Adital
Por Tatiana Félix
Foto:ConexihonEl asesinato de la jueza Mireya Efigenia Mendoza Peña, en El Progreso, departamento de Yoro, en Honduras, el último miércoles, provocó indignación y preocupación de Amnistía Internacional (AI) que condenó los asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la muerte de la jueza ya son 64 los asesinatos de defensores de derechos desde enero de 2010, durante la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa.
En declaración pública divulgada, Amnistía Internacional informó que éste es el tercer asesinato de una líder comprometida con los derechos humanos en sólo dos semanas en Honduras. Mientras conducía su vehículo durante el día, la jueza, que también integraba la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), fue sorprendida por hombres armados en motocicleta que dispararon alrededor de 20 tiros en su contra.
Días antes, el domingo 21, Herwin Alexis Ramírez Chamorro, también conocido como "África Noxema Howell”, de 24 años, también fue encontrado muerto en las márgenes del río López Bonito de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Él también era un defensor de los derechos humanos y actuaba en favor de personas homosexuales y transgéneros, por la prevención del VIH/Sida y por el desarrollo de las comunidades afro-hondureñas.
El 15 de julio, la víctima fue Tomás García, líder indígena que integraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). De acuerdo con los relatos, fue alcanzado por tres disparos por parte del ejército, durante una protesta pacífica en Río Blanco, departamento de Intibucá, en contra de un proyecto hidroeléctrico que ha afectado a las comunidades indígenas lencas de la región.
En virtud de esta situación, AI condenó los asesinatos e hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que realicen las debidas investigaciones en forma urgente e imparcial, y castiguen a los responsables materiales e intelectuales de estos actos. "Es urgente proteger a quienes trabajan por la igualdad, la justicia y en contra de la impunidad en Honduras y para ello es imperativo fortalecer el sistema de justicia en un marco de transparencia y respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos”, resaltó AI.
Represión y persecución
El 25 de julio, los observadores internacionales de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza, del Proyecto de seguimiento en Honduras (Proah), Orlane Vidal y Daniel, fueron secuestrados y amenazados por cerca de 10 hombres armados, acompañados por varios trabajadores de la empresa Minerales Victoria, en la propia comunidad ubicada en el departamento de Atlántida.
El viernes 26, la secretaria general de la Central Nacional de Trabajadores Central (CNTC), en la región del Progreso, Magdalena Morales, y dirigente de la base campesina La Cosecha, también fue detenida por efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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