Los políticos golpistas presionaron a los militares para dar su golpe de estado en junio 2009, pero los uniformados no lo hicieron gratis.
Los Larach, las Facussé, Atalas, Santos, Pinpones, Maduros, Callejas y las demás… familias que se entusiasmaron junto al embajador Lorens, tuvieron que pagar a los generales y a los coroneles.
Además del cobro directo por el golpe, los militares pidieron posiciones estratégicas en el Estado.
Por primera vez en su largo historial golpista los generales del 2009 no tomaron la Presidencia y sus ministerios ni el Banco Central. Pero tomaron las arterias del aparato estatal.
En la actualidad son generales y coroneles quienes controlan la Marina Mercante, el Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola, las direcciones de Aeronáutica y Migración, las empresas estatales de telecomunicaciones y energía eléctrica. Y están a punto de retomar la Policía Nacional.
Lamentablemente, en este avance militarista sobre la sociedad son los mismos políticos chafistas que abrieron las puertas de las jaulas para el golpe, los que abren ahora las puertas para el retorno militar a la policía. Ellos son, igualmente, responsables de la remilitarización del país.
Lobo le pidió a Juan Orlando que reformara la Ley de Policía y de las Fuerzas Armadas para darles facultades de seguridad callejera a los soldados. Y aunque las aprobaron de modo temporal, han renovado esas facultades dos veces frente al descalabro policiaco. Y hasta proponen una policía "intermedia" de formación militar permanente.
Aquellos hombres que la Constitución de 1981 definió como obedientes y no deliberantes, saltan jubilosos con sus cachuchas al viento porque salieron de sus jaulas y regresaron solamente a lamer los huesos del festín, y desde entonces enseñan los colmillos a quien pretenda ponerles candado. Son protagonistas centrales en la vida del Estado.
La madrugada del sábado 26 de mayo un vehículo militar con bandera de Estados Unidos, donado por ese país militarista a la Honduras del post golpe, persiguió a un niño en la colonia Villa Vieja y sus ocupantes lo mataron a tiros, con armas de guerra.
El hecho brutal ocurrió contra el niño Ebed Jaasiz Yánez, cuyo padre y madre exigen justicia frente a una cúpula militar soberbia y prepotente, que justifica el asesinato porque el niño andaba sin permiso y sin licencia para conducir una motocicleta, y evadió el operativo castrense.
De ese asesinato, igual que de la masacre contra dos mujeres indígenas embarazadas, un niño de 14 años y un hombre adulto el 11 de mayo en La Mosquitia, son responsables también los diputados y el Presidente del Ejecutivo.
Lobo firmó un decreto para autorizar a la DEA que opere una base militar en Brus Laguna y Caratasca, y el Congreso autorizó a las Fuerzas Armadas a suplantar a la policía.
La DEA le dispara a todo lo que se mueve con la consigna que Dios se apiade de algún sobreviviente, y los militares hondureños le disparan a los niños con el slogan “si corre es ladrón”.
Los políticos igual que los uniformados, junto con sus amos del Pentágono, son directamente responsables por lo que está ocurriendo en esta irrupción abusiva de los rambos de Fort Benning y del Comando Sur en las calles hondureñas.
No es el papel de los militares tratar con la ciudadanía en las calles, ni es el mandato popular a los políticos hacer que retornen los gorilas a las calles. La seguridad no es la defensa. La gente no es el enemigo. Los niños no son el blanco.
Militares, regresen a sus batallones! No los queremos en las calles y en los pueblos violando la vida y asorrando a la gente. Es más, la gente no los quiere ni en los batallones...
El país necesita más ciudadanía, no más militares ni policías.
Buenas noches!
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