Los tribunales de justicia liberaron la tarde del viernes a uno de los presos políticos acusados durante el régimen de facto de Roberto Micheletti de terrorismo. Se trata de Humberto Castillo quien permaneció privado de su libertad durante 2 años y medio en la Penitenciaría Nacional localizada en Támara, Francisco Morazán.
Visiblemente emocionado, Humberto Castillo dijo que este momento “ha sido de mucha alegría porque después de 2 años y medio en un lugar tan difícil, en donde había perdido mi libertad, hoy me siento muy feliz, muy contento de estar no libre, pero por lo menos estoy fuera de prisión”.
Castillo agradeció a las procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) “que hicieron un esfuerzo para ayudarme y salir de ahí”.
Consultado en torno a los momentos que vivió en prisión, Castillo aseveró que nunca ha andado en actos ilícitos y el día que lo apresaron fue “una pesadilla para mí, porque yo nunca le debí nada a la justicia, esto fue una trampa la que nos hizo la policía”.
“Fue duro estar privado de libertad, tanto por los alimentos, por la seguridad y por un montón de cosas que existen dentro de la prisión, recibí amenazas a mi celular y ahora que estoy afuera temo por mi vida, porque si estando dentro me amenazaron qué no me pueden hacer afuera, expresó Castillo.
Castillo quien posee una discapacidad, ya que carece de su brazo derecho, explicó que tenía un año de trabajar como vigilante en la empresa propiedad de Gregorio Baca, y nunca observó que Baca tuviera armas o que ahí fuese un lugar donde se hacían actos ilícitos.
“Ahí arreglaban computadoras y ese día que me agarraron, dijeron que aparecieron armas que yo nunca vi, y además de eso mi impedimento no me da la capacidad para hacer cosas de esas, entonces esto fue una persecución política, que nos llevó hasta la cárcel”, aseguró Castillo.
Por su parte la procuradora de derechos humanos del COFADEH, Kenia Oliva dijo que los tribunales dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva en vista de que Humberto tenía más de 2 años y medio de estar en prisión.
Castillo sostuvo que se le acusó de asociación ilícita, tenencia de armas y terrorismo “y yo creo que yo no tengo la capacidad de ser un terrorista, soy una persona de escasos recursos, no tengo dinero y otra es que mi impedimento me dice que no tengo esa capacidad, entonces injustamente me imputaron esos delitos”.
“Pedimos una revisión de medidas y el Tribunal de Sentencia las ha otorgado bajo medidas sustitutivas, de tal manera que Humberto tiene que ir todos los viernes al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa a firmar un libro, tiene prohibido salir del país, tiene prohibido comunicarse con los otros co-imputados en el expediente y tiene prohibido asistir a ciertas reuniones de la resistencia que la Fiscalía pidió no debe asistir”, detalló Oliva.
El COFADEH ha interpuesto algunos Recursos de Apelación, tomando en cuenta que el expediente estará bajo este tribunal de alzada. Tiempo atrás el organismo de derechos humanos solicitó recursos de nulidad en vista que existieron errores en el proceso.
Oliva añadió que si la Corte de Apelaciones da la razón al COFADEH, será necesario que las partes prosigan un debate jurídico.
En vista que Humberto Castillo recibió amenazas de muerte durante estuvo privado de libertad, la procuradora de derechos humanos consideró que su defendido deberá tomar algunas medidas de seguridad para preservar su integridad personal.
“Nos toca rendir un informe al Tribunal de Sentencia para constatar que Humberto Castillo está en la disponibilidad de seguir con el proceso penal, el panorama legal para un preso político es terrible en el país, porque no existen medidas jurídicas de protección para él y esto lo hace más difícil el proceso, porque depende de una voluntad meramente política”, expresó Oliva.
Cabe señalar que uno de los imputados como es Gregorio Baca, dueño de la empresa para la que trabajaba Castillo, fue detenido hace unos 10 días y a este se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión.
Esta situación contrasta con el esfuerzos del COFADEH en el caso de Humberto Castillo quien desde hace 2 años y medio solicitó constantemente revisión de medidas, sin embargo el Tribunal y la Fiscalía, se opusieron a las peticiones.
“Si a Humberto no se le daban estas medidas, como es la excarcelación, era una clara detención ilegal en vista que el proceso legal dice que lo máximo que puede durar la prisión preventiva son 2 años y medio, el juicio continúa y hay que esperar que dice la Corte de Apelaciones sobre las nulidades que interpusimos”, explicó la procuradora de derechos humanos.
Humberto Castillo, fue capturado horas antes de las elecciones espurias del 29 de noviembre de 2009, cuando policías allanaron la microempresa de computadoras SELCOM, propiedad del tesorero de la junta directiva del partido unificación democrática, Gregorio Baca, de donde se lo llevaron detenido.
La cacería de esa noche, fue a raíz de una supuesta llamada anónima hecha a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) donde se denunció que en ese negocio había armas y que se utilizarían para boicotear las elecciones realizadas durante el régimen de facto de Roberto Micheletti.
A Castillo, quien era el vigilante del local, se le decomisó una mochila únicamente con dos celulares, según el informe de inspección del lugar, realizado por la DNIC.
El año pasado la Corte de Apelaciones, dio la razón a la defensa y reconoció que no había asociación ilícita, ni portación de armas y ordenó un sobreseimiento definitivo por esos delitos.
Se le siguió el caso únicamente por terrorismo. Pero el informe de la DNIC fue claro, Humberto Castillo no portaba armas, no fabricaba armas, manifiesta que él sólo era el vigilante del negocio.
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