Por Marvin Palacios
La dirigencia del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) evidenció el incumplimiento de los acuerdos firmados en abril de 2011, en los cuales el régimen de Porfirio Lobo Sosa adjudicaría 11 mil hectáreas de tierras a las comunidades campesinas y establecería una solución al conflicto agrario en el Bajo Aguán.
Dicho incumplimiento aunado a la amenaza del terrateniente Miguel Facussé, de ordenar desalojos en los asentamientos campesinos el próximo 1 de junio, podrían desembocar en muertes violentas y graves violaciones a los derechos humanos que han dejado en los últimos años, unos 60 campesinos asesinados
El artículo 4 del decreto publicado en el diario oficial La Gaceta el 4 de octubre de 2011establece lo siguiente: Autorizar al poder ejeciutivo para que a travès de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en conjunto con el sistema financiero nacional y la Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicios (MUCA) formulen un plan de negocios y la estructura financiera y operativa de la transacción dentro de un término de 90 días a partir de la vigencia del presente decreto y a la firma del mismo, los acreedores procederán de inmediato al pago de las tierras a los propietarios.
Al respecto Jhony Rivas, Secretario General del MUCA y miembro de la comisión negociadora dijo que la situación es bastante compleja debido a que no se cumplió con este tiempo para elaborar el plan de negocios y la estructura financiera y se nos presentó hasta el día 22 de mayo, cuando el decreto manda que el plan de negocios se debió elaborar hace 6 meses entre el gobierno, los terratenientes y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), explicó Rivas.
El dirigente señaló que en el Instituto Nacional Agrario (INA) no se les permitió el pasado 22 de mayo de 2012 tener acceso al plan de negocios diseñado por el Estado, lo que les impide hacer un análisis para determinar la factibilidad del mismo.
"Nosotros estuvimos proponiendo de que nos sentáramos a dialogar, pero igual se nos ignoró, desarrollaron ellos su plan de negocios, y no se no permitió una copia, por lo que creemos que es una violación a nuestros derechos y una violación incluso al mismo decreto", recalcó Rivas.
Rivas cree que lo que planea el ministro director del INA, César Ham, es socializar el plan de negocios con las comunidades campesinas, pasando por encima de la comisión de negociación del MUCA.
Trascendió que el "plan de negocios" está relacionado al 6 por ciento y "sabemos que es una tasa de interés un poco razonable podríamos decir, pero que el día de hoy no tenemos capacidad de pago, debido a que tenemos una enorme cantidad de familias en los asentamientos y esto porque el gobierno tampoco cumplió con los acuerdos del 13 de abril de 2010, en donde se habló de entregar 11 mil hectáreas de tierras".
"Si esas tierras se hubiesen adjudicado, en estos momentos estuviéramos buscando el financiamiento para poder desarrollar otros proyectos en esas áreas, tendríamos mejor capacidad económica para solventar la deuda, pero no ha sido así, el gobierbo no ha cumplido con los acuerdos y esto nos está llevando a tener que aceptar el 6 por ciento de interés (bajo el precio de 135 mil lempiras por hectàrea) y en las condiciones en que estamos, no tenemos capacidad de pago", aseguró.
En este momento el movimiento campesino del Aguán está en posesión de 4 mil 45 hectàreas de un total de 11 mil contenidas en el acuerdo del 13 de abril de 20011.
Consultado en torno al ultimátum planteado por el terrateniente Miguel Facussé en el sentido de que ordenará desalojos a partir del 1 de junio de 2012, si el gobierno no le paga las tierras que según él, le pertenecen, el dirigente Jhony Rivas expresó que esa es una situación muy compleja, pero nosotros tenemos firmado un acuerdo con el gobierno, y es responsabilidad del gobierno solucionar este problema.
"Sabemos que esto es una crisis creada en 1992 por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas al aprobar una ley que está en contra del desarrollo de los pueblos (Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola) publicada el 5 de marzo de 1992, fue a partir de ese momento que se creó la crisis en el campo", afirmó el dirigente campesino.
Frente a ls amenazas de desalojos, Rivas hizo un llamado al movimiento campesino de la región para que unidos a travès de 22 organizaciones populares y campesinas del Aguán se declaren en alerta permanente.
"Si los desalojos llegan, estaríamos recuperando nuevamente la totalidad de la tierra que fue asignada para procesos de reforma agraria en 1970, Sabemos que aquí cada paso que damos estamos amenazados, si salimos de nuestras casas no sabemos si vamos a regresar con vida, estamos en una situación difícil desde hace dos años, pero igual creo que son riesgos que tenemos que tomarlos debido a que el Congreso Nacional no toma decisiones por este pueblo, pues el pueblo en su momento va a tomar sus decisiones", advirtió Rivas.
El lìder campesino aseveró que hay una responsabilidad total y directa de parte de los 3 poderes del Estado al no querer aprobar una propuesta de ley que se presentó el 11 de octubre de 2011 y así también el Poder Judicial al estar emitiendo órdenes de desalojo de los cuales se han derivado centenares de violaciones de derechos humanos y que mantiene a miles de campesinos acusados de usurpación de tierras.
"El llamado es para la misma Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, la misma policía y el ejército, ¡basta ya! de estar confabulados con terratenientes para seguir reprimiendo a este pueblo, que lo único que quiere son mejores condiciones de vida para poder nutrir mejor a sus familias".
Cabe señalar que los integrantes y las integrantes de la Audiencia Pública Internacional reunida el lunes en horas de la tarde anunció dentro de sus conclusiones preliminares que es curioso que en Honduras, el ejército y la policía en lugar de garantizar el orden público, m´ñas bien se conviertanen guardianes de las fincas de los terratenientes.
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