lunes, 4 de mayo de 2020

Covid-19 crea riesgos de corrupción alrededor del mundo, según Washington Post y Transparencia Internacional



Por Kirstin Garrison

Foto: radiohrn.hn

El Washington Post publicó un artículo que muestra la vulnerabilidad global a la corrupción mientras que los gobiernos ejecutan lo que el artículo describe como la respuesta financiera más grande de la historia.

Los gobiernos alrededor del mundo están sacrificando la transparencia y las políticas establecidas por la rapidez mientras trabajan para salvar vidas afectadas por COVID-19 y responden a la necesidad económica al mismo tiempo. Este sacrificio pone en alto riesgo los fondos, justo en un momento en que los países y las personas no pueden soportar mayores gastos.

Max Heywood, director de incidencia para Transparencia Internacional, dijo al Washington Post que alrededor del mundo “Hay casos ocurriendo ahorita mismo, en tiempo real … Considerando las lagunas en los sistemas y la cantidad de dinero que se está dedicando al problema, podemos decir que estamos muy preocupados.”

El artículo menciona ejemplos de corrupción en todo el mundo surgidos en los pocos meses desde que se desatara la pandemia.

Corruptos se engordan con los programas de alimentos
Tal como Honduras, muchas otras naciones también están luchando para alimentar a los ciudadanos vulnerables cuyos ingresos y acceso a la comida han sido afectados en la pandemia. Esta ayuda alimentaria es un caldo de cultivo de la corrupción.

Un legislador en Colombia descubrió que el gobierno estaba pagando más por unidad por artículos en su versión del saco solidaria que él pagaba en el supermercado. Doscientos cincuenta gramos de café que costaron $1.20 en el supermercado fueron comprados por el gobierno colombiano por $2.81, por ejemplo.

En Bangladesh, 600,000 libras de arroz se desaparecieron de un programa de distribución de comida del gobierno. Cincuenta personas, incluso funcionarios, se enfrentan con acusaciones por revender el arroz robado a un precio mayor.

Contratos amañados son otro riesgo
Los gobiernos también se encuentran con vulnerabilidad a contratos sospechosos.

En Rumania, se suspendió la licitación pública, lo que permitió que una empresa pequeña de venta de alcohol y tabaco ganara un contrato de $12.6 millones para vender mascarillas médicas a alto precio. Después se descubrió que la empresa fue conectada a una gran empresa de suministros médicos que había sido excluido de contratos públicos por una cuestión de impuestos atrasados.

Los Estados Unidos tuvo un caso similar cuando una compañía del estado de Delaware ganó un contrato de $50 millones para proveer mascarillas a un precio mucho más alto que otros proveedores.

Aunque la prevención es la política mayor, algunos ejemplos muestran que la transparencia puede ayudar a detector tratos sospechosos en una fase temprana.

La ciudad de Buenos Aires promulgó una política según la cual los contratos relacionados a COVID-19 tienen que ser publicados en línea. Con este nivel de transparencia de los contratos, el público rápidamente se ha dado cuenta de dos casos irregulares: uno fue un caso similar de una compañía pequeña que vendió mascarillas sobrevalorados y otro fue un acuerdo para alojar pacientes en un hotel del cual la hermana del alcalde figura como socia.

Como evitar el mal uso de los fondos para combatir la pandemia
Transparencia Internacional recomienda que los gobiernos establezcan políticas que definan los procedimientos de respuesta ante emergencias y garanticen que los fondos del gobierno se destinarán a ayudar a los vulnerables.

Algunas prácticas recomendadas para proteger la transparencia y el buen uso de los fondos son:

Publicar información como procedimientos de respuesta a emergencias, criterios para recibir ayuda, la distribución de ayuda y contratos para que la sociedad civil pueda responsabilizar al gobierno y dar retroalimentación.
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Establecer procedimientos de emergencia, especialmente en compras y contrataciones, que acorten los procedimientos normales sin sacrificar los resguardos esenciales.
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Crear mecanismos claros para que ciudadanos pueden denunciar corrupción sospechada en la respuesta a emergencias.

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