Por Víctor Manuel Ramos
Los parientes y amigos de los policías, resguardaos por la misma policía, han salido a las calles para exigir el respeto de los derechos de los agentes y comisionados. Me parece extraordinario que estas gentes luchen por sus derechos y por la buena imagen de la policía, luego de que ha salido a la luz pública la corrupción que corroe a esa institución encargada de velar `por la seguridad de la ciudadanía, a raíz del asesinato del hijo de la Rectora Castellanos y de su joven acompañante. Aunque todos sabíamos que la mata de la corrupción y la criminalidad esta ahí, en el seno de esa institución que se mantiene con los impuestos que pagan los ciudadanos, muy poca atención dan los organismos del Estado para poner fin a esta amenaza a los hondureños y extranjeros que respiramos en este terruño centroamericano.
El presidente Lobo ha tardado en impulsar una verdadera depuración de la policía, suponemos que por las amenazas que debe de recibir por parte de algunos integrantes de ese cuerpo, embarrados hasta la médula en actos de corrupción y criminalidad. Hasta ahora se ha limitado a nombrar una comisión, integrada –entre otros, por un carabinero chileno denunciado por actos de violación de los derechos humanos en Chile- por cinco miembros, tres hondureños y dos extranjeros. La ciudadanía siempre exigió una comisión internacional respaldado por la ONU , por ejemplo, para asegurarse de que habría una verdadera depuración, pero los resultados que tenemos hasta ahora es que el Fiscal General, culpable sin ser juzgado, ha hecho oídos sordos a la petición de la flamante comisión de que separe al Fiscal contra la Corrupción , Sr. Henrry Salgado, a quien, el informe de la Comisión de la verdad señala como sospechoso.
Volviendo al asunto inicial, repito que comparto con los parientes de la policía y de sus amigos al movilizarse en defensa de sus derechos, pero no debemos olvidar que son, precisamente, estos policías quienes se han caracterizado por la violación de los derechos humanos de los hondureños, asumiendo, en no pocas ocasiones, la atribución que no les da la constitución de disponer de la vida de los ciudadanos. Se ha afirmado con insistencia que los policías ajustician a jóvenes involucrados en la delincuencia, muy a pesar de que aquí en Honduras no existe la pena de muerte; pero el caso es que no solo han asesinado a jóvenes descarriados, sino a ciudadanos inocentes, como es el caso del hijo de la rectora y de muchos más, pues ahora sabemos que, justamente en el seno de la policía, están albergadas varias bandas destinadas a la extorsión, el ajuste de cuentas (como la misma policía dice) y el sicariato.
Tampoco podemos olvidar que durante el golpe y después de ese tórpido acontecimiento para la vida institucional del país, la policía actúo con exceso de violencia en contra de los hondureños que se manifestaron día tras día, durante mas de un año, en contra de la ruptura del orden constitucional, violando todos los derechos humanos que hoy reclaman para sí De esa violencia resultaron varios hondureños muertos en manos, justamente de la policía, calvario que se inicia con la muerte de Isis Obed Murillo en el Aeropuerto de Tegucigalpa, mientras el pueblo se manifestaba pacíficamente en espera del Presidente Zelaya.
No podemos olvidar las agresiones con gas lacrimógeno, las garroteadas, los encarcelamientos, las torturas, las persecuciones, la destrucción de equipos y autos, los allanamientos, los disparos, los heridos, los muertos, los desaparecidos. Lo que ocurrió cuando miles de hondureños se movilizaron hacia la frontera con Nicaragua para esperar a Zelaya es realmente aterrador. Los testimonios de los hondureños que participaron en esa demostración en contra de la arbitrariedad de los políticos golpistas y de los militares y policías son para escribir una novela de terror. En esa ocasión también perdieron la vida varios hondureños que no hacían más que exigir el retorno a la institucionalidad del país. Y según he oído en los programas de Radio Globo, había la determinación de asesinar al Presidente Zelaya si se atrevía a ingresar al territorio de su patria, es decir privarle del derecho a la vida, derecho asegurado en pisoteada constitución y en la Declaración universal de los derechos humanos.
Pues bien, alegra mucho que los policías se enteren de que tienen derechos humanos que deben ser respetados, pero grande sería que también comprendan, de una vez por todas, que son ellos, precisamente, los guardianes de los derechos de los ciudadanos hondureños y que, hasta hoy, no han cumplido con esa obligación, por el contrario se han convertido en verdugos de los catrachos. Quizás ese acto de protesta sea el primer paso para que reflexionen y se enteren de que su papel principal está del lado del pueblo, en defensa de los derechos humanos de los hondureños y sus aspiraciones de vivir en paz y en democracia, que son los mismos de la policía.
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