El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la bancada del Partido Nacional (PN), a consecuencia de la política de saneamiento en la administración del sistema público de educación, denota un peligroso desbalance de poder en el Estado.
Ese desbalance tiene características especiales porque obedece a un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo protagonizado en el seno del partido en el poder, por razones meramente clientelares de orden sectario y en circunstancias de profundo agotamiento presupuestario.
El efecto central de esa colisión es la propensión a la ingobernabilidad, de suyo marcado por la situación de inseguridad que ha saturado el tejido social, en la que el desempleo y el estancamiento económico hacen parte importante en el juego. En ese contexto, el control del poder público se resuelve en abierta contradicción.
Al respecto, es interesante consignar que en el análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la Política Fiscal de Centroamérica en Tiempos de Crisis (2012), se advierte que, en la transición pos-golpe de Estado, “la gobernabilidad democrática sigue en grave riesgo, toda vez que dentro de las medidas fiscales adoptadas se incluyen reducciones importantes en el gasto público”.
O sea que lo que el ICEFI denomina “reconfiguración del balance de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo”, por derivación del retorno al poder del PN, se ve estropeado por el choque dentro del partido y retrotrae al país a una mayor inestabilidad política y social que la configurada en los días previos al 28-J de 2009.
Independientemente de la incidencia de los intereses de la élite transnacional en la actividad legislativa, lo trascendente es el hecho de que Partido Nacional posee la mayoría absoluta del congreso nacional (cercana, incluso, a la mayoría calificada) y esa posición le confiere, asimismo, la responsabilidad absoluta.
Bajo esa premisa, la utilización de una emergencia fiscal del Ejecutivo para torcerle el brazo con una demanda burocrática clientelar de la bancada en el poder y en contraposición a una política de Estado de trasparencia administrativa, desvela el alto grado de desinterés en la lucha contra la corrupción, si no es que una cerrada defensa del sistema de corrupción, que es necesario abatir.
El análisis de esa conducta en el interior del PN es de suma importancia porque define la actualidad del estamento en el poder, en el que no hay manifestaciones de oposición y mucho menos de rectificación, por lo menos en nivel suficiente. La cuestión se presenta como quien mira la corrida de toros desde la barrera.
Pero en esto hay una notable lección por aprender en sus diversas perspectivas, políticas, económicas, sociales, éticas y morales, que, como el agua de la lluvia, termina confluyendo en los ríos hasta llegar al mar.
Eso quiere decir, en síntesis, que la corrupción permanece inalterada en el corazón del sistema político, y que, ante esa lamentable evidencia, la corriente del cambio para mejorar debe ser sólidamente estructurada con la renovación partidista y el renacimiento ciudadano de las fuerzas sociales, sin descuidar el objetivo de la gobernabilidad.
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