Honduras en subasta

Diario Tiempo

El congreso nacional ha reincidido en la reforma constitucional para habilitar las denominadas “ciudades fletadas” o “ciudades modelo”, un proyecto previamente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, lo que motivó su defenestración, vía destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

De hecho, el establecimiento del nuevo modelo de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) sustituye, con creces, el anterior proyecto de las Regiones de Desarrollo (RED), siempre en un entorno inconstitucional que afecta a toda la institucionalidad política y la forma de gobierno.

Bajo este régimen aprobado por la asamblea legislativa por aplastante mayoría (110 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones), la Constitución misma ha sido convertida en una trampa —una trampa constitucional— para desmembrar por completo el Estado en sus tres elementos esenciales: el territorio, la nación y el ordenamiento jurídico.

No es necesario desmenuzar el texto del decreto retocado —y aprobado— de las ZEDE para encontrar, incluso en somero análisis, las inconsistencias y violaciones de orden constitucional, que, de acuerdo con lo establecido originariamente, se inscriben en el ámbito de la traición a la Patria, con pena aplicable a los responsables de dicha reforma.

En el análisis meramente político de esta cuestión, lo que tenemos en estas circunstancias es una crisis de Estado, en la que la nación se enfrenta a su pérdida total de la identidad, y, en consecuencia, a un proceso quizás irreversible de disolución nacional. Baste con advertir que, en la práctica, la representación popular que, en teoría, constituye el Legislativo, en tanto cuerpo se ha deslegitimado a sí mismo.

Eso significa que el congreso nacional, colocado de espaldas a la sociedad hondureña y en contradicción con el interés supremo del Estado-Nación, ha usurpado la representación nacional para apropiarse del destino del país y de la comunidad hondureña, para lo cual no ha tenido reparo en desconocer y desmantelar la institucionalidad jurídica.

Tenemos enfrente, entonces, un desafío a la representación nacional, que nos atañe a todos y cada uno de los hondureños, puesto que los legisladores, al desmontar, para sus particulares objetivos, el instrumento constitucional originario, han instalado el caos y aventurerismo político que no respeta la ley o la modifica, cuantas veces sea necesario, para sus fines utilitarios.

Ante esa situación, de creciente desnacionalización en un país colocado en subasta internacional, en el que los organismos de la defensa nacional se muestran indolentes e incapaces para cumplir con su deber, lo cual evidencia la profundidad del colapso de la institucionalidad, solamente queda el reclamo de liderazgo para encauzar al pueblo en una cruzada de salvación nacional.

En unas condiciones tan dramáticas, por lo demás, que, a juzgar por lo sucedido en el congreso nacional y en relación con la representatividad, el recurso electoral ha sido rebasado en su utilidad para garantizar el restablecimiento del Estado de Derecho, republicano y auténticamente democrático.