Por Natasha Pitts
Periodista de Adital
El último día 28, integrantes de organizaciones sociales de Honduras y de redes internacionales realizaron en Tocoa, en el departamento de Colon, una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán. En la ocasión, campesinos y campesinas pudieran dar su testimonio sobre las violaciones cometidas en el contexto del conflicto agrario en la región y dar visibilidad a las circunstancias que enfrentan.
La audiencia, que también tuvo la participación de representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Delegación de la Unión Europea y del Taller del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como observadores internacionales, generó una declaración con demandas al estado hondureño y a la comunidad internacional.
Uno de los llamamientos fue que la justicia investigue de manera seria y castigue a todos los autores materiales e intelectuales de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán. Desde septiembre de 2009 la región viene siendo escenario de atrocidades. Hasta hoy, 48 personas vinculadas a organizaciones campesinas fueron asesinadas, además de ellos un periodista y su compañera. Un campesino está desaparecido desde el 15 de mayo de este año.
El documento también pide la suspensión inmediata de la represión, de las persecuciones y de la violencia contra campesinos y campesinas que luchan para recuperar sus tierras y mantener el sustento de sus familias. Otra medida inmediata debe ser el fin de las desocupaciones forzadas y la protección de las personas que estén en riesgo. Para resguardar a los/las que se dispusieron a dar su testimonio durante la audiencia pública, se pide que ellos/ellas no sean amenazados o intimidados.
Y para que la situación del Bajo Aguán sea finalmente resuelta piden que el estado hondureño "busque una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas”.
Ante la falta de acción del gobierno hondureño, la comunidad internacional tiene un papel fundamental. Por eso, la declaración demanda que organizaciones y organismos internacionales insistan en el diálogo con el gobierno del presidente Porfirio Lobo, a fin de que todas las violaciones de DH sean castigadas. Otro paso concreto puede ser el monitoreo permanente de la situación del Aguán, en especial, desarmar el conflicto agrario, y la apropiación de un papel activo en defensa de los derechos humanos.
La cooperación internacional y las multinacionales pueden contribuir revisando todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas supuestamente involucradas en actos de violencia, persecución y violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán. Además, en el campo financiero la sugerencia es que no se firmen acuerdos de asociación entre la Unión Europea y América Central, debido a la difícil situación de irrespeto de los derechos humanos.
Entre los pedidos de la declaración también se destacan la suspensión de la cooperación internacional que promueva la militarización y, consecuentemente, agrave la situación de los DH, con énfasis en el caso de la ayuda militar cedida por Estados Unidos.
Y para acompañar de cerca el cumplimiento de estas demandas es que se solicita el establecimiento de un oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la realización de visitas in loco por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de relatorías especiales de las Naciones Unidas.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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