Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Declaración final de la Audiencia Pública
Las organizaciones y redes internacionales convocantes de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, dieron a conocer la Declaración final del evento que se realizó el pasado 28 de mayo en la ciudad Tocoa, en la que presentaron los principales hallazgos, sus conclusiones y formularon recomendaciones al Estado hondureño y a la comunidad internacional.
Durante la conferencia de prensa que se realizó en la capital hondureña, los representantes de las organizaciones internacionales dejaron sentada su profunda preocupación ante la grave situación de violación de los derechos humanos en el Valle del Aguán.
Una situación que se ha venido profundizando a raíz del golpe de Estado de 2009 y de un conflicto agrario que entierra sus raíces en el despojo de territorios, la concentración de la tierra en pocas manos y la falta de acceso a ella para miles de familias campesinas, así como en la expansión de monocultivos a gran escala, en particular de Palma Africana.
Declaración Final (español - inglés)
Entre los principales hallazgos y conclusiones, las organizaciones internacionales señalaron la falta total de institucionalidad y justicia ante los homicidios selectivos, las agresiones, secuestros, actos de intimidación y torturas contra los campesinos organizados, cuya protesta está siendo criminalizada.
También evidenciaron que la militarización de la región no sólo no garantiza la seguridad a las comunidades campesinas, sino que “contribuye al hostigamiento permanente, temor y violencia contra las mismas”.
Entre otros puntos señalaron que continúan los desalojos forzosos sin órdenes judiciales, los impactos y traumas sobre la vida y cuerpos de las mujeres y la pérdida del sustento por parte de las familias a causa del asesinato de familiares.
Además, manifestaron que el conflicto agrario en el Bajo Aguán “es el más grave en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”, y que se enmarca en una situación de violencia estructural “que se expresa en la falta de acceso a las condiciones de vida digna para la población”.
“Ha sido impresionante ver como la gente en el Bajo Aguán se siente sola y desprotegida ante la ausencia total de las instituciones. Consideramos que el Estado de Honduras tiene una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo María Silvia Guillén, presidenta de la Audiencia y ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los representantes se mostraron también muy preocupados ante los posibles desalojos que ya fueron solicitados por delegados del Grupo Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
“Ya hemos visto demasiados desalojos forzosos y asesinatos, y no entendemos la lógica de querer generar otra escalada al conflicto. Cuando hablamos de falta de institucionalidad, queremos decir justamente que el Estado tiene que reaccionar de manera coherente con los derechos humanos y no con los intereses de particulares”, aseveró Martín Wolpold-Bosien, coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional.
Recomendaciones
Ante esta situación las organizaciones y redes internacionales pidieron al Estado de Honduras, entre varios puntos, investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes cometidos, el cese inmediato de la represión y de los desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.
Igualmente, solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño investigue y sancione los crímenes, procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos”.
Finalmente consideraron que la grave situación de violaciones de derechos humanos en Honduras no brinda “las condiciones adecuadas para firmar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Central”.
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