Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), asignados a la sección de Delitos Especiales, capturaron la noche del jueves a los tres militares que han sido señalados de quitarle la vida a balazos a un menor.
Los tres militares ya guardan prisión en la Penitenciaría Nacional.
Los tres elementos de las Fuerzas Armadas, supuestamente el pasado 27 de mayo, ultimaron de varios disparos a Ebed Jaasiez Yánez Cáceres (15), mientras se conducía en una motocicleta.
Los imputados son el subteniente de infantería, Josué Antonio Sierra (21), asignado al Batallón de Fuerzas Especiales, situado en La Venta, Francisco Morazán.
Asimismo, el sargento raso Eliazar Abimael Rodríguez Martínez (22) y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez Hernández (24), ambos asignados al Primer Batallón de Infantería, ubicado en El Ocotal, carretera a la aldea de Mateo.
Los militares fueron arrestados en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería, en atención a una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, con fecha 14 de junio del 2012.
Ebed Yánez Cáceres
Los supuestos culpables de este condenable crimen ayer mismo fueron presentados en los tribunales, donde el juez determinará su culpabilidad o inocencia.
El lamentable hecho ocurrió en la madrugada del pasado 27 de mayo, después que el hoy occiso Ebed Jaasiez Yánez Cáceres (15) se conducía en una motocicleta y al pasar uno de dos operativos militares en el sector de Villa Vieja, le hicieron señal de parada, pero el joven desobedeció la orden y siguió su ruta hacia su casa, simplemente porque no andaba licencia para conducir motocicleta, dado que era menor de edad.
Ante la reacción del joven de no quererse parar, unos siete militares a bordo de un carro marca Ford 4X4 le dieron persecución hasta alcanzarlo, donde le dispararon en repetidas ocasiones.
Es de resaltar que el automóvil utilizado por los militares para cometer este crimen fue donado por la embajada norteamericana, acreditada en Honduras, para realizar labores a favor de la población.
Después de cometer el crimen, los militares regresaron a la escena del crimen para tratar de recoger las cápsulas de las balas que dispararon, pero como era de noche, se les imposibilitó encontrarlas todas, por lo que en las primeras horas de la mañana los parientes del menor recogieron algunas, lo que posteriormente les sirvió como evidencia para inculpar en la muerte del pequeño al subteniente, al sargento y al cabo.
El joven no se detuvo en el retén y fue perseguido por los militares hasta quitarle la vida.
Wilfredo Yánez, padre del menor ultimado, cuando conoció la infausta noticia de la muerte de su hijo, juró que llegaría hasta donde fuera necesario para encontrar a los culpables del crimen contra su vástago.
El acongojado papá recordó que, esa noche trágica, su hijo decidió salir a visitar a su novia, pero como no tenía cómo trasladarse, utilizó una motocicleta que había en la casa.
Al momento que regresaba con la joven, observó que había un retén militar, por lo que le pidió a la muchacha que se bajara ya que él pasaría solo por el operativo.
Lamentablemente los militares lo persiguieron y le dispararon en reiteradas ocasiones con sus fusiles M-16, hasta darle muerte.
Después de las denuncias hechas por el desesperado padre ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, esta dependencia del Ministerio Público inició una investigación.
Ante la presión que ejerció don Wilfredo en algunos medios de comunicación, es que la investigación de este caso tomó la connotación necesaria, hasta llegar a esta etapa, donde encontraron a los presuntos hechores materiales del condenable crimen.
Para lograr encontrar a los presuntos culpables, el Ministerio Público debió indagar a más de 200 militares, quienes son parte de los que participan en la Operación Relámpago.
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