Por Marc Allas
La conducción en el manejo de la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica, provocada por la pandemia del coronavirus o covid19, ha generado fuertes cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad hondureña, que plantean denuncias de corrupción, negligencia y dolo con incapacidades manifiestas para enfrentar la crisis.
Investigaciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y plasmadas en sus 2 informes bajo el título: “La Corrupción en Tiempos del Covid19” han comenzado la revelar la otra pandemia que afecta a Honduras desde hace 10 años, la corrupción.
Los informes del CNA implican a la unidad de gestión conocida como Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
INVEST-H, que opera desde 2005 ha estado dedicada a la planeación, administración e implementación de proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del país, y ha estado adscrita a la Coordinación General del Gobierno.
Los proyectos y programas de INVEST-Honduras son ejecutados con financiamiento de organismos internacionales y del Gobierno de Honduras.
La dependencia en mención, ha estado presente en la generación de proyectos de infraestructura, pero a partir de la pandemia, el régimen le autorizó hacer compras directas de insumos, equipos y hospitales móviles y más recientemente se conoció que manejará un fondo de 55 millones de dólares para la reactivación del agro, a través de un préstamo otorgado a Honduras, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para el CNA resulta evidente que los decretos ejecutivos que se han publicado hasta la fecha, como es el caso del PCM-033-2020, permiten a instituciones como INVEST-H, que tengan vía libre para adquirir cualquier insumo relacionado para hacer frente a la pandemia COVID-19 mediante contrataciones directas, es decir, que pueden comprar sin necesidad de respetar los lineamientos que conllevan una licitación pública.
“Pero no debemos olvidar, que si bien es cierto, se omiten ciertos parámetros que establece la Ley de Contratación del Estado, eso no exime que se cumplan los principios generales de la ley antes mencionada y la Ley General de Administración Pública, debido a que se están comprando insumos con fondos públicos”, advirtió el CNA.
Se conoció que distintos empresarios del municipio de San Pedro Sula manifestaron su malestar debido a que no fueron invitados a presentar ofertas, aun contando con los insumos requeridos por un valor unitario mucho más bajo, destaca el informe del organismo veedor.
La investigación señala además, el mal desempeño mostrado hasta el momento tanto de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) como de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). La primera por la sobrevaloración en la compra de mascarillas y la segunda por la contratación de obras de mala calidad ejecutadas en el Hospital del Tórax en Tegucigalpa.
Otras irregularidades se han mostrado en la compra de equipo como ventiladores y la ciudadanía cuestiona la compra de los llamados “hospitales móviles”, que más parecen tiendas de campaña, a las que fue necesario instalar todo tipo de acondicionamientos.
“En relación a lo antes expuesto, estas omisiones de las autoridades de INVEST-H, han provocado que el Estado de Honduras adquiera mascarillas N95 y descartables de forma sobrevalorada. En ese sentido el CNA logró constatar que se pudieron haber adquirido a un menor precio, evitando así un perjuicio millonario a las finanzas públicas”.
Como resultado del análisis comparativo de precios de compra de las mascarillas tipo N95 y descartables por parte de INVEST-H versus los precios de mercado tomados de las compras realizadas por la Secretaría de Salud (Sesal) mediante su fideicomiso, se logró identificar que existe una diferencia considerable entre ambos montos, revelaron los informes.
Concluyendo, que las autorizaciones para las compras poseen precios superiores, mismos que generaron un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por más de 57 millones de lempiras.
Otra línea de investigación se centró en la adquisición inapropiada de ventiladores Breas Vivo 65 por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), además de la larga lista de irregularidades en la construcción y remodelación de un espacio para la atención para pacientes contagiados por el coronavirus en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), más conocido como Hospital del Tórax.
Entre ambos hallazgos se identificó un perjuicio de casi 20 millones de lempiras al estado de Honduras.
Los ventiladores fueron traídos en avión presidencial el 17 de marzo al país, con la promesa del régimen que se mejoraría las capacidades para atender a la población afectada por coronavirus.
Sin embargo, expertos en temas cardio-pulmonares e ingeniería biomédica, manifestaron que el equipo no es apto para atender pacientes con covid19. Además de comprobar que su función era otra, se comprobó que el equipo llegó incompleto, faltando insumos como cables y sensores que facilitan el monitoreo de los pacientes, por lo tanto son inutilizables y se encuentran en las bodegas del Hospital del Tórax.
Por otra parte, la organización no gubernamental señaló que el 10 de febrero, COPECO suscribió un contrato con una empresa constructora con el fin de acondicionar establecimientos para garantizar la atención médica para las personas que fuesen víctimas de contagio.
El contrato establecía la construcción de una sala de triaje, remodelación de 2 salas de observación, además de la readecuación del entorno para la recepción de pacientes infectados.
El CNA constató una serie de incumplimientos contractuales, detectando que no se finalizaron las obras, además de la mala calidad de las mismas, en las que COPECO invirtió cerca de 5 millones de lempiras.
Por la mala gestión, el Hospital del Tórax no cuenta con las condiciones necesarias para la atención y manejo de pacientes contagiados por el covid19, peor aún, este centro puede convertirse en un foco de contagio masivo, ya que los que portan el virus deben ser atendidos en espacios improvisados, poniendo en riesgo a todos los que circulan dentro de las instalaciones, se advirtió.
“Ya sea por imprudencia, impericia, negligencia o intencionalidad la mala praxis de COPECO no solo le está costando al estado una pérdida de casi 20 millones de lempiras, sino también incontables vidas”, señaló la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos en un video colgado en el portal de la organización.
Por otro lado, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reportó irregularidades y deficiencias de COPECO en la compra de equipos, por lo que en abril, su director Gabriel Rubí, fue separado de su cargo junto a personal administrativo.
En respuesta a los señalamientos, el director ejecutivo de INVEST-H, Marco Bográn dijo a un medio televisivo el 27 de abril, que había leído minuciosamente el informe del CNA y que había he encontrado falencias tremendas e imperfecciones, “que me demuestran que hay claramente una campaña política en contra no del gobierno, sino que en contra de todo el estado, para ver a todo el gobierno de Honduras de rodillas frente a la pandemia del covid19. Ese es el objetivo”.
“Si esta es la estrategia de Gabriela castellanos y de Odir Fernández creo que da una enorme tristeza en el momento que estamos viviendo, cuando lo que estamos haciendo en salvar vidas”, se lamentó.
“Niego rotundamente ese informe donde se da a entender que hay sobrevaloración de equipo médico. Cada una de las instituciones del gobierno que han sido autorizadas por el Congreso Nacional para salir a adquirir insumos médicos, lo hemos hecho de manera responsable”.
“No aceptamos que se nos señale de corruptos, el informe del CNA es difamatorio y tiene calumnias abiertas, queriendo dar a entender que todo mi equipo de trabajo, nos están señalando de corruptos. Los reto a que nos veamos en los tribunales para ver quién tiene la razón y por otro lado los reto a que si quieren hacer una veeduría se unan a la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), sostuvo Bográn.
Bográn se escudó en que en medio de la emergencia hay que salir a adquirir insumos y equipos que estén disponibles en el mercado internacional.
Al respecto la Convergencia contra el Continuismo (CCC), instancia que aglutina a más de 20 organizaciones del movimiento social hondureño, en un manifiesto público y divulgado el 9 de abril, llamó a sumar todas las voces de dignidad para demandar la conformación de un sistema transparente de rendición de cuentas, conducido por personas e instituciones independientes.
“Repudiamos al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) en asuntos de auditoría, porque no representa a la sociedad civil, y porque no pasa de ser una espuria mano que barniza el rostro de corrupción y criminalidad del actual régimen dictatorial”, sostuvo la CCC.
Más tarde, el 29 de abril, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, expresó que era inconcebible que en medio de la pandemia se estén haciendo esos actos de corrupción, por lo que anunció la salida de la organización empresarial de las mesas técnicas conformadas por el régimen de Juan Orlando Hernández para enfrentar la pandemia de coronavirus o covid19.
“No se ven acciones para castigar a quienes están sacando provecho de esta emergencia. Los avances en las mesas son muy pocos y no se están tomando en cuenta muchas recomendaciones que nosotros hacemos”, dijo el ejecutivo empresarial de Cortés, un departamento que reporta la mayor cantidad de contagios de acuerdo con el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager).
En esa misma fecha (29 de abril), el presidente de Banco de Occidente, Jorge Bueso Arias cuestionó la compra sobrevalorada de mascarillas practicada por INVEST-H, e indicó que dicha entidad, debe justificar 57.5 millones de lempiras en concepto de sobreprecio de las mascarillas; denunciado por el CNA.
Bueso Arias dijo que extrañó que el régimen no le hubiese pedido ese servicio al Banco de Occidente, entidad bancaria que maneja desde hace varios años un fideicomiso con la Secretaría de Salud, para la compra de insumos.
El banquero indicó que dichas operaciones le han ahorrado al gobierno unos 3 mil millones de lempiras en los últimos 6 años y aseguró que debieron contactarlos, porque “conocíamos los proveedores, los precios, teníamos contactos con el exterior, con el interior y todo”.
Mientras tanto, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo acerca del tema que “realmente es que nosotras estamos enfrentando dos tipos de pandemia. Y habría que ver cuál es la más nociva, la más dañina, la más peligrosa, la que está actuando con toda una ventaja y con tendencias criminales; y es la pandemia de la corrupción y la del coronavirus.
La corrupción ha puesto al descubierto cómo se trafica en nombre de la salud, cómo se trafica en nombre de la vida y quiénes la trafican. Yo creo que eso nos demuestra que nosotras estamos frente a un estado de indefensión porque no hay entidad encargada para estos propósitos que pueda actuar o que actué.
Oliva añadió que queda clarísimo que estas entidades están siendo cómplices, si es que no son cómplices directos de lo que aquí está pasando y lo que pasa, pues es que ya no se esconde el abuso de poder, el autoritarismo y el militarismo, está a las claras.
Por mucho que aquí se maneje en público lo que aquí está pasando, a mí me gustaría ver un Ministerio Público (MP) actuando con independencia en contra de los que están haciendo este tipo de acciones que van a eliminar cualquier tipo de motivación de la población hondureña, sostuvo la coordinadora general del COFADEH
Para enfrentar la crisis, el régimen de Juan Orlando Hernández cuenta con más de 80 mil millones de lempiras. Y el endeudamiento externo continúa a medida que avanza la pandemia.
El 12 de mayo, el régimen anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) manejarán, administrativa y técnicamente, 2 hospitales móviles destinados a pacientes con covid19.
En la III Parte del Análisis y Propuestas Del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), la organización no gubernamental, establece que las declaratorias de Estados de Emergencia, a través de la figura de “contratación directa”, se han convertido en una herramienta utilizada por los promotores y ejecutores de la corrupción para apropiarse y obtener ventaja en las negociaciones que realiza el Estado con terceros.
Añade que en estos momentos, el procedimiento de la “contratación directa” se limita a tres etapas; la declaratoria de Estado de Emergencia que autoriza la contratación, la negociación; que es únicamente descrita como el deber del órgano responsable de “…negociar el precio del contrato para obtener las condiciones más ventajosas para la administración.” , y la formalización y aprobación por medio de Acuerdo Presidencial a través de la correspondiente Secretaría de Estado en el caso de la Administración Pública Centralizada o por el órgano de dirección superior para la Administración Descentralizada.
De lo anterior podemos concluir que existe una amplia discrecionalidad en la selección de los terceros contratados, misma que crea un ambiente de opacidad en todo el proceso de contratación, y sospechas de sobrevaloraciones, aunado de favorecer a un grupo de personas, señaló el FOSDEH.
Se calcula que hasta el 17 de abril, el régimen cuenta con más de 85 mil millones de lempiras. Para ser más específico maneja L 85,801.94 millones (aproximadamente US$ 3,447.96 millones al tipo de cambio actual).
De esta danza de millones, el 17.31 por ciento, corresponde a fondos públicos, el 9.90 por ciento a las transferencias de organismos multilaterales, el 75.51 por ciento en concepto de deuda y el 0.29 por ciento en donaciones monetarias de países amigos, de acuerdo con cifras proporcionadas por el FOSDEH.
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