El 17 de enero de 2020, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado anunciando que, ante la falta de un acuerdo con el Gobierno de Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) no sería renovada y concluía sus funciones el 19 de enero de 2020.
“Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, por lo cual la Maccih finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020”, señaló el comunicado de la OEA, tras enfatizar que la finalización de tareas constituye “un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad” en este país centroamericano.
El convenio de creación de la Maccih fue suscrito en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años.
El comunicado de la OEA, fue posterior a uno enviado horas antes por el gobierno de Honduras dando fin a la relación y prometiendo que seguiría luchando contra la corrupción desde un sistema propio e integral contra ese flagelo. No obstante, en la misiva de la OEA se deja entrever que uno de los puntos en discordia para la no renovación fue el tema de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
La Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el fin de la Misión y entre las justificaciones del Estado para no firmar el convenio, están ‘las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión’ De acuerdo al gobierno, estos funcionarios ‘se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales, derivando en las denuncias de supuestos afectados, quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales, así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal.
Charles Call, profesor de la Universidad Americana que ha estudiado misiones anticorrupción en Centroamérica, dijo a Expediente Público a través de una llamada por Skype, que esas valoraciones no tienen fundamento. “Yo no entiendo cómo pueden decir que la Maccih sobrepasó sus funciones, no he escuchado ningún ejemplo de eso. Al contrario, en el caso de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), que la gente alega que esa entidad sí sobrepasó sus mandatos. Estaba realizando investigaciones a la par del Ministerio Público”.
Call comentó que la Misión jugó un papel importante y tuvo un líder bastante fuerte: Juan Jiménez Mayor. “Estaba en las cosas políticas y entendía de esas cuestiones y no tuvo pelos en la lengua, aunque eso resultó ser una debilidad porque molestó a muchos de las élites, por ejemplo, cuando anunció los nombres de la gente que estaban bajo investigación. Eso molestó bastante algunos empresarios y también al gobierno que hicieron todo para diluirla”. Añade que los recelos personales con Luis Almagro, secretario general de la OEA, llevó a Jiménez a su renuncia en menos de dos años. Eso fue una cosa desastrosa que no experimento la Cicig en Guatemala durante esos 12 años”.
FALTA DE COMPROMISO
Sobre ese tema, Expediente Público dialogó en Costa Rica con la abogada Claudia Paz, exfiscal de Guatemala (2010-2014) y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). En la entrevista expresó que esa entidad en todo momento actuó en el marco de la legalidad.
De acuerdo con la exfiscal, lo que queda ahora es acompañar los casos que ya se han iniciado en el sistema jurídico penal hondureño para que se alcance justicia.
“Yo creo que la misión tuvo el respaldo de la OEA y tiene que ser una fuerza internacional añade Paz y Paz independiente la que empuje estos procesos a nivel nacional, porque es difícil pensar que se van a investigar a sí mismos; ellos que se están beneficiando de la corrupción”.
“Aunque la Cicig y Maccih tenían metodología de trabajo y competencias distintas pero un propósito común: la lucha contra la corrupción y creo que es muy importante en nuestros países la lucha contra la impunidad y la corrupción. Tanto Honduras como Guatemala, son países muy pobres y es tremendo que muchos de los contratos públicos se den a través de prebendas que se originan en el financiamiento ilícito; creo que es un fenómeno que ocurre en ambos países, que se dan pagos de financiamientos electorales no declarados que luego se compensan con contratos de obras públicas”, expresó Paz y Paz.
“Creo que es sumamente grave, sobre todo en estos países pobres, que ese dinero que desvían, podría estar invertido en salud, educación y seguridad. Claramente la no renovación del mandato de la Cicig en Guatemala, y la Maccih en Honduras solo demuestran la falta de voluntad y de las más altas autoridades en este caso los presidentes de Guatemala y de Honduras contra la lucha de la corrupción y contra la impunidad”.
“Para nosotros era muy importante su renovación, nosotros acompañamos el trabajo que ha hecho la Misión y lamentamos profundamente que esta renovación no haya existido”, explicó la representante de Cejil.
La exfiscal concluyó la entrevista analizando que en Honduras tiene un rol crucial el periodismo independiente que pueda acompañar estos casos y sobre todo la ciudadanía que tiene un legítimo reclamo que estos hechos no sigan ocurriendo en el país.
Fátima Mena, exdiputada del Partido Anticorrupción (PAC), es enfática al señalar al presidente de la República por la no renovación de la Misión, ya que era “la persona que tenía la autoridad” para hacerlo. En declaraciones a Expediente Público, señala que “el convenio era bastante sencillo. En la sección 16.2, hablaba del mecanismo de la no renovación del convenio, un simple canje de notas.
En cualquier momento él pudo haber redactado la nota y haberla enviado ya que eso era una demanda ciudadana y tenía la autoridad para hacerlo y, sin embargo, vemos que no sucedió. Al final, era responsabilidad exclusivamente del presidente, pero también vimos que contribuyeron otros actores como los diputados del Congreso Nacional y el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva Herrera, quien fue uno de los principales opositores de la Maccih”, argumentó Mena.
En el caso del presidente del congreso, Mauricio Oliva, la exdiputada Mena reveló que cuando ella estaba en el parlamento, desde el inicio presenció cómo le hicieron cambios ilegales a la Ley de Política Limpia (que busca poner un techo al financiamiento de las campañas políticas a fin de impedir el uso de dinero sucio e ilícito en las mismas) y al llamado Pacto de Impunidad en función del caso de “Red de diputados” donde hubo cambios ilegales a las leyes de forma sistemática, acotó.
Esas y otras acciones hicieron de Oliva un funcionario hostil a la Misión, pero él ya era “un enemigo permanente de la lucha anticorrupción en general, no solamente de la Maccih, que representaba un nombre para la lucha y un mandato popular”, afirma Mena, tras recalcar que el presidente del parlamento fue uno de los actores protagónicos que frenó la posibilidad de seguir investigando casos relacionados con la impunidad.
INVESTIGACIONES INÉDITAS
La Maccih logró por primera vez en la historia alcanzar a una élite política-económica corrupta “que ha estado acostumbrada a que la justicia no le alcance, reveló la forma de operar de la corrupción en este país y el crimen organizado y como el financiamiento, tanto de sobrevaloración de contrato, como de acuerdos entre personas vinculadas con el narcotráfico y la institucionalidad hondureña, hacían sus acuerdos para poder lavar dinero, unos, y otros, para saquear”.
Las acciones de la Misión, según Mena, provocaron pánico en las elites políticas y otros sectores, que buscaron blindarse con leyes y reformas, siendo el actor principal en este proceso: el Poder Legislativo. “Ellos están generando herramientas de blindaje y el principal adversario en este momento de la lucha anticorrupción es el Congreso Nacional”.
Fátima Mena, durante su gestión como diputada, impulsó el llamado Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih —que ahora tomará otro nombre—, para ella, la partida de la Misión es un duro golpe al país, deja un sabor de frustración y preocupación por lo escabroso que se vuelve la lucha contra la corrupción en Honduras.
Puso como ejemplo algunos casos judicializados por la Maccih y que el sistema de justicia penal intenta revertir, como el caso “Caja chica de la Dama”, donde por primera vez en la historia del país una exprimera dama fue condenada por corrupción, aunque en marzo de 2020, contra todos los pronósticos, una corte de apelaciones anuló el juicio por “quebrantamiento de forma” y ordenó repetir el proceso, en lo que muchos estiman, un claro ejemplo de involución de la justicia. Otros hechos mencionados fueron “reformas” a la ley de privación de dominio, para devolver los bienes a los imputados en hechos de corrupción, además de la puesta en vigencia, en mayo próximo, del nuevo código penal que contempla reducción de penas en materia de delitos de corrupción, entre otras acciones que favorecen la impunidad.
Menciona el papel de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), al indicar que no ha empezado su batalla cuando los mensajes que está recibiendo son claros: “No ha pasado ni siquiera un mes, y vemos que hay un desmantelamiento de la estructura anticorrupción”. Los fiscales de Uferco, asegura, se les han violentado derechos laborales; ellos fueron contratados por el Ministerio Público (MP) y no pueden ser vistos como una Fiscalía más, necesitan protocolos de seguridad por los casos que llevan y las acciones que hasta ahora han ejecutado desde lo que fuera la extinta Ufecic.
HÉROES
Mena dijo tener conocimiento que los fiscales de la Uferco las han reducido su salario e intentan desmotivarlos para que no investiguen, sin ofrecer más detalles al respecto, tras destacar que, pese a ello, los fiscales siguen desarrollando con estoicismo su trabajo y son a su juicio, una especie de “héroes” anticorrupción.
La Uferco se podría convertir en una fachada si no sigue operando como venía haciéndolo la Ufecic, advierte, al cuestionar ese mecanismo integral anticorrupción que pregona el gobierno tras la finalización de la Maccih, y bajo el cual quieren darle a la Uferco un traje que no está completo, una fiscalía sin mucho diente.
El Poder Ejecutivo, al anunciar su propuesta de un plan integral anticorrupción, dijo que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ampliación presupuestaria para fortalecer el Ministerio Público, la cual fue aprobada por los diputados el 14 de febrero de 2020. La ampliación fue por más de 138 millones de lempiras, unos 5.5 millones de dólares, que se suman al actual presupuesto de un poco más de 2,105 millones de lempiras.
Por otra parte, los congresistas para favorecer al Poder Judicial, le aprobaron una ampliación presupuestaria de 250 millones de lempiras, unos 10 millones de dólares, que se suman a su presupuesto inicial de 2,630 millones de lempiras (105.6 millones de dólares). Esta ampliación presupuestaria se produjo el 27 de febrero de 2020. Tanto los legisladores como el poder ejecutivo calificaron las ampliaciones como un “paso firme” en materia anticorrupción al fortalecer la institucionalidad.
Mena cree que todo esto es una especie de “fachada”, porque pudo aprobarse cuando se discutió el Presupuesto General de la República, pero intentan, en la coyuntura de la salida de la Misión, colocar el discurso anticorrupción para hacer creer en la ciudadanía que hay voluntad de combatir el flagelo.
Por ejemplo, cuestionó el nombramiento del nuevo subdirector de la Uferco. Juan Carlos Elvir de Synegub, pues a diferencia del resto del equipo, ya no fue seleccionado bajo los parámetros con los que se escogió a los miembros de la desaparecida Ufecic. Esos protocolos de selección dejados por la Maccih, ya no se dieron en este nombramiento. “Ya no existe ese colador”, dijo Mena.
CÓDIGO PENAL DE LA IMPUNIDAD
La lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras no solo se verá afectada por la salida de la Maccih, también por la entrada en vigencia, en mayo próximo, del nuevo código penal, denominado por diversos sectores, como “código de la impunidad” por contener una serie de medidas lesivas para la lucha contra la corrupción. Es un código, según la excongresista Mena, que favorece incluso acciones de crimen organizado.
Esa herramienta, junto a las otras relacionadas con las reformas al Tribunal Superior de Cuentas para traspasarle a este ente parte de la investigación del Ministerio Público y la Ley de Inmunidad Parlamentaria, son acciones legales que enfrentarán los fiscales de la Uferco y las organizaciones de sociedad civil que luchan contra la corrupción como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), además, pondrán a prueba al sistema de justicia, entre ellas, al llamado circuito anticorrupción que encabezan los tribunales anticorrupción. Así lo han advertido juristas, analistas y expertos internacionales.
En el caso de la Uferco, uno de los investigadores internacionales de la Maccih que trabajó en ocho de las doce líneas de la Misión, dijo que existe una especie de “estrategia de desmoralización” hacia los integrantes de la Ufecic que van desde recorte salarial y mofa porque les “han bajado” el rango. Es una estrategia psicológica que “golpea” porque muchos habían adquirido compromisos financieros, otros estaban por adquirir sus casas o remodelarlas y de pronto, se ven frenados en este aspecto.
“Los han golpeado mucho porque los han bajado de categoría. Se nota una persecución hacia los activos o los funcionarios de la Ufecic, es como decir que eso (averiguaciones de casos) hubiera sido algo criminal” y ahora están pagando caro por su osadía, tras indicar que en los salarios de enero y febrero de 2020 se vio reflejado el impacto, pues algunos beneficios que tenían ya no están.
El panorama así no es fácil, pues se vive una especie de desmoralización interna, y de otro, se debe enfrentar a los enemigos externos que frenan cualquier lucha anticorrupción.
Aunque en el Congreso Nacional, dijo este investigador, no todos sus miembros son opacos y “tenemos personajes nefastos, así como personas que quieren hacer las cosas bien. Hay unos que están saqueando al país y están incrustados allí y protegidos, se protegen los unos a los otros”.
La persecución es tan severa, que el investigador afirma que sus teléfonos “están intervenidos. Siempre se habló que deberíamos tener mucho cuidado, de hecho, se escuchaban normalmente que el teléfono tardaba en enganchar, y siempre que enganchaba hacía un ruidito como un clic, entonces, fuimos muy cuidadosos de no usar nuestros teléfonos oficiales para este tipo de comunicaciones delicadas. Lo hacíamos personalmente”.
DE LA MANO CON EL CNA
Sobre el trabajo de la Misión, dijo que algunas líneas de investigación ya habían sido trabajadas por otras instancias como el CNA y “lo que hicimos fue verificar la información que nos pasaron. Además, solicitamos y profundizamos más en la investigación de ciertos personajes para poderlos llevar a un nivel que fuera presentable, como el requerimiento fiscal, porque el Consejo Nacional Anticorrupción prácticamente trabaja con las uñas y tiene un alcance limitado”.
“Nosotros lo que hicimos fue tomar hasta donde ellos dejaron. En el caso de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, a quien le han anulado el juicio después de ser condenada el año pasado, eso fue algo que iniciaron los del Consejo Nacional Anticorrupción, nos pasaron los datos y nosotros profundizamos. Es un caso que terminó con una sentencia condenatoria”, y les tomo de tres a cuatro meses hacer las averiguaciones y presentar un requerimiento fiscal.
Si se ve por otro lado, “hay otros casos que quedaron en diferentes etapas judiciales, pero también venían del Consejo Nacional Anticorrupción, otros que nos comentaron que estaban en estado de hibernación de la Fetccop (Fiscalía Especializada para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública)”. Muchos de estas acciones del CNA no se les daba la diligencia debida, entonces nosotros, retomamos esas líneas de investigación”, relató el investigador que trabajó en la Maccih.
Al abordar el caso Pandora, que golpeó fuertemente a la elite política, por el desvío de 12 millones de dólares de fondos públicos a cuentas particulares, partidos políticos y financiamiento de campañas políticas, entre ellas la del Partido Nacional, actualmente en el poder, entre otros, dijo que éste “requirió un poco más de trabajo, unos ocho a diez meses. Se armaban grupos de un fiscal nacional, uno o dos investigadores de la Ufecic y un financiero, nosotros acá, un fiscal internacional, un analista criminal, un informático forense y un investigador financiero, eran grupos relativamente pequeños”.
A la Uferco “no le veo futuro, el personal está totalmente desmotivado, quieren volver a sus unidades en las que estaban antes de trabajar en la Ufecic, ahora quieren regresar, quieren retomar antiguos puestos de trabajos, están poniendo trabas, no les están dando la opción de solicitar traslado, entonces están allí, los han cargado con más trabajo y menos personal, nosotros pues trabajábamos hombro a hombro con ellos entonces los resultados que pueden producir son bastantes limitados”, auguró la fuente anónima.
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