Radio Progreso
Estamos llegando a un momento de inflexión en la realidad hondureña: todos los sectores sociales están expresando de muy diversas maneras e intereses su hartazgo con la violencia, la corrupción y la impunidad que se vive en el país.
Las razones de la desesperación abundan. Se ha destapado la pudrición al interior de la policía y de los militares, instituciones fuertemente vinculadas a las actividades del narcotráfico y del crimen organizado; se ha destapado la corrupción al interior del Ministerio de educación, con casi 5 mil maestros fantasmas que cobran 700 millones cada mes; se medio destapó la corrupción en Soptravi, con mil doscientos empleados fantasmas y algunos funcionarios han reconocido que el Estado está quebrado. Si esto está pasando en estas instituciones, imagínese qué encontraríamos si se destapa la olla para ver lo que está pasando en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia o en la Secretaría de Salud.
El hartazgo está llevando a la gente a expresar su descontento de diversas maneras. Algunos han optado por expresarlo individualmente, pero otros prefieren expresarlo de manera colectiva. El último fin de semana se desarrollaron varias marchas de sectores de las iglesias evangélicas y católicas; hace un par de semanas salieron a la calle los periodistas. En las marchas hubo muchas pancartas, pero tres fueron los grandes temas de lucha: la pobreza, la violencia, la corrupción y la impunidad.
Toda acción de movilización en la Honduras actual es necesaria, pero al ser actividades aisladas cada marcha dura el tiempo de un estornudo. En el marco de buscar caminos de salida a la crisis actual, es fundamental articular las acciones para presionar a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas a encontrar unos consensos básicos que capitalicen ese descontento colectivo.
A pesar de las limitaciones, la administración de Porfirio Lobo ha abierto parte del camino hacia los consensos que se pueden impulsar. Es un paso importante haber firmado un convenio que, por lo menos, resuelve parte del conflicto agrario de Aguán, ese mismo camino debe seguir con el resto de tierra en disputa en el país. El ministro de educación, Marlon Escoto, también está dando señales de otro consenso que el país necesita en materia de educación, está haciendo un ejercicio de depuración del personal docente y está despolitizando el sistema educativo.
Son iniciativas incipientes, y en las fragilidades del Estado hondureño y de las movedizas realidades de violencia subordinadas a la ley del más fuerte, esas iniciativas se pueden ir al carajo en cualquier momento. Son incipientes pero indican la ruta. Necesitan una fuerte voluntad y decisión política. De sobra sabemos que en la realidad actual no hay ningún actor con capacidad para hacerle frente, por si solo, a toda la problemática nacional. El desafío está en articular todas estas manifestaciones de descontento, de los diversos actores para dos tareas: dar fuerza política a las iniciativas que la administración ha puesto en marcha, y para avanzar hacia una propuesta de consensos mínimos desde la ciudadanía para obligar a los candidatos a que asuman los mismos en la siguiente administración pública.
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