**La instauración de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) fue clave para la creación gradual de un sistema integral contra redes de corrupción compuestas por actores que retienen todavía grandes cuotas de poder.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida para investigar lo sucedido durante la crisis institucional provocada por el golpe de Estado en Honduras en 2009, recomendó en agosto de 2011, la creación de un ente similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); pero tuvieron que pasar casi cinco años hasta que, el 17 de enero de 2014, se develara la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
La Comisión de la Verdad y Reconciliación avistaba como el tema de la corrupción y la impunidad seguirían siendo factores de conflictividad social si las elites políticas y económicas del país no tomaban en consideración las lecciones dejadas por el golpe de Estado en 2009. El 2015 fue el reflejo de esa premonición, con la marcha de las antorchas, donde por primera vez en décadas, la clase media salió a las calles para mostrar su hartazgo en contra de estos fenómenos que están entre los principales azotes que abaten a este país centroamericano.
Producto de las insatisfacciones sociales que desembocaron en una indignación colectiva, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) se estableció como parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 19 de enero de 2016.
Honduras, de acuerdo a la organización no gubernamental alemana, Transparencia Internacional (TI), es considerado uno de los países más corruptos del continente americano. En América Latina comparte posiciones con países como Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
El último índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2019, Honduras cayó 14 puntos en el ranking de medición de 180 países. El país pasó de la posición 132 que tenía en el 2018, a la posición 146 en el 2019. TI mide a los países en una escala de 0 a 10, entre más se acerque un país a 0 es percibido como corrupto, y entre más se acerque a 10, es estimado como una nación transparente o que avanza hacia ese estadio de transparencia.
En esta oportunidad, el país obtuvo una puntuación de 2.9, es decir, no sale del vagón de la corrupción, pues en los últimos 23 años, el país se ha mantenido entre un IPC que va de 2.3, 2.5, 2.9, 3.0 y 3.1. La mejor posición la tuvo en 2015 con 3.1, pero de ahí en adelante, el país ha venido en picada directa.
La difusión del último IPC incomodó al gobierno de Orlando Hernández, que intentó manipularlo indicando que ni la presencia de la Maccih pudo evitar que bajara la percepción de corrupción entre la ciudadanía. El IPC salió justo cuando la Misión había sido liquidada por la Presidencia al no renovar el convenio, tras fuertes presiones internas de los poderes Legislativo, Judicial y el mismo gobierno central, molestos porque las pesquisas de la Misión estaban salpicando a implicados directos del parlamento y el mismo Ejecutivo, al tiempo que denotaba las debilidades del sistema de Justicia parcializado.
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, fue el primero en reaccionar ante el IPC de TI, al señalar que la instalación de la Maccih, poco o nada había ayudado, porque Honduras empeoró durante los cuatro años que estuvo la Misión en el país, una comparación carente de sentido, pues justo cuando se empezaban a desmontar estructuras y grandes redes de corrupción, el trabajo de la Misión fue aniquilado.
Díaz aseguró: “Nosotros invitamos a una misión internacional al país para mejorar, justamente esos niveles de percepción, “pero resulta que hoy tenemos todo lo contrario”.
El acuerdo de la misión establecía que debía trabajar con las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción; proponer reformas legales e institucionales en sus áreas de acción y promover mecanismos de rendición de cuentas desde la sociedad civil y para cumplir con la labor encomendada, estaba estructurada con base a cuatro componentes: la prevención y el combate a la corrupción; las reformas de la justicia penal; la reforma político-electoral; y, la seguridad pública.
Los informes semestrales presentados por la Misión ante la Secretaría General de la OEA y ante el Consejo Permanente, publicados en su portal, describen paso a paso cada una de las acciones efectuadas en todos sus componentes, los avances y obstáculos, donde evidencian, sutilmente, la falta de voluntad política en el acompañamiento de algunas de sus gestiones.
ORIGEN DE LA MISIÓN
Cuando se develó el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), a 10 días de finalizar el cargo presidencial de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), las autoridades hondureñas nombraron una comisión interventora y suspendieron de sus cargos a la junta directiva y al director ejecutivo de la institución; la acción se realizó mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2014, con fecha 15 de enero de 2014 y publicado en el diario oficial el 17 de enero (Gaceta No. 33,331).
Esa comisión emitió sus tres primeros informes en febrero, abril y julio de 2014, donde quedó al descubierto una trama que habría incluido, entre otros ilícitos: compra y distribución de medicamentos adulterados; retenciones por ley a los salarios de los trabajadores del Seguro Social que no fueron entregadas a las entidades correspondientes; y, sobrevaloración en la contratación de servicios.
Buena parte del saqueo se produjo mediante la creación de empresas proveedoras de “fachada” o “maletín”. El dinero proveniente del desfalco permitió a los implicados llevar una vida de lujos que incluyó la compra de docenas de propiedades en Honduras, Estados Unidos y Chile.
Las investigaciones penales del Ministerio Público de Honduras comenzaron desde el 17 de septiembre de 2013, pero se potenciaron a partir del trabajo de la Comisión Interventora del Seguro Social, donde el Ministerio Público nombró un grupo especial de fiscales dedicados exclusivamente a la atención del caso del Seguro Social; el Consejo Nacional Anticorrupción también aportó su concurso, en julio de 2015, y ya para junio de 2015 se reportaban 7 líneas de investigación judicializadas y 14 en proceso de investigación.
Además, se llegó a conocer que algunas de las empresas de fachada, constituidas para defraudar al Ihss, realizaron contribuciones a la campaña política del Partido Nacional de Honduras para las elecciones de 2013. Si bien las cantidades transferidas representaban un porcentaje muy pequeño de lo desfalcado (menos de 200 mil dólares, frente a los estimados de entre 200 a 300 millones en total, según la fuente), esta información tiene un impacto político muy importante.
EL MOVIMIENTO DE LAS ANTORCHAS
El 29 de mayo de 2015 tiene lugar la primera acción de los “jóvenes indignados” en Tegucigalpa, capital de Honduras, ante en el escándalo de corrupción en el Seguro Social y Salud Pública, lo que encendió el fuego de las “Marchas de las Antorchas”.
La convocatoria circuló más a nivel de redes sociales y logró extenderse en pocas semanas a todo el país. Sólo en la capital hondureña, Tegucigalpa, se realizaron más de 10 manifestaciones cada viernes, en el lapso de tres meses. Luego se unieron los partidos de oposición y todos los grupos coincidían en dos demandas: la primera, instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicih), similar a la instancia que funcionaba en Guatemala donde se comenzaba a destapar el fraude de “La Línea”, un hecho de corrupción que generó protestas masivas en ese país y forzó la caída del presidente Otto Pérez Molina.
La segunda demanda se centró en exigir el castigo para los saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ihss. La presión social llevó a enumerar otras demandas, en medio del fervor que causaba la marcha de las antorchas, que fueron desde pedir la destitución del fiscal general y su adjunto, una elección transparente de la nueva Corte Suprema de Justicia en el 2016 hasta la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
A medida que crecía la protesta ciudadana, el gobierno intentó lanzar una propuesta anticorrupción, que denominó un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (Sihcic), en junio de 2015, como parte de un proceso de diálogo que buscaba impulsar para aplacar el movimiento de los indignados, como se llamó también a la marcha de las antorchas, sin éxito alguno.
La propuesta del gobierno de crear la Sihcic surge cuando un sector del movimiento de indignación decide irse a una huelga de hambre que incluyó a miembros de la comunidad indígena y de activistas de derechos humanos. Con su iniciativa, el gobierno de Hernández buscaba fortalecer la investigación y persecución penal, la impartición de justicia y la seguridad de los operadores de justicia; así como el establecimiento de un observatorio del sector justicia y un sistema de integridad para el sector privado.
El “diálogo nacional abierto y sin condiciones”, que convocó en ese entonces el gobierno, estuvo el respaldo de al menos 20 sectores sociales, entre ellos, colegios profesionales, centrales obreras, organizaciones campesinas, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (patronal), medios de comunicación, instituciones académicas y gobiernos locales. Fueron los llamados “sectores tradicionales” que por décadas han mantenido el status quo del país, pero del mismo se ignoró a importantes actores de sociedad civil y grupos de ciudadanos emergentes en el país.
El 25 de junio de 2015, el Gobierno envía comunicaciones a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitando su acompañamiento en el diálogo propuesto. Mientras que el 30 de junio, el canciller Arturo Corrales se reúne con el secretario general de la OEA, Luis Almagro y el secretario general adjunto para asuntos políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, para abordar los mecanismos que colaborarían con estos organismos.
Desde junio, tanto la OEA como la ONU deciden apoyar el diálogo convocado por el Gobierno de Honduras. Naciones Unidas envía del 6 al 10 de julio de 2015, una misión exploratoria, pero no se involucra de lleno en el proceso. El 28 de julio de 2015, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, designa al diplomático chileno John Biehl del Río como su representante especial para facilitar el proceso de diálogo nacional en Honduras. Éste comienza sus labores el 8 de agosto, con el objetivo de estructurar un plan contra la corrupción e impunidad, a partir de las opiniones de diversos sectores de la población hondureña, incluyendo el movimiento de jóvenes indignados.
El 11 de septiembre de 2015, el señor Biehl presenta su primer informe, donde confirma que la corrupción y la impunidad han sido los temas de mayor preocupación entre todos los sectores consultados. Señala también que la reconstrucción del sector justicia es una de las principales vías para atajar ambos problemas. Días después, el 14 de septiembre, el Gobierno envía una comunicación al secretario general de la OEA, expresando su aprobación al diagnóstico elaborado por el facilitador.
El 28 del mismo mes, Almagro responde proponiendo una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Las discusiones y negociaciones continúan hasta que el 19 de enero de 2016 se firma el Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la OEA para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Su principal objetivo era apoyar y fortalecer el sistema de justicia y los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad en este país.
El convenio constitutivo establecía en sus cláusulas 16.1 y 16.2 que tendría una vigencia de cuatro años a partir de su firma y que podría prorrogarse por canje de notas entre las partes, así también, contemplaba la posibilidad de modificaciones, realizadas de común acuerdo.
La Maccih se instaló en abril de 2016 e inicia sus funciones en medio de enormes expectativas, optimistas unas, de recelo, otras. La Misión empezó a identificar los primeros casos, al tiempo que gestionaba la creación de un modelo integral anticorrupción a nivel jurídico que iba acompañado de tribunales anticorrupción y una unidad fiscal especial en el Ministerio Público especializados en el combate a la corrupción y la impunidad.
Mientras ejecutaba en paralelo ambas acciones—el modelo jurídico anticorrupción y los casos identificados—la Maccih comenzó a develar cómo operaban las redes y subredes de corrupción en Honduras, siendo el caso “Red de Diputados” el que marcaría su historia y posterior defunción, pues no solo tocó redes ligadas al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, sino que a medida que escudriñaba en su trabajo se topó con elites políticas intocables y hasta una exprimera dama, última que fue condenada por corrupción y sentenciada a 58 años de prisión, pero tras diluirse la Misión, un tribunal de justicia ordenó repetir su juicio. La exprimera dama es Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
La Maccih presentó hasta mayo de 2019, al menos 12 casos ante los tribunales de justicia y eso fue suficiente para que todos los sectores que se sintieron afectados (políticos, funcionarios, congresistas, empresarios, organizaciones sindicales, personas naturales, personas jurídicas, Ong, entre otros), conformaran alianzas públicas, privadas o mixtas para evitar la continuidad del mandato, en una especie de conspiración generalizada para frenar en Honduras la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Algunas de las manifestaciones orientadas a frenar la labor de la Misión se vieron evidenciadas con leyes aprobadas en el Congreso Nacional orientadas a blindar a los corruptos y la corrupción, asimismo, en los tribunales en donde se evidenció dos formas de impartir justicia: la primera, las resoluciones de la Sala Constitucional y el procedimiento especial de enjuiciamiento para altos funcionarios que favorece un tratamiento diferenciado para ellos; y, la segunda, las sentencias de los tribunales anticorrupción, mismas que tras la partida de la Maccih, intentan ser anuladas mediante subterfugios legales sin mayores fundamentos.
Los casos develados por la Misión permitieron también identificar un hilo entre corrupción y crimen organizado, en especial narcotráfico, mediante el uso de dinero para el financiamiento de campañas políticas, así como la constitución de empresas fantasmas que habrían servido para el lavado de activos. Esa conexión perversa entre crimen y corrupción afloró en las investigaciones de la Maccih efectuadas junto a la Unidad Fiscal Especial para el combate de la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, la cual también se extinguió al desaparecer la Misión y ahora tiene otro nombre denominada Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (Uferco).
Ese hilo entre política, corrupción y narcotráfico que develó la Maccih, queda plasmado en los casos presentados ante los tribunales de justicia, entre ellos, el desfalco en el Seguro Social, la Red de Diputados, Pandora, Caja Chica de la Dama, caso Gualcarque, Corrupción sobre Ruedas, Narcopolítica, entre otros. La Misión desarrollaba un sistema anticorrupción, que, por ahora, queda inconcluso.
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