya nos cuenta que estas alianzas público privadas no traen beneficios al pueblo más necesitado del país.
“No podemos criticar el concepto de APP, porque no necesariamente es malo, la situación en Honduras es que en todas esas negociaciones nunca el beneficiado es el Estado, las empresas que ganan los contratos son las que llevan la mayor parte de la tajada.
Nosotros lo criticamos en el momento de la adjudicación pero mientras no tengamos mayoría se quedará en reclamo”, explicó.
La empresa COVI de Honduras ha manifestado en medios de comunicación nacional que pronto comenzarán la inversión que luego sacarán del pago del peaje. Se han comprometido a ampliar a cuatro carriles el camino desde La Cuesta de la Virgen hasta La Barca, una inversión de 800 millones de dólares, que según el contrato esta empresa debe hacer antes de obtener el dinero de los peajes.
Zarpazos
Cada pasada por el peaje hacia Tegucigalpa, de ida y de venida cuesta entre 18 lempiras (el transporte más liviano) y 141 (el transporte más pesado).
El economista Nelson García Lobos del Foro Social por la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) asegura que proyectos como este, son otro tipo de zarpazos para el pueblo hondureño.
“No hay duda que el sistema de peaje va a ser trasladado al pueblo usuario, ya lo han anunciado los empresarios. El transporte aumentará de precio. El transporte de carga pasará estos costos a los productos o al menos será un pretexto más de algún sector que tiene una muy voraz necesidad de tener mayores ganancias. El transporte de pasajeros aumentará también”, explicó.
El gobierno asegura que con la crisis es imposible que el mismo Estado se encargue de mantener buenas carreteras en el país, por lo cual las APP se han convertido en la solución. Y es verdad, la crisis económica en Honduras es profunda. El 35% del presupuesto nacional proviene de financiamiento internacional (donaciones y préstamos) y cerramos el año pasado con un déficit presupuestario de -7.9% del PIB, unos 29 mil 600 millones de lempiras. Estas cifras luego se traducen en una realidad más en las bajuras. En las calles andan 2 millones de desempleados y desempleadas y 6 millones de pobres que viven con un dólar diario.
En un contexto de privatización de lo público
No solamente las APP, también las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) forman parte de la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández para encontrar una salida a lo económico. El economista Lobos lamenta que el pueblo hondureño no vea en esto toda una estrategia para enriquecer a la clase empresarial que está detrás de todas las decisiones de los gobiernos, decisiones malas para los más empobrecidos.
Lobos lo ve más simple: probablemente las APP puedan ser alguna alternativa, ha funcionado en otros países, pero la gran dificultad de Honduras radica en la facultad de los diputados para hacer negociaciones.
“Coalianza maneja otros proyectos de privatización ligados a la ENEE, a Hondutel y la Empresa Nacional Portuaria, instituciones que tradicionalemte han sido muy rentables para el pueblo hondureño. La intención de hacerlos ver mal tiene de fondo el afán de privatizarlos y darlos en arrendamiento a empresas de carácter nacional o a socios internacionales. Esperaríamos no repetir esa fatídica escena de la Conadi con los actos de corrupción más grandes de la historia de Honduras”, dijo.
Ficohsa, Banco Atlántida y Banco Continental, se encargarán del fideicomiso de la ENEE en ese proceso de privatización. El economista Domingo Godoy concuerda que los empresarios privados y las transnacionales han puesto los ojos en la ENEE para hacerse más millonarios, porque es una de las empresas más rentables del país, y advierte que no solo la energía está pasando a manos privadas, sino que también el agua, la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y las telecomunicaciones.
“Esto es parte de todo el proceso de privatización de las empresas públicas, recordemos que el gobierno aprobó la Ley de Asociación Pública-Privada, es decir Coalianza, el órgano que el gobierno utilizará para privatizar lo que queda del país. Uno de los casos más importantes en el papel de Coalianza es el tema de la portuaria, luego cayó el tema de las telecomunicaciones, el de la ENEE y el agua,” dijo Godoy.
Hay sectores deprimidos como la producción de granos, el manejo de los presidios, los servicios de atención a menores “¿por qué no entran en estos rubros? Solo los que ya están establecidos y en los que el gobierno ha invertido,” se pregunta y responde a la vez el economista García Lobos del Fosdeh.
Investigaciones
El CNA se ha dedicado a investigar a Coalianza pidiéndole contratos, reporte de intereses, fideicomisos y reporte de salarios de los comisionados. Los hallazgos han sido indignantes. Los tres titulares de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, Erasmo Padilla y Zonia Morales, devengan L199,000 de salario neto, mientras no llegue a sus escritorios la resolución del presidente Juan Orlando Hernández, desautorizando el aumento aprobado en diciembre de 2013.
Aunque en su portal web, Coalianza desmintió este hecho, Gabriela Castellanos directora del CNA asegura que ellos tienen pruebas de que en enero, febrero y marzo de este año ellos variaban en la cifra de sus salarios y al pedir información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, seguían las inconsistencias, fue por esto que divulgaron la información obtenida para que el gobierno regulara estos aumentos desmedidos que contrastan con la realidad de país.
El asesor presidencial y secretario ejecutivo del Consejo de Secretarios de Estado, Ebal Díaz, explicó que en la empresa privada existen empleados que devengan más de 150,000 lempiras. “En el mercado laboral competitivo de la empresa privada, esos son salarios normales; incluso hay ejecutivos que ganan mucho más”, justificó en medios de comunicación nacional.
La junta ejecutiva del CNA está conformada por 12 organizaciones, una de ellas es el Consejo Hondureño del a Empresa Privada (COHEP) que ha defendido los procesos de Coalianza. Allí salta la duda de si en estas investigaciones se mueven intereses o si existen presiones, a lo que Castellanos contestó que no. “No hemos tenido abuso ni interferencia por ninguna organización ni por COHEP, si hubiera sido así yo como directora ejecutiva lo comunicaría a los medios”, dijo.
Castellanos informó que en dos semanas se estarán divulgando los resultados de las investigaciones en Coalianza.
¿Se puede salir de la crisis?
Para García Lobos de Fosdeh, sí hay opciones para salir de la crisis y hay propuestas, pero el gobierno sigue prefiriendo moverse con los hilos del alto empresariado.
“Todo el proceso de privatización es avalado por el gobierno de Honduras, gobierno puesto por el sector privado que son los principales espacios en el país que se benefician ya con este tipo de legislaciones y la historia lo cuenta. El sector privado es el que tiene las exoneraciones en el país, tiene la liberación de impuestos, ahora hay que entregarle algunos sectores del gobierno que tienen algunos niveles de rentabilidad.
El gobierno no produce, no tiene dinero, no regala nada, cuando aquí se regala algo no se lo da el gobierno sino el pueblo hondureño, los pobres son los que le dan a los pobres, los que pagamos los impuestos en Honduras no son los ricos, somos los pobres,” explicó Lobos; hasta el asistencialismo los pobres lo pagan.
Lobos propone regresar al campo, apoyar iniciativas con pequeños y medianos productores quienes mantienen el 86% de los empleos en Honduras. Ellos subsisten aun en medio de una política que los vulnera, teniendo que pagar a especuladores, a bancos y hasta la extorsión a grupos delincuenciales. El economista insta al gobierno a escuchar las propuestas de otros sectores que quieren sacar a Honduras de la pobreza que ha causado la inequidad y los intereses mezquinos de unos pocos.
A Mecate Corto 344
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