Rel-UITA
Por Giorgio Trucchi
Miles de campesinos acompañados por organizaciones populares, sociales y sindicales del Valle del Aguán se movilizaron este 1 de junio en la ciudad de Tocoa, en rechazo a las amenazas vertidas por el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, de desalojar varias fincas que fueron negociadas con el gobierno y que se encuentran en posesión del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Asimismo se exige el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en 2010 y la aprobación de un proyecto de ley de Transformación Agraria Integral que fue presentado el año pasado ante el Congreso Nacional
La situación en el Bajo Aguán podría volverse explosiva en los próximos días, después de que delegados del Grupo Dinant presentaran hoy ante la Secretaría de Seguridad una solicitud para la reactivación de las órdenes de desalojo de por lo menos siete fincas -unas 4 mil hectáreas-, donde están asentadas miles de familias campesinas afiliadas al MUCA, que fueron objeto de negociación y acuerdos con el gobierno en junio del año pasado.
Además, la dirigencia del MUCA decidió ayer pedir más tiempo al gobierno para poder analizar con sus bases el plan de negocio presentado a última hora por el Instituto Nacional Agrario (INA), cuya aprobación fue puesta como condición para poder seguir siendo parte de dichos acuerdos.
“Es impresionante ver la cantidad de personas que llegaron a Tocoa para manifestar su tajante rechazo a las amenazas de Facussé, que ahora parecen estar siendo secundadas por el INA”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.
Rivas calificó de “irresponsables” las declaraciones de la máxima autoridad del INA a medios nacionales donde expresa que, al no firmar, el MUCA queda afuera de cualquier tipo de acuerdo y, por ende, expuesto a lo que venga.
“Es una manipulación burda de la verdad porque no podemos firmar algo que no hemos discutido con toda nuestra gente. En este sentido hemos pedido más tiempo pero se nos ha negado. Además -continuó Rivas- estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del 2010 y la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de Transformación Agraria Integral”.
El dirigente campesino aseguró que con esta movilización quedó demostrado que el Valle del Aguán quiere justicia y exige una justa repartición de la tierra. “Estamos preocupados por lo que pueda ocurrir en los próximos días. Desde ya alertamos a la comunidad internacional y las organizaciones nacionales de derechos humanos para que sigan atentas a lo que pueda pasar”, concluyó Rivas.
También para Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y dirigente departamental del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), la movilización de hoy es una señal clara de la voluntad de la gente de no dejarse amedrentar por las amenazas.
“La gente está animada y ha llegado respaldando esta lucha, fortaleciendo la unidad de sectores amplios de la población. No podemos permitir que siga la violación de los derechos humanos y el atropello al derecho que tienen las familias campesinas de tener acceso a la tierra”, aseveró Banegas.
Según varias organizaciones y redes internacionales, entre ellas la Rel-UITA -que en los días pasados convocaron a una Audiencia Pública y un Seminario Internacional sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas- en el Bajo Aguán hay una falta absoluta de institucionalidad y reina la impunidad.
La falta de acceso a la tierra, la implementación del monocultivo de palma africana a gran escala, la militarización del territorio y la ausencia del Estado son elementos de un conflicto agrario que ha dejado, hasta la fecha, un saldo de 48 campesinos organizados asesinados en menos de tres años.
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