Más de 40 investigadores hondureños, con el apoyo de más de 300 firmantes de 29 países (entre los cuales más de 200 firmantes de los EE.UU.) enviaron hoy una carta al Presidente Obama y a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, exigiendo el cese inmediato de la ayuda militar y policial, incluyendo el entrenamiento, por parte de los EEUU para Honduras (versión inglés aquí). En la carta también se exige que los EEUU respeten un referendo popular en el que los hondureños puedan decidir si las dos bases militares de EE.UU. deben permanecer en el país y se rechaza la guerra contra las drogas como pretexto para el aumento de la militarización del país que los Estados Unidos han venido impulsando. En la carta se afirma:
“El combate al narcotráfico no es legítima justificación para financiar y entrenar a fuerzas de seguridad que usurpan a gobiernos democráticos y que reprimen a nuestro pueblo. Todo mundo aquí en Honduras, incluso el personal de su Agencia anti drogas en Tegucigalpa, sabe exactamente quienes son los narcos y donde encontrarlos. Los narcotraficantes más poderosos también financiaron y promovieron el golpe que eliminó las pocas barreras que existían para su tráfico; son poderosos príncipes de la agroindustria, el comercio y las finanzas, grandes terratenientes, alcaldes y miembros del Congreso Nacional. Han financiado incluso campañas presidenciales, están emparentados con políticos de todos los rangos y partidos importantes. Algunos son aliados de la embajada estadounidense, que ha admitido saber que, al menos uno de sus socios locales es narco. El problema no es que la policía y fuerzas armadas carezcan de recursos y entrenamiento. La policía y las fuerzas armadas son parte íntegra del problema y son muchas veces cómplices en el narcotráfico. Sacan su tajada del negocio del producto sudamericano que pasa por nuestro país camino al suyo y también de los residuos que se distribuyen aquí. El problema es una cultura de la corrupción arraigada y la falta dedeterminación de la autoridad para depurar la policía y las FFAA. Quienes se han atrevido a hablar de esto desde adentro, han sido procesados por abuso de autoridad como el ex Ministro Gautama B. Fonseca o son asesinados como el ex-comisionado Alfredo Landaverde por la policía corrupta, entrenada y financiada por los E.U.A.”
La carta de los académicos fue enviada justo después de la operación conjunta entre miembros de la Agencia estadounidense contra las drogas (DEA) y de la policía hondureña que el pasado mes de mayo dejó como resultado cuatro civiles asesinados. También, después de la noticia de la semana pasada según la cual, soldados del ejército hondureño mandatados por el Presidente Lobo para actuar como policías y conduciendo vehículos donados por el gobierno de los Estados Unidos, dispararon y asesinaron a dos adolescentes por no detenerse en un retén policial en Tegucigalpa.
Rodolfo Pastor Fasquelle, profesor de Historia en el Colegio de México y ex-Ministro de Cultura, Artes y Deportes de Honduras, dijo hoy:
“Desde que los firmantes hondureños de nuestra carta dirigida a Barack Obama y a Hillary Clinton la transmitieron a colegas y amigos de todo el mundo para solicitar su apoyo, han habido cambios significativos en la institución policial. Estos cambios no presagian nada bueno. La policía nacional está ahora bajo el control de personajes aun más corruptos, lo que constituye tanto un reconocimiento de que las reformas han fracasado, como una confirmación de que la política del Estado hondureño es la de investir de impunidad a los criminales pertenecientes a su aparato de seguridad.
Es sumamente inquietante para nosotros, después de la masacre de inocentes indígenas misquitos perpetrada con ayuda de la DEA, escuchar a Lisa Kubiske, embajadora de EE.UU. en Honduras, afirmar que con el fin de las operaciones de EE.UU. en Irak y Afganistán, los recursos militares de esas dos guerras desastrosas serán utilizados en nuestro país.”
La carta de los académicos hondureños también menciona la continuación del conflicto sangriento en la región del Bajo Aguán. Este conflicto fue abordado en la carta enviada por 94 miembros del Congreso estadounidense a la Secretaria Clinton el pasado mes de marzo, en la que también se exigia el cese de ayuda militar y policial. Marc Edelman, Profesor y Director del Departamento de Antropología y miembro del Comité Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos en el Hunter College, participó en la Audiencia Pública Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos de las Comunidades Campesinas en el Bajo Aguán, que tuvo lugar del 20 al 30 de mayo pasado. El Profesor Edelman dijo:
“La audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, se celebró en Tocoa, Honduras, el pasado 28 de mayo. La región del Bajo Aguán, es el epicentro del más grave conflicto agrario en América Central de los últimos quince años.
La audiencia puso de relieve la muy preocupante ausencia de las instituciones hondureñas. El testimonio de los campesinos víctimas de violaciones a los derechos humanos indica que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad privada de los grandes terratenientes, por la Policía Nacional y por las fuerzas armadas suele quedar impune y que la población rural no tienen a quién dirigirse para obtener reparación.
Desde el golpe de estado del 2009, las organizaciones de derechos humanos han documentado los asesinatos de 48 personas afiliadas a las organizaciones campesinas en el Bajo Aguán, así como los de un periodista que cubría el conflicto y de su esposa embarazada. Un campesino que estaba 'desaparecido' en el 2011 aún permanece desaparecido. Toda la zona ha sido militarizada con el pretexto de controlar el tráfico de drogas, pero las comunidades rurales son las que sufren el mayor impacto de dicha militarización.”
Adrienne Pine, assistant professor de la American University y autora del libro Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras, ayudó a colectar firmas de los colegas investigadores en los Estados Unidos, ella afirma:
"94 miembros del Congreso, cientos de académicos de Honduras y de todo el mundo, decenas de organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa de alto perfil, así como los ciudadanos de Honduras y EE.UU., están exigiendo lo mismo a la administración Obama: que cese del financiamiento y el entrenamiento de la asesina policía y de los militares hondureños, y que se pare de matar inocentes en el nombre de la guerra contra las drogas. A raíz de la masacre de la DEA, en la que murieron mujeres embarazadas y niños en la Moskitia, ya es hora de que esta administración empiece a escuchar a los ciudadanos y a los expertos. En lugar de empezar otra guerra que no se puede ganar y que solo afectará a los civiles de una nación regida por un presidente golpista que los EE.UU. ayudaron a legitimar, los EE.UU. deberían gastar sus recursos en el reforzamiento de nuestra propia democracia.”
Contactos:
Dr. Rodolfo Pastor Fasquelle (en México, D.F.): (011 52) 5592-1238, correo (mejor opción) rpastorf@gmail.com
Dra. Adrienne Pine (en Washington, DC): (202) 652-5601, pine@american.edu
Dr. Marc Edelman (en Nueva York): (646) 286-4023, medelman@hunter.cuny.edu
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