En juicio político, con características sumarias, el presidente Fernando Lugo, de Paraguay, ha sido separado de su cargo, con lo cual se abre un capítulo de inestabilidad en ese país que había iniciado un proceso de reforma político-social y de integración latinoamericana.
La destitución del presidente Lugo -considerada por un amplio sector de opinión pública como un “golpe técnico” por parte del Legislativo en connivencia con el Poder Judicial, medios de comunicación y partidos tradicionales y de derechas- ha provocado el alerta en las naciones de la Unión Suramericana, Unasur, de la que Paraguay forma parte.
La acusación contra el presidente Lugo, por parte de la Cámara de Diputados, fue por “mal desempeño en sus funciones que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la república”.
El detonante fue la matanza en un enfrentamiento por el desalojo de tierras de 11 campesinos, en el que también murieron 6 policías, un hecho señalado como inédito en la historia paraguaya, y que, según los parciales de Lugo, se enmarca en la conspiración del supuesto golpe técnico contra el Ejecutivo.
El triunfo de Lugo en las elecciones generales de 2008 puso fin a 61 años de control del poder del Partido Colorado, aunque éste conservó la mayoría en el Legislativo y el predominio en el Poder Judicial. Desde esa posición, dicho partido y sus aliados han ejercido una labor de zapa para obstaculizar el proceso de integración latinoamericana.
En consecuencia, en el relativamente corto tiempo en que Lugo ejerció su cargo presidencial, se vio envuelto en situaciones incómodas por su condición de ex-obispo católico, por el padecimiento de un cáncer linfático, y, sobre todo, por su política de ajuste político, económico y social que la oposición asumió como incitación a la lucha de clases.
Por supuesto, el fallo del Senado paraguayo que determinó la caída del poder del presidente Lugo, por las circunstancias en que se ha producido difícilmente conseguirá el sello de la legitimidad aun cuando esté revestido de ropaje legal. Es, en ese sentido, un reto al propósito de evitar los cambios intempestivos de gobierno en América Latina.
A eso se debe, indudablemente, la reacción inmediata de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, es decir de Unasur, de enviar a sus representantes a Asunción, no para intervenir pero sí “para asegurar el derecho de defensa de la democracia”.
Sin embargo, queda muy claro para la Unasur que, en última instancia, lo que está en juego es la decisión de no permitir el retorno de dictaduras o de golpes de Estado en el concierto latinoamericano, como lo ha expresado oportunamente Ricardo Patiño, canciller del Ecuador.
Salvando las distancias, desde Honduras podemos apreciar lo sucedido en Paraguay con ese juicio político, en atención al golpe de Estado 28-J de 2009, que cualquier similitud es mera coincidencia.
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