Un informe de auditoría a la compra de insumos y equipos para enfrentar la emergencia sanitaria por el Coronavirus, presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), señala que el ente estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró 250 mil pruebas para detectar el virus sin los kits de extracción ni otros insumos necesarios para su utilización.
Las pruebas fueron compradas a la empresa coreana Bioneer Corporation por un monto de 1.85 millones de dólares, es decir 46.5 millones de lempiras. “Aunque las pruebas ya están en el país, no se pidieron ni los kits de extracción ni otros insumos necesarios para su uso”, señala el informe de la ASJ.
Agrega que, en la compra de las pruebas para detectar el Coronavirus o Covid-19 no está claro quién ni cómo se decidió la adquisición en un periodo de cuatro días.
“Se adquirieron pruebas a buen precio y de calidad, pero no las podemos usar porque al no existir el criterio técnico no se dieron cuenta que se necesitaban otros accesorios para poder sacar los diagnósticos”, dijo Carlos Hernández, director de la ASJ, al señalar que la compra de las pruebas se realizó sin la aprobación del Consejo Directivo de Invest-H.
Marco Bográn, director de Invest-H, a través de una videollamada, reaccionó diciendo que “ningún país del mundo tenía un manual que le indicara cómo reaccionar ante la pandemia, prueba de ello países ricos del mundo y con robustos sistemas sanitarios cayeron de rodillas frente a la pandemia”.
El informe indica que “pese a que Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social establece que FONAC, CosT y COHEP deben actuar como veedores; FONAC y CosT no participaron como sujetos activos en los procesos de compras y adquisiciones”.
Compra de ventiladores sin evidencia
En el marco de las compras de emergencia durante los primeros 60 días de la propagación del Coronavirus en Honduras, Invest-H adquirió 450 ventiladores mecánicos pulmonares por un costo total de 342.4 millonesde lempiras, sin evidencia de que la obtención fuera sustentada con una planificación para su uso, según el informe de la ASJ.
“Para poner a funcionar un ventilador mecánico se necesitan camillas especiales, unidades de oxigeno central y profesionales”, remarcó Carlos Hernández.
El informe refiere que la compra de 300 ventiladores mecánicos, de los 450 adquiridos, fue realizada en la empresa Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L. (SIMEDIC) por un valor total de 9 millones 101 mil 988 dólares.
Mientras que a la empresa Dimex Médica S.A. de C.V. (Dimex) Invest-H le compró 150 ventiladores mecánicos por un monto total de 4 millones 732 mil 537 dólares.
“Ninguna de las dos empresas había vendido ventiladores mecánicos pulmonares al Estado en el pasado ni los ofrece como productos en su página Web”, destaca el estudio de auditoria.
Lester Ramírez, investigador de la ASJ, destacó que el actual apoderado legal de SIMEDIC, Óscar Eduardo Lagos Raudales, también aparece como apoderado de la empresa Grupo Técnico S. de R. L. de C. V, el cual pertenece a la misma familia Tecma, empresa que vendió las ambulancias hechizas al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
“Hemos podido identificar empresas vinculadas a la corrupción del Seguro Social, hemos identificados personas que tienen familiares en las empresas adjudicadas, todo esto tendrá que ser aclarado ante el Tribunal Superior de Cuentas y también en el Ministerio Público porque estos son hallazgos que dan indicios a responsabilidad penal”, detalló Ramírez.
El informe de la ASJ detalla que SIMEDIC ha obtenido 53 contratos anteriores con el Estado, y los hospitales Mario Catarino Rivas, San Felipe, Hospital del Sur, Instituto Nacional Cardiopulmonar y el IHSS son sus más grandes compradores.
“Según INVEST-H, el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, determinó incrementar la cantidad de ventiladores que debían ser adquiridos de 100 a 450, pero no hay documentación que certifique tal situación ni que esta decisión responda a estudios de expertos”, apunta ASJ.
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en una comparecencia virtual, dijo que para dar respuestas oportunas a la pandemia se deben revisar los procedimientos administrativos desde el marco jurídico creado desde el Congreso Nacional y el Consejo de Ministros.
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