Por Luis E. Aguilar
En la actualidad del campo hondureño las relaciones de producción son de diversa naturaleza, sin embargo predomina la unidad latifundista y su relación de dominación hacia la población que, encontrándose desposeída o en extremo minifundio no tiene otra opción que vender su fuerza de trabajo a los propietarios de la tierra y otros recursos en las peores condiciones. El contrato social que nace entre esos dos actores termina, en las condiciones actuales, siendo frecuentemente de naturaleza pre-capitalista.
Del tipo de los acuerdos de subordinación derivados entre esas dos clases antagónicas se puede inferir, entre otras, una relación semi - feudal, en la que sin representar la totalidad del trabajo asalariado existe una división notoria entre la fuerza de trabajo empleada para la subsistencia y mantenimiento de los trabajadores y sus familias, y la fuerza de trabajo empleada en la creación de plus-producto del cual el terrateniente se apropia en su condición de propietario de los medios de producción. Todos estos contratos sociales a nivel rural -hablamos de medianería, renta, préstamo en condiciones, regalías etc.-, constituyen mecanismos a través de los cuales la clase propietaria se apodera de la plusvalía.
Sin embargo, no existe un solo mecanismo, y en los diversos modos de producción que coexisten los trabajadores rurales pueden transitar de campesinos a semi-proletarios y proletarios o viceversa durante diversos periodos de su vida debido a la precariedad estructural de su condición de clase, y la manipulación de las políticas publicas al antojo de la burguesía.
En este contexto se plantea romper con el orden de explotación actual e implantar nuevas formas sociales que incluyan a los trabajadores rurales en la construcción de la nueva sociedad, destruyendo las cadenas de esclavitud, servilismo y esclavitud salarial que actualmente les amarran. No podrá hablarse de refundación nacional si las relaciones de producción en el campo continúan favoreciendo una sociedad rural en la que predomina la subordinación de carácter pre-capitalista y de capitalismo depredador.
Un cambio radical en las relaciones de producción en las áreas rurales constituye una condicionalidad de primer orden para la liberación del pueblo en su totalidad dada la coyuntura sociopolítica actual. La raíz rural del problema social en Honduras, nos referimos a la desigualdad y la exclusión del pueblo a través de su subordinación en la producción, se argumenta debido a que las relaciones de subordinación de patrón – peón han predominado desde el tiempo colonial hasta la actualidad constituye la matriz de esa subordinación. Este fenómeno responde a factores históricos de la economía hondureña de los últimos cinco siglos pero también a su rol periférico en la economía mundial durante las ultimas décadas, y una frenada industrialización que junto al desmantelamiento del ya raquítico bienestar en el campo arrojó a la exclusión estructural a la mayoría de la población, relegándola a una pluralidad de formas sociales, las cuales constituirían relaciones de subordinación secundarias.
Para ilustrar el fenómeno del antagonismo rural-urbano, de un análisis de la sociedad actual se deduce que ésta ha “evolucionado” a dos marchas, una urbana en donde predomina una sensación de progreso y cambio social basado en el derecho burgués y otra rural en donde la ilusión de progreso es distinta; los conceptos de cambio social, derechos humanos y desarrollo tienen un significado diferente. Esta disparidad que tiene raíces en la historia de la humanidad y la división en clases, así como en las divisiones de trabajo intelectual y manual, es una de las razones por las que la sociedad socialista propuesta por un proceso revolucionario popular debe siempre enfocarse en la necesidad de eliminar las diferencias campo-ciudad. Estas diferencias se han agudizado en el contexto de la fase neoliberal del capitalismo en América Latina. En el capitalismo, y especialmente en el neoliberalismo, un espacio de alienación urbano ejerce dominación sobre lo rural.
Por otro lado, estimaciones recientes revelan que en Honduras más de trescientas mil familias se consideran sin tierra o en extremo minifundio, varias de ellas pertenecen a un circulo de campesinos que no tienen ninguna otra opción más que la agricultura como medio de supervivencia; en una situación de extrema precariedad viven en la indigencia o practican agricultura de extrema pendiente. También en este grupo se puede contar con las miles de familias que han pactado acuerdos, o tiene relaciones de tipo feudal, con los latifundios sea al interno o al externo de estos como se menciona anteriormente, pero también habitantes urbanos desplazados en el pasado reciente. En cualquier caso, esta cifra, publicada en Honduras en el año 2011 demuestra que, a pesar del fenómeno de la emigración y de la creación de puestos de trabajo en las zonas semi-industriales de la costa norte del país, el conflicto rural se mantuvo y empeoró con el fracaso neoliberal y por lo tanto la necesidad de nacionalizar la tierra y traspasarla a las manos de los campesinos organizados en propiedad real colectiva, y del Estado en propiedad nominal – lo cual interpretamos como un consenso en la actualidad -, es una condición para el progreso de la sociedad. De hecho, desde la Reforma Agraria en la década de los 70, la concentración de la tierra se redujo pero volvió a repuntar a finales de los 80 y sobre todo con la ley de contra reforma de 1992. Los minifundios han aumentado en números totales y los latifundios en numero de hectáreas; es una tendencia generalizada que ha empeorado en el pico neoliberal (1).
Además del factor de la presión real sobre la tierra antes mencionado, en un segundo plano otro factor detonante podría ser que el campesinado y sus representantes son plenamente conscientes que las formas sociales de organización y el nivel tecnológico, sobre el cual ellos poseen un conocimiento acumulado, ha alcanzado niveles que superan los mediocres logros de la clase terrateniente en términos de mejoramiento en las condiciones de vida a nivel local, y en cuanto a su aporte al desarrollo nacional a nivel macroeconómico. Las cooperativas que se trasformaron desde la producción de cultivos de subsistencia en los años 70 hasta llegar a ser grandes complejos agroindustriales en la actualidad, creando en torno a su proyecto económico sistemas de desarrollo social nunca vistos en el mundo rural hondureño e incluso latinoamericano, permanecen latentes como una prueba emperica de la capacidad creadora de los sectores campesinos organizados.
Es en estas condiciones que desde hace varias décadas estallan, entre estas dos clases antagónicas, sendas batallas por la colectivización de los medios de producción; los grupos campesinos que recuperan tierras no solo en el Valle del Aguan sino a nivel nacional (2).
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Como se ha expuesto arriba sobre la economía hondureña, el latifundio es todavía su unidad económica central y el antagonismo que ejerce sobre la clase desposeída rural es la relación predominante en el campo Hondureño y en varios países de América Latina. Por lo tanto, es esta relación de aberración la que las políticas refundacionales deben buscar desmantelar de una manera estructurada y planificada, pues se remontan al modelo colonial extractor ibérico que subordinó una raza sobre la otra, acentuó las clases sociales y destruyó consigo al menos nueve mil años de experiencias de organización social indígena. No se trata entonces de algo sencillo o de corto plazo; en el caso hondureño diferentes etapas deberían de ir transformando el modo de producción antes de llegar al modelo ideal.
Desde una visión política, se trata de despojar de protagonismo e institucionalidad a la unidad del latifundio a través de dos mecanismos: políticas públicas y lucha popular. Estos dos factores están relacionados a procesos ya en marcha en la actualidad política hondureña. Por un lado el pueblo organizado, que incluye entre otros amplios sectores campesinos, pretende tomar el poder real del Estado para democrátizarlo y utilizarlo como un instrumento para la transición hacia una sociedad socialista, y por otra parte, los campesinos organizados están en la actualidad continuando con un proceso de colectivización de los medios de producción a través de la expropiación y otras tácticas, tomando así control sobre las decisiones que afectan directamente la organización de su propio trabajo.
Este proceso no es aun de nacionalización de tierras o de estatización, en este caso el Estado no esta tomando posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad en general ni de los trabajadores en particular, como se esperaría aconteciera para otros sectores de la agricultura y de la economía en algún momento. Las tomas de tierra son un proceso de colectivización en el que se esta usando una vía participativa hacia la organización de la producción. Todas las empresas y cooperativas campesinas mantienen asambleas anuales y elijen democráticamente sus administradores y además las metas y orientación anual de la producción, distribución y consumo, cada miembro es un voto, es una democracia participativa en el espacio laboral; estamos hablando entonces de formas de organización pre-socialistas o de transición (3).
La meta de desmantelar el protagonismo y el poder de la unidad latifundista se va a lograr con una serie de medidas que favorezcan a la clase desposeída, hemos mencionado dos de los mecanismos que creemos son los más importantes y se podría incluir por parte del Estado; expropiaciones masivas a través de proyectos de ley de Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria, estructuración nacional de un sistema de investigación, extensión y servicios agropecuarios, mejoramiento de las infraestructuras rurales, bonificación de tierras de alta productividad (riegos, puentes, caminos), masificación de la educación, la formación continua y otros servicios, etc. y por parte del pueblo: continuar con las tomas de tierras, establecer modelos cada vez más democráticos en la organización de su trabajo y de la producción, participación en los espacios políticos representativos del pueblo, etc. Una serie de medidas que ayuden a alcanzar los grandes objetivos trazados en el contexto de la refundación democrática de la nación.
Posteriormente, para las etapas iniciales de la organización del sector y desde un punto de vista puramente económico, en el que el gobierno popular debe demostrarse a si mismo y a la población su capacidad organizativa en la creación de riqueza y trabajo al servicio de la sociedad, es este modelo – ya en gestación - uno de los que podría ofrecer crecimiento en el sector primario de la economía y debería ser observado con detenimiento. Una vez alcanzadas unas metas de eficiencia y productividad es que el pueblo en el poder debe plantearse mecanismos para alcanzar etapas superiores de organización (4).
Notas:
(1) Las ultimas cifras disponibles son citadas por Courville en 2005 y 2006 pero con referencia a datos de 1992 de la CEPAL y publicados en 2001: "Los minifundios han continuado creciendo en la ultima década. En 1992 los predios con más de 100 has. (promedio de 254 has.) ocupaban 40% de la superficie y por el otro lado, las propiedades con menos de 5 has. (Promedio de 1.6 has.) ocupaban 11.6% (CEPAL, 2001)". Sin embargo, podemos estimar con relativa confianza que esta tendencia ha seguido aumentando y provocado numerosas recuperaciones de tierras en las postrimerías del huracán Mitch y en los últimos 7 años por el incremento de las desigualdades en el contexto neoliberal y el Golpe de Estado de 2009. De igual manera, no se puede desprender del análisis las cifras de calidad y fertilidad de las tierras, localización y otros factores que también condicionan la productividad y de las cuales también emana acaparamiento y exclusión.
(2) En 2008 se estimaban más de 800 lugares en conflicto violento a nivel nacional (M. Murillo; FIAN).
(3) En el caso de las empresas campesinas y cooperativas en Honduras al contraponerlas al concepto de partida de los rasgos centrales de la organización socialista de la producción (Marta Harnecker, 2012). Es de particular importancia para nuestro análisis que los autores explican cómo las formas de producción socialistas serán más fáciles de obtener en unos países que otros dependiendo de las condiciones actuales y la capacidad de los trabajadores de colectivizar los medios de producción.
De igual manera, en sociedades socialistas la estatización de los medios de producción es un mecanismo para proteger el patrimonio colectivo que pertenece al bien común de toda la sociedad y terminar con la explotación humana. Nos referimos entonces al proceso ideal, ya que en la realidad a las empresas se les otorgan títulos privados que pueden vender, como fruto de la pretensión de reactivar un mercado libre de tierras en Honduras en lo que constituyó el mecanismo de contra-reforma impulsado por las agencias donantes (en este caso USAID). Por otro lado, cuando se habla de estatización de los medios de producción se usa como un término formal de precaución en cuanto a las formas de propiedad que se definan, ya que la propiedad real, la disposición de uso de los recursos y la organización del trabajo deberían estar en manos de las estructuras democráticas de los grupos campesinos como mecanismo de reactivación económica viable, y que constituye la idea central que se trata de exponer aquí para las etapas de transición. El Estado por su parte podrá operar otros mecanismos complementarios con empresas estatales de producción agropecuaria, colonias agrícolas, etc. No deberá existir un único modelo de producción en las etapas de transición.
(4) Se plantea en el contexto de la actualidad política y social de América Latina y las lecciones aprendidas se deben observar detenidamente en el proceso cubano ya que es el único que esta buscando incansablemente una solución a la crisis mundial de la agricultura y la alimentación desde 1959 hasta la fecha.
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